El presidente de México Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional. JOSÉ MÉNDEZ (EFE)

Desde el comienzo de la polémica a finales del año pasado, Andrés Manuel López Obrador ha procurado ponerse de perfil. El exconsejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer, y el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, mantienen una guerra abierta que sigue cimbrando las altas esferas del poder mexicano a base de denuncias cruzadas de tráfico de influencias, extorsión y venganzas personales. El último capítulo se vivió la semana pasada con el fallo judicial que tumbaba el caso contra un grupo de abogados cercanos a Scherer al que la fiscalía respondió acusando al juez de turno de tendencioso y abriéndole una investigación. El presidente del gobierno ha salido al paso de la nueva polémica este lunes durante su rueda de prensa matutina diaria. Preguntado sobre si la batalla abierta está desgastando a la Fiscalía respondió cerrando filas con la actuación de Gertz: “No, para nada. Hay desgaste cuando no se actúa bien”.

Tras numerosos retrasos y después de una vista de casi 24 horas, el juez federal Felipe de Jesús Delgadillo Padierna desechó todas las causas contra tres abogados y un asesor financiero del entorno de Scherer acusados de extorsionar a Juan Collado, el poderoso abogado en prisión desde hace tres años, en nombre del exconsejero jurídico de la presidencia. El magistrado trufó sus intervenciones con citas rotundas como “la Fiscalía se ha conducido con mala fe y mala intención, si en su actuar existe perversidad, se necesita a Dios como abogado”. Ese ha sido el argumento de la Fiscalía para abrir una investigación contra Delgadillo, y lo ha acusado de “una “parcialidad insostenible” y de dedicarse “prioritariamente a realizar la defensa del señor Julio Scherer”.

Esta última polémica prolonga el cruce de acusaciones entre el fiscal y el exconsejero de la presidencia. Tras los primeros encontronazos a través de declaraciones en los medios, Scherer ha llegado incluso a presentar una demanda contra Gertz por tráfico de influencias, coalición de servidores públicos y asociación delictuosa. El exconsejero de la presidencia y brazo derecho de López Obrador hasta su salida del Gabinete el año pasado, señala al fiscal de armar una “trama perversa” en su contra motivada por venganzas personales. Tras años de buena relación, la ruptura se produce en el marco del pleito contra la familia política del fiscal, una de las múltiples disputas abiertas por Gertz y que recientemente se saldó con otro revés para la Fiscalía, al ver como el caso también era finalmente desechado la Suprema Corte de Justicia.

Envuelto en numerosas polémicas bajo la sospecha del uso personal del ministerio público, Gertz ha contado hasta ahora con el apoyo del presidente. Este lunes volvió a rebajar la tensión achacando la batalla a “una querella propia de ministerios públicos”. Y repitió también su pretendida imparcialidad: “Solo cuando se trata de un asunto muy grave, entonces sí participamos. No quiere decir que no importe. Sí importa, pero primero lo primero”, apuntó, para centrarse a continuación en cuestiones relacionadas con la corrupción y la impunidad.

La denuncia descartada la semana pasada por el juez era otro ejemplo de los enredos en las altas esferas del poder mexicano. Había sido impulsada por el propio Collado, el abogado de políticos como el expresidente Enrique Peña Nieto, encarcelado hace más de dos años por lavado de dinero y delincuencia organizada. En busca del salvavidas del testigo colaborador, Collado señaló que los abogados denunciados le habían pedido casi 100 millones de dólares para tramitar su salida de prisión, esgrimiendo su cercanía con Scherer, entonces todavía consejero jurídico de la presidencia.

La respuesta de Scherer, a través también de otro denuncia contra Gretz, repasa las numerosas polémicas que envuelven al fiscal. Los pleitos de Gertz con la Universidad de las Américas de Puebla por los derechos de propiedad intelectual o el conflicto permanente con Santiago Nieto, exdirector de la Unidad de Inteligencia Financiera. Scherer incluye también la actuación del fiscal en el caso Odebrecht. La denuncia afirma que Emilio Lozoya, encarcelado preventivamente desde noviembre, vivió hasta entonces un encierro privilegiado y un trato de favor por parte del fiscal general de la República.

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