Ciudad de México.– En diciembre de 2019, bajo la dirección de Mario Alberto Rodríguez Casas, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) publicó el Protocolo para la Prevención, Detección, Atención y Sanción de la Violencia de Género, con el compromiso de consolidar espacios educativos y laborales libres de violencia y atender problemáticas relacionadas con la comunidad politécnica. Casi tres años después de su creación, estudiantes denuncian, entre otras cosas, la falta de aplicación del protocolo, el hermetismo de las autoridades en la atención de los casos y la poca difusión del mismo.

Tras la denuncia pública de una adolescente que presuntamente fue violada sexualmente por cinco compañeros y un adulto al interior del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) número 7 del IPN, ubicado en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México, el tema de la violencia de género al interior del centro educativo volvió a ser foco entre estudiantes y personal académico y directivo.

En un inicio, el IPN negó el hecho y dijo en un comunicado dado a conocer el 23 de marzo que “como resultado de la información recabada hasta el momento, no existió el presunto delito al que se referían distintos medios, redes sociales y portales de internet”.

Por su parte, la Fiscalía General de la Ciudad de México informó en Twitter ese mismo día que inició una carpeta de investigación sobre la agresión sexual ocurrida en la vocacional 7 luego de recibir una denuncia por parte de una familiar de la víctima.

Como respuesta ante la postura de la institución, estudiantes y colectivos feministas se movilizaron el 24 de marzo en las inmediaciones de la Dirección General del IPN, campus Zacatenco. Durante la protesta se exigió un diálogo abierto con el actual director general, Arturo Reyes Sandoval, para denunciar otros casos de violencia sexual perpetrados por compañeros o docentes y hablar sobre las medidas que se tomarían. “Vivas y libres dentro de nuestras aulas” y “El IPN encubre agresores” fueron las consignas que sostuvieron.

Debido a que no lograron establecer el diálogo con el director, el 25 de marzo se organizó otra marcha en las instalaciones y, en esta ocasión, el contingente fue recibido por el académico, por representantes de la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género y por integrantes de otros organismos universitarios, según un comunicado difundido por el IPN.

Ambas partes hablaron durante cuatro horas y de acuerdo con un documento oficial difundido por la colectiva “Politécnicas al Grito de Guerra” y firmado por Reyes Sandoval, se establecieron algunos compromisos derivados de peticiones que hicieron las alumnas.

Entre los acuerdos mencionados se encuentran acciones específicas que se llevarán a cabo en cuatro casos de acoso que fueron presentados ese mismo día, sin embargo, el escrito también incluye una parte que menciona que estudiantes presentaron una propuesta de protocolo de género sin especificar más.

“Planteamiento A: Las alumnas mencionan que tienen una propuesta de Protocolo de Género y que esperan poder trabajar con la instancia responsable para poder mejorarlo. Acciones por el IPN: se revisará entre la Unidad de Género y las participantes de esta plática dicha propuesta de protocolo”, indica el documento.

No es un tema reciente
Si bien en los últimos días el ojo público volvió a poner atención sobre el tema de la violencia de género dentro del IPN, Diana, exalumna de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA) Unidad Ticomán —quien usa ese nombre como una forma de proteger su identidad por miedo a represalias—, comentó a Cimacnoticias que no conoce un sólo caso en el que el protocolo de género haya sido aplicado.

Diana egresó en 2017 de la ESIA, sin embargo, en agosto de 2019 —año en el que volvió a tener contacto con la institución debido a que se encontraba realizando sus trámites de titulación—, recibió insinuaciones sexuales por parte de un compañero a través de mensajes de Facebook.

En su momento la joven decidió no denunciar, ya que trató de no tomarle importancia: “Lo vi como un tipo que sólo lo hacía por molestar”. No obstante, en febrero de 2020 fue invitada por algunas compañeras a hacer pública cualquier situación de acoso o abuso que hubiera vivido por parte de alumnos o docentes.

Y así lo hizo. Llevó capturas de los mensajes que recibió.

Gracias al tendedero se enteró de que el mismo compañero le había hecho lo mismo a al menos 10 compañeras más, y no sólo eso, sino que supo que esta persona se dedicaba a conseguir fotografías íntimas de las estudiantes para difundirlas en entre los alumnos, y en grupos y páginas de internet. Al enterarse, las mujeres decidieron presentar una denuncia colectiva ante Arturo Ortiz Ubilla, director de la ESIA en ese entonces.

Diana dejó en claro que la institución se “lavó las manos” argumentando que eso era un asunto que debía ser resuelto fuera de la escuela, y resalta que no hubo aplicación del protocolo de género. “La ESIA Ticomán siempre ha sido intransigente, pero destaca el acoso sexual de docentes hacia la alumnas”, dice.

La ESIA se dio a conocer aún más luego del feminicidio de María de Jesús Jaimes Zamudio, una joven de 19 años de edad que fue lanzada desde el quinto piso de un departamento por un profesor y un compañero del IPN. El caso escaló a tal grado, que en enero de 2022, seis años después de los hechos, la casa de estudios reconoció que al momento del crimen no apoyó a la familia por no contar con “instrumentos eficaces para detectar y proteger a sus alumnas” y ofreció una disculpa pública.

La Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género fue creada en 2012, cuando la ingeniera bioquímica Yoloxóchitl Bustamante Díez se desempeñaba como rectora. El acuerdo de creación señala que este organismo tiene la intención de desarrollar una cultura que “promueva y fomente la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros”, así como “fomentar medidas para erradicar la violencia de género”.

Sin embargo, los espacios libres de violencia son aún un reto en la institución para sus estudiantes, denuncia Diana: “El protocolo actual ni siquiera ha sido llevado a cabo. No hay algo que nos respalde o, más bien, lo hay pero no está orientado a nuestras verdaderas necesidades […]. La unidad de género sólo ofrece atención psicológica. Entre alumnas y egresadas nos apoyamos y cuidamos”.

La exalumna comentó que gran parte de la comunidad universitaria no conoce el protocolo de género, pues las autoridades no le dan difusión debido al hermetismo con el que manejan el tema de la violencia de género. Esta situación dio paso a que las consejeras estudiantiles iniciaran con la creación de un comité de género, pero “el proyecto apenas está en pañales”, menciona Diana.

Lo anterior y el borrador de un nuevo protocolo que se presentó el pasado 25 de marzo son llamados de atención para que las autoridades del IPN replanteen qué tanto se está aplicando el protocolo actual y qué de lo estipulado realmente da un acompañamiento a las alumnas en sus denuncias.

Es obligación de la institución estar abierta a cambios, ya que, como el propio documento establece: “Después del primer año, el mismo deberá ser revisado por lo menos cada tres años o cuando se detecte la necesidad derivado de la implementación del mismo”.

Ahora que las mujeres están rompiendo el silencio nuevamente, Cimacnoticias solicitó entrevistas a encargadas de la unidad de género o representantes de IPN para conocer sus posiciones al respecto; sin embargo, al cierre de esta edición no respondió ninguna autoridad universitaria.

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