El Palacio de Westminster, el edificio que alberga las dos Cámaras del Parlamento del Reino Unido, empieza a hacer examen de conciencia. Los casos de abusos sexuales, pero también de falta de decoro, protagonizados por algunos diputados han desvelado actitudes y prácticas muy alejadas de la ejemplaridad. La dirección del grupo parlamentario del Partido Conservador ha ordenado la suspensión tajante de funciones de uno de sus parlamentarios, al que la Policía Metropolitana de Londres investiga por presunta violación y acoso sexual. El caso fue adelantado por el tabloide The Sun.
El machismo de un diputado y el porno en el móvil de otro indignan al Parlamento británico
La identidad del investigado, que tiene en torno a 50 años, no ha sido revelada ni por las fuerzas del orden ni por las autoridades parlamentarias. El propósito de ese anonimato es proteger la identidad de las víctimas mientras transcurre la investigación. Antes de 2016, era norma común que el Parlamento identificara públicamente a cualquier diputado investigado por delitos tan graves. Desde entonces, la regla establece que la identidad solo será desvelada si la infracción penal entra en conflicto con las reglas de inmunidad parlamentaria o afecta a materia constitucional.
“El jefe del grupo parlamentario ha pedido al diputado en cuestión que no acceda al edificio de Westminster mientras se desarrolla la investigación. No haremos más comentarios hasta que concluyan las pesquisas”, ha dicho un portavoz de los conservadores.
La acusación se centra en hechos ocurridos entre 2002 y 2009. El parlamentario fue detenido este martes, y ha sido puesto en libertad después del pago de una fianza. “Fue detenido bajo la sospecha de presunto acoso indecente, acoso sexual, violación, abuso de poder y de confianza y malas prácticas en un cargo público”, explicaba en un comunicado la Policía Metropolitana de Londres. La denuncia se interpuso en enero de 2020.
“Creo que la cultura interna de la Cámara de los Comunes ha cambiado, y aún necesita cambiar más”, ha dicho la ministra británica de Exteriores, Liz Truss, al ser preguntada por el caso en la emisora LBC. “Necesitamos mayores dosis de profesionalidad, pero eso no puede ser una excusa para tolerar delitos tan escandalosos”, ha apuntado Truss. La autonomía de la que goza cada diputado para contratar a sus ayudantes y asesores, y ser a la vez juez y parte ante sus posibles quejas laborales, ha llevado a muchos representantes parlamentarios —especialmente mujeres— a reclamar un mayor control de este personal por parte de la dirección del Parlamento.
En 2018, al calor del movimiento #MeToo, se estableció la Comisión Independiente de Quejas y Agravios. Desde entonces, 56 diputados han sido acusados e investigados por algún tipo de comportamiento sexual inapropiado, incluidos entre ellos tres secretarios de Estado.
El pasado abril, el diputado conservador Imran Ahmad Khan fue condenado por abusos sexuales contra un menor, de 15 años, en 2008. El parlamentario David Warburton, también conservador, fue expulsado de su grupo parlamentario por presunto acoso sexual y consumo de drogas, después de que lo revelara el Sunday Times.
Neil Parish, también diputado tory, dimitió el mes pasado después de que dos de sus compañeras de bancada denunciaran cómo le habían visto disfrutar de una página porno en su teléfono móvil durante las sesiones parlamentarias.
“¿Cuánto más va a hacer falta para que el Parlamento asuma su responsabilidad con el personal laboral y los visitantes, e impida el acceso a todos los diputados investigador por delitos contra la libertad sexual?”, se ha preguntado en un comunicado Garry Graham, vicesecretario general del sindicato Prospect, una de las organizaciones que representa a un mayor número de funcionarios y servidores públicos.
