El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha obligado este miércoles a Polonia a pagar a la Comisión Europea una multa de un millón de euros al día por no paralizar las actividades de la sala disciplinaria del Tribunal Supremo polaco, un órgano que amenaza la independencia de los jueces, según estima Bruselas. Esta sala se encuentra en el centro de la batalla política y judicial a cuenta del Estado de derecho entre el Ejecutivo comunitario y el díscolo vecino del Este. La decisión llega en plena crisis entre Varsovia y Bruselas, agravada en las últimas semanas, después de que el Tribunal Constitucional polaco cuestionara la primacía del derecho comunitario y al mismísimo TJUE, colocando al país a un paso de la ruptura legal con la UE. Se trata de la multa diaria más alta jamás impuesta por el TJUE, según fuentes de este tribunal.
La justicia europea toma la decisión en un clima cada vez más tenso, al estimar que Polonia no ha suspendido de forma provisional, tal y como le reclamó el TJUE en julio, la sala disciplinaria del Supremo, un órgano todopoderoso que entre otras cosas puede llegar a sancionar a jueces que apliquen la primacía del derecho europeo o eleven cuestiones prejudiciales ante el TJUE. En esa fecha, el tribunal con sede en Luxemburgo exigió al Gobierno polaco que dejara en suspenso la actividad de esta sala hasta que el TJUE se pronuncie de forma definitiva sobre el caso, con el fin de evitar causar un “perjuicio grave e irreparable”.
“La mera existencia de disposiciones nacionales que permitan que el sistema disciplinario sea utilizado como sistema de control político del contenido de las resoluciones judiciales puede suscitar dudas en el ánimo de los justiciables y de los demás Estados miembros en cuanto a la independencia de los órganos jurisdiccionales nacionales, lo que podría ocasionar un perjuicio grave e irreparable”, aseguraba el auto del TJUE del pasado mes de julio.
En la orden de este miércoles, el vicepresidente del tribunal europeo recuerda que el cumplimiento de estas medidas cautelares es necesario para evitar que se lesione de forma irreparable “el ordenamiento jurídico de la Unión Europea y, por consiguiente, los derechos que el Derecho de la Unión confiere a los individuos y a los valores en los que se basa la Unión, en particular el del Estado de Derecho”.
La decisión llega después de que la Comisión constatara la falta de movimientos por parte de Polonia desde julio, a pesar de las promesas de Varsovia de que tenía previsto desmantelar la cuestionada sala disciplinaria del Supremo. A principios de septiembre, el Ejecutivo comunitario decidió reclamar sanciones a la justicia europea, para exigir el cumplimiento del auto, y poner coto a una sala que puede seguir tomando decisiones potencialmente lesivas de forma impune.
En un asunto judicial de 2017, el único precedente del que se tiene constancia en los despachos de Bruselas relacionado con medidas cautelares, el TJUE exigió una multa de al menos 100.000 euros al día por incumplimiento. El protagonista en aquella batalla también era Polonia, que se negaba a proteger un bosque primigenio. La presión funcionó: tras el anuncio de las multas, el Ejecutivo polaco tardó un día en enderezar su conducta. En esta ocasión, la sanción se ha multiplicado por diez.
En el último Consejo Europeo, celebrado el pasado jueves y viernes en Bruselas, el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, reiteró que tiene en sus planes acometer la reforma de la cuestionada sala, y se mostró dispuesto al diálogo con Bruselas. “Lo repetimos ahora”, se comprometió ante sus homólogos, “pero ni el gobierno ni el parlamento actuarán bajo la presión de ningún chantaje”. Un par de días después, en una entrevista en Financial Times, acusó a Bruselas de exigirle cambios con una “pistola en la cabeza” y del riesgo de provocar una “tercera guerra mundial” con sus demandas.
