Las empresas respiran aliviadas tras el rechazo de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. El cambio de reglas en el sector amenazaba con sacar de funcionamiento algunas de sus plantas. Es una buena noticia, dicen. Sin embargo, la incertidumbre se mantiene por la aplicación de la ley eléctrica, avalada por la Suprema Corte hace dos semanas, y la intención del Gobierno de revisar contratos que considera ilegales. Las empresas temen más obstáculos a la operación de sus plantas y se aferran a los juicios de amparo en curso para evitar la aplicación de la norma. Hay litigios para rato.
Ha sido medio año de retorcerse las manos. La reforma constitucional en materia eléctrica, presentada a finales de septiembre pasado, era vista con pavor por el sector privado, que avivó el fantasma del pago de indemnizaciones por encima de los 60.000 millones de dólares si se cancelaban sus contratos o se impedía la operación de sus plantas. Durante todo este periodo, las empresas han sido objeto de ataques continuos por parte de López Obrador y Morena, su partido. “Sus jefes son Enel, Iberdrola…”, le espetó a la oposición un líder morenista, durante la discusión de la iniciativa el domingo.
No sorprende que el rechazo de la reforma haya sido celebrado abiertamente. “Es una buena señal”, afirma José Medina Mora, presidente de Coparmex, una asociación empresarial. “Que se pensara en cancelar contratos legales sin indemnizar enviaba un mensaje de que no se respetaba el Estado de derecho, de que no había certeza jurídica”. En la misma línea, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la mayor patronal del país, saludó en un comunicado la “responsabilidad” de los legisladores y señaló que se necesita “un marco legal claro, transparente y confiable”. “Al día de hoy no están cancelados los permisos de generación y podemos seguir comercializando”, señala a este periódico la directiva de una eléctrica.
A pesar de las celebraciones, el sector privado prevé meses difíciles por delante. La Suprema Corte de Justicia rechazó la acción de inconstitucionalidad presentada contra los cambios a la ley eléctrica. Al igual que la reforma constitucional, estas modificaciones legales buscan privilegiar las centrales de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las particulares, generalmente menos contaminantes y más baratas. Una mayoría de ministros se pronunció por la insconstitucionalidad del cambio en el orden de despacho, pero no se alcanzó la mayoría calificada para eliminar los artículos.
Aunque López Obrador ha dicho que la ley ya se puede aplicar, esto no es así. Las empresas confían en que los jueces y magistrados de primera y segunda instancia tomen en cuenta el criterio de la mayoría de los ministros y mantengan las decenas de suspensiones que ordenaron para impedir la aplicación de la ley en lo que se resolvían los juicios de amparo. Además, esperan que los juicios lleguen a la Suprema Corte, donde una mayoría simple de ministros puede fallar a favor de las empresas y establecer un precedente. Eso evitaría la aplicación de los artículos más polémicos de la ley.
El despacho Hogan Lovells, uno de los más activos en esta materia, tiene vigentes 10 suspensiones para unas 25 centrales eléctricas. Según el abogado Miguel Ángel Mateo, los inversionistas extranjeros tienen dos opciones: dejar que los amparos lleguen a la Suprema Corte o, en caso de que los tribunales colegiados resuelvan en contra de las empresas, ir a arbitraje. “Lo más lógico es que los colegiados utilicen el criterio mayoritario de la Suprema Corte y que mantengan las suspensiones”, dice. “Existen muchos amparos, muchas suspensiones. Falta todavía un buen tramo para saber exactamente qué va a suceder”, dice, por su parte, la directiva de una eléctrica, con varios juicios de amparo en curso.
La probabilidad de que el máximo tribunal acabe por tumbar el nuevo orden de despacho es alta. Sin embargo, las empresas sí van a tener que enfrentarse tarde o temprano a los nuevos artículos sobre la revocación de permisos vigentes, uno de los temas que más les preocupan. Dos de las modificaciones a la ley eléctrica abren las puertas a la cancelación de contratos de autoabasto -entre centrales privadas y empresas- en caso de “fraude a la ley”, y de los Productores Independientes de Energía -que suministran a la CFE- si no cumplen con el requisito de “rentabilidad” para el Gobierno.
Una mayoría de ministros se pronunció por la constitucionalidad de estas cláusulas, que pueden facilitar la cancelación de permisos a cientos de centrales privadas que abastecen a unos 77.000 clientes. López Obrador declaró esta semana que buscará el “diálogo” con ellas. Miguel Ángel Mateo, del despacho Hogan Lovells, cree que si se materializan los intentos por cancelar permisos habrá más amparos. “Da algo de incertidumbre, nerviosismo en el sector pero eso no quita que en el momento en que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) inicie un procedimiento para revocar un permiso, las empresas se puedan amparar”, afirma Mateo.
Se apliquen o no los artículos de la ley eléctrica, el sector prevé más obstáculos a la operación de plantas privadas. A finales de enero, una central de ciclo combinado de Iberdrola en Monterrey fue desconectada de la red porque la CRE le negó previamente la modificación de un permiso que estaba a punto de caducar. Aunque la multinacional presentó un amparo y un juez le concedió una suspensión, la planta, en la que se invirtieron unos 500 millones de dólares, todavía no ha sido reconectada a la red, según fuentes conocedoras del asunto.
Las empresas temen que se repitan casos como el de la planta de Monterrey. “Vamos a seguir sufriendo una parálisis regulatoria. El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) sigue con los plazos suspendidos por la covid-19″, dice una directiva de una empresa, que tiene varios trámites pendientes de resolver. “Al final da igual que aprueben una cosa u otra, si de todos modos están pasando por encima de la ley”, señala otra fuente del sector.
La inversión privada en proyectos energéticos está prácticamente detenida. Que se vuelva a los niveles previos a esta Administración dependerá de que se aclare el marco legal, según José Medina Mora, de la Coparmex. “Hay una incertidumbre importante. El rechazo de la reforma es un buen paso, pero no es el único. Todavía se tienen que resolver los amparos contra la ley para saber cómo se va a aplicar”, dice. Las asociaciones renovables estiman que los retrasos regulatorios y el rechazo de permisos afectan a proyectos eólicos y solares por valor de 4.200 millones de dólares.
