Berlín se ha despertado este lunes con dos noticias de calado y un mandato claro. Los socialdemócratas volverán a encabezar la coalición que gobierne la ciudad tras ganar las elecciones celebradas el domingo. Franzisca Giffey, ministra socialdemócrata del Gobierno de Angela Merkel hasta mayo pasado, será, si nada se tuerce, la próxima alcaldesa de la ciudad-Estado de Berlín. Se convertirá en la primera mujer que ocupe ese cargo. Y un tema estará sobre su mesa en cuanto tome posesión: el problema de la vivienda asequible en la capital alemana. El sí ganó en el polémico referéndum que el domingo preguntó a los berlineses si el Senado ―el Gobierno regional― debe expropiar a los grandes propietarios de pisos, las inmobiliarias y fondos que poseen más de 3.000 apartamentos.
El escrutinio terminó de madrugada, después de que se contaran los votos de las elecciones generales y las regionales, y dio como resultado que un 57% de los votantes están a favor de comprar con dinero público unas 240.000 viviendas y crear una nueva empresa de vivienda que gestione los alquileres. Un 38% de los berlineses votaron que no. La consulta no es vinculante. El sí no quiere decir que el Senado se ponga manos a la obra para iniciar el trámite, pero los partidos que formen el nuevo Gobierno tienen un claro mandato de los ciudadanos para abordar la cuestión. La expropiación protagonizará las conversaciones para acordar una coalición.
Giffey ha anunciado que negociará con Los Verdes, pero también con la CDU. Quiere “una mayoría estable” para gobernar una ciudad de 3,6 millones de personas que ha estado dirigida por los socialdemócratas desde hace más de dos décadas. Giffey obtuvo el 21,4% de los votos, por delante de Los Verdes, que se quedaron en un 18,9% pese a que las estimaciones iniciales de las empresas demoscópicas les situaron en cabeza el domingo por la noche. Los democristianos consiguieron el 18,1% de las papeletas. Die Linke, la izquierda poscomunista, no se quedó muy atrás, con un 14%. Hasta ahora el alcalde del SPD, Michael Müller, gobernaba con un tripartito con los ecologistas y Die Linke. Los Verdes han conseguido mejorar sus resultados de 2016 en 3,7 puntos. Los perdedores han sido la formación de ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD), que se ha dejado más de seis puntos en la capital hasta quedar en el 8% de votos.
Entre los partidos que optan a formar una coalición solo Die Linke está claramente a favor de la expropiación. Giffey y el SPD creen que no solucionará los problemas de una ciudad donde más del 85% de sus habitantes vive de alquiler y que ha visto cómo los precios se disparaban en la última década. “Sigo pensando que las expropiaciones no ayudan a crear ni un solo apartamento nuevo que ayude a paliar el problema de la vivienda asequible”, ha dicho esta mañana la próxima alcaldesa a la televisión pública ARD. De todas formas, encargará al nuevo Gobierno de la capital que redacte una propuesta y la someta a análisis jurídico. “Si los expertos determinan que no es constitucional, no podremos hacerlo”, ha señalado. Los Verdes se han mantenido ambiguos sobre la cuestión durante la campaña. Annalena Baerbock, la candidata ecologista a la Cancillería, suele repetir que la expropiación es “la última opción”.
La iniciativa para comprar ―en muchos casos recomprar, ya que Berlín vendió vivienda pública a principios de los 2000 acuciada por las deudas― partió de la organización Expropiar a Deutsche Wohnen y compañía, nacida en 2018 y que ha recogido las firmas necesarias para celebrar el referéndum. La ley berlinesa establece que al menos el 7% del electorado debe pedir con su firma que se celebre una consulta, que no será vinculante. Los organizadores están convencidos de que la expropiación sí está amparada por la constitución. La base legal es el artículo 15 de la ley fundamental alemana, que reza: “Con fines de socialización, el suelo, los recursos naturales y los medios de producción pueden ser situados bajo un régimen de propiedad colectiva […] por una ley que fije el modo y el monto de la indemnización”. Desde 1949 nunca se ha hecho uso de ese precepto.
La presión social que exige viviendas asequibles en Berlín ya obligó a los políticos berlineses a actuar en 2019. El Gobierno de coalición de socialdemócratas (SPD), Los Verdes y Die Linke aprobó una ley que establecía topes al precio de los alquileres (en función del año de construcción y de las reformas del inmueble) y que las rentas quedaran congeladas durante cinco años. Se conoce como mietendeckel, literalmente tapa del alquiler. En abril pasado el Tribunal Constitucional alemán tumbó la ley al considerar que el Parlamento regional no era competente para regular las rentas por ley.
Según la propuesta de los activistas, la ciudad tendría que crear una entidad de derecho público que pediría financiación a los bancos con el valor de los terrenos y los pisos como garantía para poder hacer frente a la compra de las 240.000 viviendas. Contaría además con los ingresos mensuales de los alquileres. Hasta ahora se han barajado distintas cifras de lo que le costaría la expropiación a una ciudad que sigue endeudada, y todas tienen muchos ceros. El Gobierno ha calculado 36.000 millones de euros; los activistas, entre 8.000 y 11.000 millones, y un estudio reciente de dos académicos habla de una horquilla de entre 14.500 y 22.800 millones.
