Bastante incomodidad habrá causado el contenido del informe de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Durango (FECCD), presentado en días pasados por su titular, el licenciado Héctor García Rodríguez, ante los parlamentarios locales, al grado que las reseñas periodistas y los comunicados oficiales, no fueron a la médula del informe.
El incómodo fiscal, no sólo fue claro al ubicar a la entidad en la posición en que se encuentra en el plano nacional a causa de la corrupción. Hasta en eso somos referente dijera el gobernador.
Y como no, si ocupamos el deshonroso primer lugar según la medición del INEGI. De acuerdo con el registro histórico de la dependencia federal, en los tiempos del ahora exgobernador Jorge Herrera Caldera (2013) ocupábamos el noveno lugar con 7 mil 453 víctimas de corrupción por cada 100 mil habitantes, para el 2015 se fue a la posición 25 con un registro de 14 mil 292 víctimas por ese flagelo.
Sin embargo, por increíble que se crea, en 2017 durante el gobierno de José Rosas Aispuro Torres, dobleteamos a Herrera Caldera – y eso es decir demasiado- Durango ocupó la posición 32 con 25 mil 389 víctimas por cada 100 mil habitantes. Entonces nos llevamos el primer lugar.
Lo más grave del asunto, es que esos son solo algunos de los datos del contexto en que trabaja la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Otro dato relevante, es el papel que han estado jugando los órganos fiscalizadores en la entidad, como es el caso de la Entidad de Auditoría Superior del Congreso del Estado y la Secretaria de la Contraloría del Ejecutivo del Estado, la primera en manos de María de Lourdes Mora Serrano, y la segunda de Raquel Leila Arreola Fallad. Ninguna de ellas en los dos años de vida de la FECCD, han presentado denuncia alguna en contra de funcionarios públicos.
Pues en más del 80% lo han hecho los ciudadanos y órganos fiscalizadores del rango municipal. La justificación, cuando menos de la Contralora del Estado ha dicho que “El estado de Durango se mantiene como una de las entidades más auditadas y menos observadas, se fiscalizaron 93 centavos de cada peso radicado”.
De septiembre 2020 a agosto 2021, esta fiscalía inició 233 carpetas de investigación criminal en contra de servidores públicos estatales y municipales. Lo que representa tres veces más trabajo que el reportado en un periodo similar (2018-2019), la Fiscalía General del Estado, cuando era competente para investigar los delitos cometidos por servidores públicos.
Y aunque algunos detractores oficiosos y no, cuestionan mucho los resultados de la Fiscalía Especializada, la verdad es que trabajan con las uñas, y quienes deben entender que se requiere fortalecer este tipo de órganos para erradicar o cuando menos atajar la corrupción, regatean.
Un ejemplo de ello: en 2019 la Fiscalía General del Estado tuvo un presupuesto de 510.8 millones de pesos, mientras que la Fiscalía especializada solo contó con 19.1 millones de pesos.
Revelar estos datos seguirá generando incomodidad es las esferas estatales, porque por error o no del legislativo creó a esta Fiscalía con carácter de autónoma, como pocas en el país. Sin embargo, lo verdaderamente valioso es conocer el contexto en que nos encontramos, porque solo de esa forma se puede corregir el camino, y hablo de los ciudadanos quienes tienen el poder de elegir a sus gobernados.
