Durango, Dgo.– Durango apareció entre las entidades con rezago en la implementación de justicia digital, de acuerdo con una investigación académica de la Universidad Panamericana que examinó las plataformas de los poderes judiciales de las 32 entidades federativas y del Poder Judicial de la Federación.
El estudio, elaborado por Clara-Luz Álvarez y José María Soberanes Díez, encontró que, durante el periodo de recopilación de información —entre mayo y septiembre de 2024—, el Poder Judicial de Durango permitía consultar por internet sus listas de acuerdos, pero no contaba con una plataforma que cumpliera el criterio establecido por los investigadores para considerar que existía un sistema de juicio digital: la posibilidad de presentar promociones judiciales electrónicas a través de internet.
La entidad tampoco registraba lineamientos para el uso de una plataforma de esas características. En el panorama nacional, únicamente 18 poderes judiciales estatales contaban con una plataforma de justicia digital y 17 tenían lineamientos para regular su utilización.
La investigación no evaluó solamente la presencia de páginas electrónicas. Examinó ocho componentes, entre ellos la firma electrónica, la presentación de demandas y promociones, las notificaciones, la consulta de expedientes, las audiencias remotas y la conexión con otras autoridades.
UN DATO QUE DEBE ACTUALIZARSE
El diagnóstico corresponde a 2024 y no debe presentarse como una fotografía de la situación actual. El portal oficial del Poder Judicial de Durango ya incluye un apartado de Justicia Digital y acceso a la Plataforma de Administración Judicial (PAJUD). Además, su reglamentación contempla la presentación de promociones y la consulta de expedientes electrónicos.
Este avance obliga a una pregunta de interés público: ¿qué servicios están efectivamente disponibles para litigantes y ciudadanos, en qué materias operan y qué tan extendido es su uso en los distritos judiciales?
La justicia digital no consiste únicamente en trasladar documentos a una pantalla. Implica reducir tiempos y costos, facilitar el seguimiento de los procesos, garantizar la seguridad de la información y evitar que la distancia o las condiciones económicas se conviertan en obstáculos adicionales para acceder a los tribunales.
El reto para Durango es demostrar que las herramientas institucionales se traducen en servicios accesibles, funcionales y transparentes. La modernización judicial debe medirse por los derechos que facilita y no solamente por la tecnología que anuncia.
La justicia también debe estar al alcance de un clic, pero ese clic tiene que funcionar para todas las personas.
