Efectivos de la Policía e integrantes de la Comisión Nacional de Búsqueda trabajan en un predio en Tamaulipas.COMISIÓN NACIONAL DE BÚSQUEDA

En México hay 92.536 personas desaparecidas. Miles de cadáveres regados por el territorio nacional, amontonados en fosas comunes, en hoyos en el monte, en tiraderos de basura, en lotes baldíos junto a barrios pobres de la periferia sobre los cuales se construyen casas, se trata de hacer vida normal. Hasta que el olor a podrido, la aparición repentina de un hueso tras un diluvio y la lucha incansable de miles de familias que rascan la tierra para encontrarlos hace emerger de nuevo la realidad subterránea de los muertos. Se trata de una de las cifras más escalofriantes del mundo para un país democrático que no está en guerra. Este martes la institución encargada de encontrar a tal cantidad de víctimas, la Comisión Nacional de Búsqueda, ha hallado uno de los rostros que explican la tragedia: un lugar en la sierra de Nuevo Laredo (en Tamaulipas) con capacidad para desaparecer a un centenar de personas, incinerarlas, destruir sus restos óseos u ocultarlos. Un centro de exterminio a unos kilómetros de Estados Unidos.

Crematorios clandestinos, palas, hachas, fosas improvisadas por el crimen para desaparecer sus atrocidades es lo que han encontrado las autoridades estos días. El hallazgo se dio tras una serie de operativos en una franja de ranchos y casas abandonadas cercanas al kilómetro 26 de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo. La primera pista fue la aparición de una cantidad sospechosa de credenciales de elector, móviles, prendas completas, cinta metálica y demás artilugios que los criminales ni siquiera se tomaron la molestia de esconder, pues la impunidad en México para estos crímenes roza el 90%.

No es el único registrado este año. En junio, también en Tamaulipas, las autoridades hallaban otro centro del horror, un campo cerca de una playa: La Bartolina, en el municipio de Matamoros. En este rancho la comisionada nacional de búsqueda, Karla Quintana, denunció que en pocos años se había rescatado de allí media tonelada de huesos. Unos 500 kilos de restos óseos que la Fiscalía General de la República calculó que correspondían a alrededor de 67 personas. El Gobierno estatal había recibido denuncias sobre el lugar desde 2016, pero no saltó a la luz pública hasta este año cuando la Comisión decidió además llamar al terror por su nombre: campo de exterminio. Hasta ahora, el lenguaje popular había tomado el eufemismo policial de “casas de seguridad” del crimen organizado.

En total, los colectivos de búsqueda de Tamaulipas, formados en su mayoría por familiares de desaparecidos que armados de palas y formados de manera autodidacta en la ciencia forense escarbaron la tierra, han contabilizado hasta 57 centros de exterminio como el de Nuevo Laredo. Sobre ellos trabajan hoy las autoridades, no solo en Tamaulipas, sino también en la red de fosas clandestinas de Colinas de Santa Fe, en Veracruz, donde las autoridades rescataron restos de al menos 300 personas hasta 2019, gracias al empuje de colectivos de familiares de desaparecidos del Estado. Otros casos en Guanajuato, Guerrero, Nuevo León o Coahuila. El Gobierno federal ha registrado hasta junio de este año 3.978 fosas con más de 6.600 cuerpos.

Cerca del tramo entre el campo de Nuevo Laredo y el de La Bartolina, los vecinos reportaron una autopista a la que apodaron directamente La carretera de la muerte. Este verano, se tenía el registro de casi un centenar de desaparecidos en los apenas 200 kilómetros que separaban la capital de Nuevo León, Monterrey, nodo industrial mexicano, con Nuevo Laredo. Las fiscalías de ambos Estados abrieron hasta julio 65 carpetas de investigación, mientras las asociaciones de familiares denuncian 109 desaparecidos. Más de 70 desde enero: camioneros, conductores de Uber, turistas, familias con niños. No hay un patrón claro, pero en los testimonios de algunos de los que salieron con vida, cuentan que fueron interrogados y maltratados antes de ser liberados.

Tamaulipas, foco rojo del crimen organizado desde hace más de una década, especialmente desde la guerra contra el narco emprendida por Felipe Calderón en 2006, continúa en los primeros puestos de la narcoviolencia. El drama de los desaparecidos es una de las consecuencias más graves de una guerra entre bandas locales que todavía pelean el territorio clave para el tráfico de droga, personas, armas, y cualquier tipo de producto ilegal hacia Estados Unidos. Un Estado de 3,5 millones de habitantes que cuenta con más de 11.645 personas desaparecidas que han sido denunciadas como tal, aunque incluso las autoridades reconocen que puede haber muchas más engrosando la cifra negra.

La Comisión Nacional de Búsqueda se ha propuesto la misión de levantar la tierra hasta encontrarlos, aupados por el trabajo de hace 15 años de los familiares, una tarea que a menudo choca con la burocracia y competencias estatales además de otro obstáculo fundamental: una crisis forense desde hace años, reconocida por la Secretaría de Gobernación (Interior), que se traduce en la incapacidad de las fiscalías de procesar toda la muerte que encuentran. A veces por falta de recursos, otras por negligencia o exceso de burocracia, la Fiscalía federal y las estatales han batallado con una montaña de restos humanos maltratados y abandonados en todos los rincones de México. Hasta el punto de que a veces las dependencias no saben muy qué tienen.

Los muertos encontrados se acumulaban a la puerta de las morgues. Y miles de restos óseos siguen sembrando terrenos como el de Nuevo Laredo. En este rincón cerca de la frontera estadounidense, ninguna autoridad denunció, investigó ni persiguió el trajín de crematorios clandestinos, el ruido de los camiones o camionetas que tuvieron que transportar hasta al menos un centenar de personas, las credenciales de elector esparcidas por el suelo, las prendas que llevaban las víctimas antes de morir. Un campo de exterminio utilizado durante años que explica la dinámica cruel de cómo se ha llegado hasta la terrible cifra de 92.536 personas desaparecidas.

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