Emilio Lozoya, durante un acto como director de Pemex en 2015. SUSANA GONZALEZ (BLOOMBERG)

En las últimas semanas, mientras los abogados de Emilio Lozoya redoblaban esfuerzos en busca de un acuerdo de última hora que lo saque de la cárcel, la Fiscalía subía también la apuesta para cerrar cualquier puerta. El exdirector de Pemex, encerrado de manera preventiva por los sobornos millonarios de la constructora brasileña Odebrecht, puso el martes pasado encima de la mesa 20 millones de dólares en concepto de indemnización para las dos causas que tiene abiertas. La petrolera estatal pidió más tiempo para evaluar una oferta que, de ser finalmente aceptada, colocaría a Lozoya a un paso de la libertad.

Para tapar cualquier posible agujero, la Fiscalía General de la República (FGR) reaccionó de inmediato con la imputación de nuevos cargos, esta vez por fraude fiscal. El exdirector de Pemex ha salvado este martes la nueva bala otra vez a golpe de billetera. El juez ha aceptado 2,6 millones de pesos (unos 130.000 dólares) como indemnización y la que sería una tercera causa contra Lozoya ha quedado bloqueada.

La vista apenas ha durado 20 minutos. El dinero pactado como indemnización corresponde íntegramente con la cuantía de los cargos imputados: 2,6 millones de pesos evadidos a Hacienda en el ejercicio fiscal de 2016. La oferta de la defensa contó rápidamente con el aval tanto por la FGR como por la secretaría de Hacienda. El juez impuso un plazo de 30 días para cumplir con el pago que cierra el proceso antes de ir a juicio.

La intensificación de las negociaciones entre las partes durante las últimas semanas ha vuelto a extender la sombra de la impunidad, que ha planeado sobre el caso desde la detención de Lozoya a comienzos de 2020. Durante más de un año y medio el caso estuvo empantanado entre prórrogas y dilaciones, mientras Lozoya atendía el proceso en libertad gracias a un polémico acuerdo con la Fiscalía que lo convirtió en una especie de testigo colaborador protegido. El pacto, sin embargo, saltó por los aires en noviembre tras unas polémicas fotos cenando tranquilamente con unos amigos en un restaurante de lujo.

La Fiscalía pasó al ataque y el exdirector de Pemex lleva en prisión desde entonces. Ante las inconsistencias del plan de Lozoya para amarrar su salvavidas como testigo protegido, el juez dio por terminada la fase de investigación para pasar a la etapa intermedia destinada a fijar las prueba. La apertura del juicio está cada vez más cerca y ese es el plazo límite que tiene Lozoya para poder llegar a un acuerdo.

Imputado de los delitos de lavado, asociación criminal y cohecho, la estrategia inicial del Lozoya pasaba por aportar pruebas sólidas para incriminar a lo más alto del último Gobierno priista, incluido el expresidente Enrique Peña Nieto, a quien acusó junto a su mano de derecha, el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, de ser los cerebros de la trama corrupta. Tras la polémica cena y el giro de la Fiscalía, el plan parece cada vez más complicado.

La defensa del exdirector de Pemex avanza contrarreloj para evitar que se abra un juicio oral que tendría que decidir sobre unas acusaciones que alcanzan los 39 años de prisión. El objetivo es lograr un nuevo acuerdo y, a cambio de declararse culpable, Lozoya enfrente unas penas mucho más reducidas.

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