Tres magistrados del Tribunal Constitucional de Perú, con el voto dirimente del presidente del colegiado, han aceptado este jueves un habeas corpus a favor de la excarcelación del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), condenado a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad cometidos por el destacamento militar Colina durante su Gobierno.
El recurso fue presentado por el abogado Gregorio Parco, quien cuestionaba la prisión debido a que el expresidente “es una persona de 82 años, mal de salud, ya no es peligro para la sociedad”.
La votación quedó empatada tres a tres, pero el magistrado Augusto Ferrero hizo valer su voto dirimente. Organismos de derechos humanos pidieron ayer al tribunal que se abstuviera de votar en este caso debido a que en 2017 se reunió con Keiko Fujimori -la hija mayor del autócrata- y con congresistas fujimoristas de entonces que respaldaron la candidatura de Ferrero a la Corte Constitucional.
La tarde del miércoles, el Constitucional incorporó en la agenda del día siguiente la votación del habeas corpus a favor de la liberación de Fujimori, pese a que no estaba programada. La correlación de fuerzas en ese órgano, en la que el condenado contaba con el voto decisorio del presidente de la corte, hizo movilizarse a las organizaciones no gubernamentales que hace casi tres décadas defienden a las víctimas de las masacres de La Cantuta y Barrios Altos, cometidas por el grupo Colina. Las ONG pidieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos medidas para garantizarles el acceso a la justicia, entre ellas, una resolución de nulidad de liberación de Fujimori.
El grupo Colina -creado por el régimen fujimorista a inicios de los 90- llevó a cabo decenas de asesinatos a civiles, algunos de ellos opositores al Gobierno, bajo la coartada de la lucha contra el terrorismo. En noviembre de 1991, asesinó a 15 personas, entre ellos un niño de ocho años, en un solar de Barrios Altos (centro de Lima). En julio de 1992, secuestraron a nueve estudiantes y a un profesor de la universidad nacional de educación La Cantuta, a quienes ejecutaron extrajudicialmente. Al año siguiente, algunos de los cuerpos fueron encontrados calcinados en un distrito del este de la capital.
En 2009, la Sala Penal Especial condenó a Fujimori a 25 años de prisión como autor mediato de los delitos de homicidio calificado y lesiones graves -por ambos casos- luego de haber sido extraditado de Chile. La sentencia ocurrió luego de un largo proceso en el sistema de justicia interamericano al que acudieron las víctimas y sobrevivientes ante la imposibilidad de encontrarla en el fuero peruano. La Corte Interamericana de Derechos Humanos halló responsabilidad del Estado peruano en ambos casos, y como parte de las reparaciones dispuso la investigación y sanción de los delitos, entre otras medidas.
La Nochebuena de 2017, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski concedió un indulto al expresidente, luego de una negociación de votos con uno de sus hijos, Kenji Fujimori, que entonces era congresista, y algunos parlamentarios fujimoristas opuestos a la posición Keiko Fujimori, quien esperaba una ley para que su padre fuera excarcelado, en vez de un indulto. Kuczynski ofreció el perdón presidencial a cambio de votos para no ser destituido del cargo, en medio de un cargamontón fujimorista.
Semanas después, la Defensoría del Pueblo determinó que los procedimientos para dicho indulto fueron festinados por funcionarios del ministerio de Salud y el ministerio de Justicia. Debido a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre estos casos, pidió al Estado peruano respetar sus obligaciones internacionales con las víctimas y evaluar si el indulto las contravenía. Luego, los abogados de las víctimas pidieron a un juez supremo evaluar si el perdón presidencial se ajustaba a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, un proceso llamado control de convencionalidad.
El juez supremo de ejecución penal Hugo Núñez Julca anuló, en octubre de 2018, el indulto concedido por Kuczynski. Cuestionó el hecho de que fue producto de una negociación política, así como la forma, la velocidad e irregularidades del trámite concedido. Y Fujimori volvió a prisión.
Esta vez, los familiares de las víctimas del caso La Cantuta y Barrios Altos no volverán a pedir un control de convencionalidad, comentó por teléfono el abogado Carlos Rivera. “Hemos acudido directamente a la Corte Interamericana, a pedir una audiencia de cumplimiento de la sentencia (del sistema interamericano sobre los casos Barrios Altos y La Cantuta) y medidas provisionales”, refirió.
Seis ONG peruanas solicitan a la Corte IDH, además, que emita una resolución de nulidad de la liberación de Fujimori “en base a su jurisprudencia” y también de acuerdo a la decisión del 30 de mayo de 2018, en la que sostuvo que el Estado peruano no había cumplido en su totalidad las obligaciones de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones de los derechos humanos señaladas por ese tribunal.
La decisión de este jueves del Constitucional responde a uno de los tres habeas corpus presentados para liberar a Fujimori en los últimos meses, uno de ellos del actual abogado de Fujimori, César Nakazaki. El defensor del autócrata espera que la excarcelación tome un par de días, luego de que un juez penal supremo revise la decisión.
Una nota de prensa difundida por el Tribunal Constitucional señala que la sentencia con los tres votos a favor del habeas corpus “restituye los efectos de la resolución del 24 de diciembre de 2017, que concedió el indulto humanitario al demandante, y dispone su libertad”.
El primer ministro Aníbal Torres, en declaraciones a la emisora Radioprogramas, rechazó la decisión del colegiado. “(Fujimori) ha sido sentenciado por gravísimos delitos contra la vida y la libertad de las personas, no solo está sentenciado por homicidio, sino por secuestro agravado. El tribunal está dando a conocer a la ciudadanía que garantiza la impunidad de aquellos que tienen cierto poder, como es el caso del señor Fujimori”, cuestionó.
“¿Dónde quedan las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta? Los secuestraron, los quemaron vivos, los descuartizaron, los enterraron clandestinamente. Por delitos de esa naturaleza ha sido sancionado el señor Fujimori y ahora obtiene este beneficio. Es una sentencia que se tiene que acatar, pero eso no quiere decir que no se pueda criticar, porque atenta contra los derechos fundamentales de un gran sector de peruanos, que ahora van a reaccionar”, añadió el primer ministro.
Gisela Ortiz, la exministra de Cultura y hermana de uno de los estudiantes asesinados de La Cantuta, rechazó la decisión del Constitucional. “Los magistrados Blume, Sardón y Ferrero han priorizado sus preferencias políticas por encima del derecho de las víctimas, del debido proceso y del fallo de la Corte Interamericana”, tuiteó. Activistas de derechos humanos han convocado a una protesta contra la excarcelación de Fujimori para la tarde del jueves en la plaza San Martín de Lima.
Los magistrados Ferrero, Ernesto Blume y José Luis Sardón que decidieron la liberación del expresidente, en el pasado han favorecido con sus votos las posiciones del fujimorismo y de sectores conservadores. En 2019, los tres respaldaron un habeas corpus que presentó otra de las hijas de Fujimori, Sachi, y permitieron la excarcelación Keiko Fujimori cuando estaba en prisión preventiva mientras era investigada por lavado de activos y obstrucción a la justicia por el caso Odebrecht.
Uno de los tres miembros del tribunal que votó en contra de la excarcelación del autócrata, Eloy Espinosa-Saldaña, refirió que en el debate del jueves argumentó que el pronunciamiento -del juez supremo Núñez Julca en 2018- aceptado por la Corte Interamericana no permitía dejar en libertad a Fujimori. Dijo además que por el indulto de 2017 están siendo enjuiciados por cohecho y tráfico de influencias el hijo menor de Fujimori, el entonces ministro de Justicia, el expresidente Kuczynski y el exministro de salud.
