Este miércoles, en el inicio de las fiestas por la Independencia de México, serán liberadas 682 personas que estaban en la cárcel en virtud de un decreto presidencial que entró en vigencia este 25 de agosto. La medida se contempla para aquellos internos cuya única prueba condenatoria se hubiese obtenido bajo tortura comprobada; para quienes llevan más de 10 años presos con un proceso sin concluir; para los mayores de 65 años con enfermedades crónico-degenerativas o terminales; y para los mayores de 70 años. A ello se comprometió el presidente, Andrés Manuel López Obrador, y se dio un plazo muy corto: antes del 15 de septiembre ya debería haber resultados, dijo. Estos centenares de encarcelados que serán liberados contrasta con los que han podido abandonar las prisiones gracias a la Ley de Amnistía anunciada largamente desde que el presidente llegó al poder y que entró en vigor en abril de 2020: apenas un puñado ha logrado abandonar el penal.
Son los tribunales los que tienen la última palabra en este asunto. Aunque Gobernación y su comisión de expertos hayan solicitado la libertad para más de una treintena de casos, las organizaciones que se dedican a esta causa explican que apenas siete y ocho personas lo han logrado finalmente. En dos años quizá algunos más, pero menos de lo que esperaban quienes aplaudieron aquella Ley de Amnistía destinada a sacar de las cárceles a personas con delitos menores. No deja de ser un procedimiento judicial para el que los más desfavorecidos no tienen recursos. Además, aquella ley salió con una falla de origen: el gobierno solo podía intervenir en los casos de fuero federal, que normalmente son delitos graves, y el éxito de la norma solo se daría en el caso de que los Estados la secundaran voluntariamente.
Esa es la razón, según interpreta la cofundadora de la organización Reinserta, Saskia Niño de Rivera, de que López Obrador retomara el asunto con un decreto presidencial este agosto. En una de sus conferencias matutinas este verano salió a colación el caso de Israel Vallarta, preso durante 16 años ya, sin sentencia, por el mediático secuestro del que también se acusó a su entonces novia francesa, Florence Cassez. Ella salió de la cárcel y marchó a Francia después de un conflicto diplomático entre este país y México muy sonado. Sin embargo, Vallarta (y otros de su familia) siguen en prisión. Y tampoco saldrá en esta ocasión, a pesar de poder certificar que fue torturado para confesar el delito de secuestro. El problema es otro caso cruzado del que se le acusa, que aún no tiene visos de solución. Así lo ha recordado hoy el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Pero aquella mañanera de julio, el presidente anunció una comisión en Gobernación para estudiar, en coordinación con las autoridades estatales, los cientos o miles de casos que podrían beneficiarse de una salida de prisión, atendiendo, sin más a lo que ya establece la Constitución, es decir, una justicia con los debidos procedimientos y en los plazos adecuados, así como beneficios en casos concretos en virtud de los derechos humanos.
Las organizaciones que buscan justicia para numerosos presos en México que no han pasado por un debido proceso celebran esta salida de la cárcel anunciada para este miércoles, “al fin y al cabo son vidas que se están salvando”, según dice Saskia Niño de Rivera, pero lamentan que una medida tan importante no alcance una coordinación adecuada que la convierta en un proceso por el que se libere a miles de personas que están en situaciones injustas: que fueron torturados, que se les sembraron pruebas, que no tuvieron un abogado en el momento preciso, que se extralimitaron con la prisión preventiva, que no se les concedió un traductor; una casuística larga.
Las cárceles de México tienen capacidad para unos 170.000 reclusos, pero hay más de 210.000 adultos encarcelados. El 21 de abril, con la urgencia de la pandemia y el hacinamiento en los penales, el Senado aprobó la Ley de Amnistía. En aquella sesión se calculó que podría beneficiar a 10.000 personas en todo el país. Sin embargo, en agosto llegó el decreto.
“Yo creo que este decreto del presidente por el que ahora salen a la calle más de 600 personas es una llamada de atención para que se hagan las cosas bien, porque la Ley de Amnistía no ha demostrado operatividad ni plantea un seguimiento de cada caso. Esa es la razón de su escaso rendimiento en dos años. Y siempre hay que tener en cuenta que la mayoría de la gente que cumple el perfil para ser liberados no tienen recursos para poner en marcha estos trámites”, dice la activista Niño de Rivera.
En efecto, como recuerda el subdirector Jurídico de la organización Reinserta, Eduardo García, cuando algún interno se hace acreedor de esta medida de liberación pone en marcha el proceso para lograrlo y no siempre se encuentra con un camino fácil. “He conocido casos en que se les niega el amparo y se ordena que se vuelvan a investigar las torturas, por ejemplo, pero de nuevo pasan meses y meses. O se aplica mal el Protocolo de Estambul, que es el que establece la anulación de un proceso si ha habido torturas para conseguir una confesión”, explica García.
Las leyes de México, como casi siempre, son tan garantistas como de difícil aplicación en la práctica. Estos casos lo demuestran de nuevo. “Realmente no hacía falta un decreto para sacar a la calle a muchas personas porque la Ley Nacional de Ejecución Nacional ya contempla en su artículo 146 la liberación de los adultos mayores con enfermedades crónicas degenerativas o terminales. Y el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 166, establece que los mayores de 70 años o con esos padecimientos puedan concluir su reclusión en el domicilio o algún centro geriátrico o médico. Lo mismo en el caso de mujeres embarazadas o lactantes”, prosigue García. Por no hablar de las muchas garantías procesales que ya establece la Constitución. López Obrador se ha quejado en varias ocasiones de la lentitud de la justicia en México, señalando, como suele hacerse, que una justicia tan lenta no es justicia.
Ese parece ser el motivo de este decreto y su acelerado cumplimiento, que pondrá en libertad a 682 personas en todo el país coincidiendo con la celebración por la Independencia de México.