Piotr Müller, portavoz del Gobierno polaco, ha cargado contra la decisión del tribunal europeo. “El camino de los castigos y chantajes hacia nuestro país no es el correcto”, ha reaccionado a través de redes sociales, replicando el mensaje repetido hasta la saciedad por Morawiecki. “La UE es una comunidad de Estados soberanos regidos por reglas claras. Muestran una clara división de competencias entre la UE y los estados miembros. La regulación de la organización del poder judicial es competencia exclusiva de los Estados miembros”, ha añadido.
Durante la cumbre de líderes de la semana pasada se quiso rebajar la tensión acumulada con Polonia. La canciller saliente de Alemania, Angela Merkel, reclamó mesura y abogó por evitar una cascada de litigios contra Polonia en el Tribunal de Justicia de la UE. La mayoría de capitales, pidieron también diálogo político para solucionar las diferencias, pero respaldaron a la Comisión en sus múltiples batallas contra el vecino del Este provocadas por su involución institucional.
Bruselas cuenta con un arsenal diverso y contundente, como demuestra la presente sentencia. Quizá su herramienta más poderosa para apretar las tuercas a Varsovia es la económica. En estos momentos Polonia es, junto a Hungría, uno de los pocos países cuyo plan de recuperación aún no ha sido aprobado. Y Bruselas ha sido muy clara al tratar sobre esta materia: no bombeará el primer cheque de los 36.000 millones de euros hasta que no se acuerde un camino con hitos muy específicos que implican el respeto al Estado de Derecho y reformas del sistema judicial, entre ellas el desmantelamiento de la controvertida sala disciplinaria del Supremo polaco.
También cuenta con el llamado mecanismo de condicionalidad, una instrumento diseñado para que ni un euro de los multimillonarios fondos europeos caigan en manos de los países que incumplan el Estado de derecho. Polonia, de nuevo junto a Hungría, ha recurrido ante el TJUE el instrumento, por lo que el mecanismo de condicionalidad aún se encuentra en una especie de limbo, a la espera de un pronunciamiento judicial. El Parlamento Europeo prepara ya la demanda contra la Comisión por su inacción en este campo, pero Bruselas quiere respetar el pacto al que llegaron los líderes europeos de no usar el mecanismo mientras la justicia europea no le dé el visto bueno; la decisión del tribunal de Luxemburgo podría llegar ya en 2022.
Durante la alta tensión de la semana pasada, con Morawiecki de gira por las instituciones europeas alertando de una supuesta deriva “centralizadora” en la UE que corría el riesgo de convertir a los Estados soberanos en meras “provincias”, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, recordó el abanico con el que cuenta para responder al terremoto provocado por la sentencia del Constitucional polaco. Entre ellas, incluyó el procedimiento del artículo 7 del Tratado de la UE, también conocido como el botón nuclear de la Unión, ya que fue pensado como una especie de arma disuasoria de último recurso frente a los países que incumplen los valores fundamentales del bloque. “No toleraremos que pongan en riesgo nuestros valores comunes”, zanjó Von der Leyen en la Eurocámara, en un encuentro eléctrico con su antagonista, el premier polaco, Moawiecki.
Las batallas entre Bruselas y Varsovia forman en estos momentos una complejísima maraña de sentencias, autos y procedimientos de infracción que se van superponiendo unos a otros como estratos de un yacimiento arqueológico. En septiembre, Bruselas inició un nuevo procedimiento para exigir a Varsovia que cumpla otra sentencia europea que declaró ilegal el régimen disciplinario de la magistratura polaca, porque socava su independencia y no da las garantías necesarias para protegerlos del control político. En este caso el Gobierno polaco, nuevamente, se expone a sanciones potencialmente millonarias.
Las multas también se van acumulando. Hace poco más de un mes, la justicia europea condenó a Polonia a pagar 500.000 euros diarios de sanción por negarse a cumplir con otra sentencia del TJUE, que le condenó a cerrar una mina de carbón en Turów. El tribunal entendió que debía cesar la actividad debido que afecta a las aguas subterráneas que discurren hasta la vecina República Checa. Varsovia se ha negado a su cierre alegando que la explotación, que nutre una planta de generación eléctrica, es clave para la estabilidad energética del país.
