A casi un mes de un operativo del Ejército en la vereda Alto Remanso, Putumayo, que dejó once muertos, incluidos cuatro civiles, las dudas siguen sobrevolando la incursión militar. Y este martes el ministro de Defensa, Diego Molano deberá presentarse ante el Congreso para aclararlas. El Senado lo ha citado a debate de control político y la Cámara de Representantes, a moción de censura.
Molano será indagado sobre por qué el operativo se desarrolló, como ha dicho Naciones Unidas, en medio de una fiesta popular con presencia de niños y mujeres; qué pruebas tiene para demostrar que algunos de los muertos no eran civiles como insiste la comunidad en reiterados testimonios; por qué presentó cuatro personas como capturadas aunque la Fiscalía aseguró que no recibió a ninguno; y por qué hubo manipulación y movimiento de algunos cadáveres, como evidenció EL PAÍS, entre otros cuestionamientos.
Un día antes de la cita, Molano estuvo en Putumayo, la región donde ocurrió la incursión militar y allí se mantuvo en que todos los muertos eran parte de las disidencias de la guerrilla de las Farc, aunque los pobladores y organizaciones de derechos humanos identifican a algunos de los muertos como civiles reconocidos en la comunidad. Entre los fallecidos hay una mujer embarazada y un menor de 16 años.
“Tenemos información de inteligencia de que esos 11 muertos o tenían relación con la estructura o participaron de la estructura o participaron de las hostilidades. Por eso, si hay alguna duda frente a eso ha sido disposición del presidente Iván Duque que se desarrollen con la mayor celeridad las investigaciones. Será la Fiscalía la que determine esa relación si existe o no”, dijo el ministro desde Puerto Leguízamo, en frontera con Ecuador.
Desde que ocurrió el operativo que pretendía capturar a alias Bruno, un integrante de los Comandos de la Frontera, el gobierno Duque ha cerrado filas entorno a la versión de los militares. Esta, sin embargo, ha tenido variaciones. Una fuente conocedora del caso explicó que el Ejército argumentaría que si es que hubo civiles estos fueron asesinados por balas del grupo armado.
Este martes, congresistas de la oposición, buscarán demostrar esas contradicciones. “Vamos a demostrar las 10 mentiras del ministro Molano y el Ejército”, dijo a este diario el senador del Partido Alianza Verde, Antonio Sanguino. El congresista planteará que hay inconsistencias en la información de inteligencia del gobierno para hacer el operativo, en la información que han entregado sobre el despliegue militar. “Vamos a conminar a Molano a que nos dé explicaciones. Si no lo hace el debate debe concluir en que un ministro que miente no debe ser ministro y la cúpula militar debe ser llamada a calificar servicios”, agregó.
En ese mismo espacio el senador del partido de izquierda, Polo Democrático, Iván Cepeda presentará otros casos similares al de Putumayo. “En mi caso adjuntaré nuevos hechos que demuestran que han regresado los falsos positivos (ejecuciones extrajudiciales a manos de soldados), que se trata de una política de gobierno”, explicó por teléfono.
En la Cámara de Representantes, donde también se enfrenta a una moción de censura, la representante Katherin Miranda, dice que se podrá escuchar a las víctimas de Putumayo y que demostrarán “que esta operación violó todos los protocolos de derechos humanos”.
No es la primera vez que el ministro Molano está en medio de un escándalo por la legitimidad de un operativo. En marzo de 2021, la denuncia de que el Ejército había bombardeado en Guaviare un campamento de las disidencias guerrilleras con menores edad lo obligó a responder ante el Congreso. Él, que antes había sido director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la institución que protege a los menores de edad, justificó la operación. “La discusión aquí no es la legitimidad de nuestra fuerza pública para desarrollar estas operaciones, sino cómo las disidencias de las FARC siguen reclutando a estos jóvenes y los convierten en máquinas de guerra”, dijo esa vez.
El nuevo intento de moción de censura se da en un ambiente caldeado y en medio de las elecciones presidenciales. El viernes pasado, el jefe del Ejército, general Eduardo Zapateiro, irrumpió en la campaña política con una serie de mensajes de Twitter contra el candidato de izquierda Gustavo Petro. Violó así un artículo de la Constitución Política que indica que los militares no son deliberantes. Ahora será investigado por la Procuraduría para establecer si se trata de participación en política. Zapateiro también justificó recientemente la muerte de una mujer y un menor en el caso de Putumayo. “No será la primera vez que muere una mujer y un menor combatientes”, dijo.
