La Secretaria de Cultura, Alejandra Fraustro, y la Secretaria del Trabajo, Luis María Alcalde, durante una pasarela en homenaje a los artesanos indígenas, el pasado 18 de noviembre de 2021. NAYELI CRUZ

México ha iniciado un nuevo asalto en la lucha contra la apropiación cultural para defender su patrimonio, después de las polémicas con marcas como Zara o Carolina Herrera. La Secretaría de Cultura ha enviado una carta a la empresa estadounidense Levi’s, famosa por sus pantalones vaqueros, donde la acusa de “comercializar y privatizar una propiedad colectiva haciendo uso de elementos culturales cuyo origen está plenamente documentado”. El organismo considera que la colección Levi’s Premium, Original Trucker Jacket contiene “elementos bordados pertenecientes a la cultura mazateca del estado de Oaxaca, sin contar con el mecanismo adecuado para obtener el permiso de dicha comunidad”, según reza el comunicado difundido este domingo.

Cultura exige en la misiva a Levi’s y al colectivo Dracco Textil, sus socios en la confección de las prendas que han resucitado la polémica, que retribuya económicamente a la comunidad mazateca, a la que considera propietaria intelectual de los diseños. La institución se respalda, además de en varias declaraciones internacionales que protegen los derechos de los pueblos indígenas, en la Ley Federal de Derechos de Autor, que establece que “el Estado mexicano otorga protección a las obras literarias, artísticas y artesanales de las culturas populares”, gracias a una reforma que se aprobó por unanimidad en abril de este año en la Cámara de Diputados. Además, señala que la multinacional debería haber pedido permiso al usar los bordados, y no “deformar la obra” original.


El 13 de noviembre, la marca de ropa anunció en un vídeo su aterrizaje en la región, además de futuras colaboraciones con creadores locales: “Llegamos a Oaxaca y queremos celebrar con el arte que lo caracteriza, Levi’s Oaxaca será sede y testigo de la riqueza cultural que alberga esta ciudad”. Sin embargo, un grupo de artesanas mazatecas, agrupadas bajo el nombre de “Las mujeres de texturas de Oaxaca”, denunció en un comunicado el pasado jueves que “esta ‘colaboración’ de Levi’s con ‘artesanos representativos’ nos parece otro ejercicio de apropiación cultural y de invisibilización de las personas y comunidades que estamos detrás de las piezas bordadas”.

“Se nombran a las empresas y a los artistas visuales detrás del proyecto y se omite el nombre de las artesanas o artesanos que realizan la labor de bordado”, continúa la denuncia. La Secretaría de Cultura recogió el testigo y se sumó a la reivindicación. Alejandra Fraustro, la titular del organismo, ha defendido en la misiva que “se trata de un principio de consideración ética que, local y globalmente, nos obliga a hacer un llamado de atención y poner en la mesa de la discusión pública un tema impostergable: proteger los derechos de los pueblos originarios que históricamente han sido invisibilizados”.

“Le invitamos a desarrollar un trabajo respetuoso con las comunidades indígenas dentro de un marco ético que no socave la identidad y la economía de los pueblos y apegado siempre a un comercio justo que coloque en un plano de igualdad a los creadores indígenas, empresarios y diseñadores”, proseguía la carta.

La polémica también se ha instalado entre las artesanas y la propia Secretaría de Cultura. La institución, en la misiva, ha señalado la iniciativa Original, “un espacio de encuentro entre las y los maestros del arte tradicional, artistas y diseñadores con empresas internacionales para exhibir, promover y entablar negocios de manera ética”, como ejemplo de práctica de comercio justo para con las comunidades indígenas. Algo de lo que discrepan “Las mujeres de texturas de Oaxaca”, que en el mismo comunicado en el que denunciaban el plagio de Levi´s, acusan al organismo de haberlas dejado fuera de la convocatoria, que se celebró del 18 al 21 de noviembre.

No es la primera vez que el Gobierno mexicano se ve envuelto en una polémica con el debate sobre la apropiación cultural de fondo. La última ocasión fue el pasado mayo, cuando la Secretaría de Cultura también envió una misiva a la empresa española Zara. El motivo: un vestido que la marca europea había presentado, que recordaba al estilo de los huipiles bordados a mano por artesanas indígenas. Antes, le tocó el turno a la diseñadora venezolana Carolina Herrera, a la firma francesa Louis Vuitton o a la modista del mismo país Isabel Marant.

Mientras que las confecciones de creadores indígenas se venden por entre 500 y 3.000 pesos (entre 25 y 150 dólares), una gran firma internacional puede comercializar una pieza casi idéntica entre 1.000 y 4.000 dólares. Un expolio que mueve para las grandes marcas millones de euros, y que ha dado lugar a un debate plagado de aristas y matices, donde los argumentos en defensa de la fusión o el enriquecimiento artístico mediante el contacto entre culturas se enfrentan a las críticas de plagio y apropiación indebida de la propiedad intelectual de minorías históricamente marginadas.