El embajador de España en Moscú, Marcos Gómez Martínez, recibió este mediodía del Ministerio de Exteriores ruso la lista con 27 miembros de la misión diplomática española que deberán abandonar el país eslavo en un plazo de siete días y no podrán regresar en años por ser declarados personas no gratas. El Gobierno “estaba esperando esta medida”, según ha señalado el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, a la prensa en los pasillos del Congreso. Mes y medio antes, el Gobierno había expulsado a los miembros de la misión diplomática rusa en España en respuesta a la ofensiva del Kremlin en Ucrania. El ministro afirmó asimismo confiar que las autoridades rusas actuasen con “reciprocidad simétrica” y, por lo tanto, no expulsasen al embajador, dado que España tampoco obligó al número uno de la legación rusa a abandonar el país. Los nombres y cargos que figuran en la lista de expulsados aún no se han hecho públicos.
Pese a que el Kremlin había ido notificando las expulsiones de otros países a razón de uno cada día, esta jornada ha sido intensa en los pasillos del Ministerio de Exteriores ruso. Allí también se ha notificado a los embajadores de otros dos países europeos, Francia e Italia, la expulsión de 34 y 24 de sus diplomáticos, respectivamente. Los representantes de ambos Estados estaban convocados este miércoles a la misma hora que los españoles, a las 12 del mediodía (hora peninsular española).
En abril, Alemania y Francia instaron a abandonar su territorio a 40 y 35 diplomáticos rusos, respectivamente. Roma también expulsó a 30 representantes rusos tras la masacre de Bucha. En el caso de Berlín, la cifra de personal expulsado por parte de Rusia ha sido idéntica. El martes fue el turno de Finlandia, con dos afectados. Semanas antes, Bélgica y Países Bajos perdieron 12 y 15 miembros de sus misiones diplomáticas en Rusia, respectivamente.
Con las maletas preparadas
Desde que el pasado 5 de abril el ministro Albares anunciara la expulsión de los diplomáticos rusos, la espera de esta represalia se ha hecho eterna para los representantes españoles en Moscú, especialmente para algunos que llevan muchos años en el país e incluso habían formado una familia en Rusia. “Tengo preparadas las maletas desde el primer día”, contaban a este periódico varias fuentes de la delegación española en Rusia. Este miércoles, mientras el embajador se reunía con las autoridades rusas, los miembros de la delegación española hacían piña en sus distintas sedes organizando tentempies. “Es una situación muy extraña”, recalcaban en una de las oficinas.
Antes de decretar la expulsión de diplomáticos rusos, España y el resto de países de la Unión Europea habían cribado las misiones rusas siguiendo dos criterios: el supuesto espionaje de parte de su personal y el propósito de responder a la matanza cometida días antes en la ciudad ucrania de Bucha. Moscú se ha tomado su tiempo para responder y ha anunciado la lista negra de cada “nación hostil”, como las ha declarado oficialmente el Kremlin, una por una.
La selección del personal extranjero que deberá abandonar Rusia depende del ministerio de Exteriores, que dirige Serguéi Lavrov. El problema que se plantea ahora para España es que, debido al reparto de puestos de la legación española entre personal con pasaporte diplomático y personal no diplomático —se le llama “técnico” y de “servicio”—, una respuesta simétrica del país eslavo previsiblemente tendrá un impacto mayor en los altos cargos españoles en Moscú del que tuvieron las expulsiones decretadas por el Gobierno español en la embajada rusa en Madrid.
El riesgo de las expulsiones
La embajada española en Moscú es grande, pero tiene, si se la compara con las misiones de otros países, pocos diplomáticos y un número elevado de personal técnico. La expulsión decretada por el Gobierno español afectó a 27 miembros de la legación rusa. De ellos, veinte empleados eran diplomáticos de carrera —el 50 % del personal con esa condición en la embajada rusa en Madrid— y siete, personal de servicio o técnico. No estaban incluidos en la lista negra ni el embajador, Yuri Korchagin, ni su número dos, el ministro consejero, Dmitry Sokolov.
El problema es que al tener la legación española un número reducido de personal diplomático, si Moscú expulsa a veinte integrantes de ese cuerpo del Estado y siete miembros del personal de servicio, al igual que hizo España, esto supondrá que el 80% de los diplomáticos españoles en Moscú, cuatro de cada cinco, tendrá que abandonar Rusia.
Dado que las jefaturas de las diferentes secciones de la misión española en Rusia suelen recaer en diplomáticos, la expulsión decretada por el Gobierno ruso podría descabezar temporalmente diversos departamentos, tanto de la embajada española, en la calle Bolshaya Nikítskaya, como del consulado de la avenida Stremyanni, así como de otros organismos, desde el Instituto de Comercio Exterior (ICEX) al Instituto Cervantes, uno de los mayores del mundo.
Por su parte, el personal técnico y de servicio ocupa diversos puestos en las embajadas españolas, que van desde cargos de responsabilidad, como el de canciller, al de becario. A estos trabajadores, en vez de considerarlos personas no gratas, Moscú los ha declarado nepriyemlemi, persona inaceptable, en ruso.
Otra cuestión que planea sobre la mesa es cómo se organizará la retirada del personal español expulsado, medida que todavía no ha sido decidida. Países como Bélgica y Alemania fletaron sus propios aviones y llegaron a ofrecer sus asientos vacíos a otras embajadas, mientras que Rusia recogió a sus diplomáticos en un aparato enviado ex profeso a ello. Para llegar al aeropuerto de Barajas y no cruzar el espacio aéreo de la Unión Europea, cerrado a los aviones rusos, tuvo que rodear Finlandia por el norte y sobrevolar el Atlántico en un vuelo de 7.000 kilómetros, el doble que la ruta normal. Además, fue escoltado por cazas.
