Militares tunecinos rodean el edificio del Parlamento en Túnez, capital del país homónimo, el 26 de julio. En vídeo, las claves de la crisis en Túnez.FOTO: STR / EFE

Cuna de la Primavera Árabe, que comenzó en sus calles en 2011 cuando miles de ciudadanos derrocaron al dictador Zine el Abidine Ben Ali, Túnez se ha convertido en los diez años transcurridos desde entonces en la única democracia del mundo árabe, según el índice sobre el Estado de derecho de la unidad de inteligencia de The Economist. El domingo, tras una jornada de protestas en las que cientos de personas exigieron en varias ciudades la dimisión del Gobierno, el presidente tunecino, Kais Said, anunció en un discurso televisado la destitución del primer ministro, Hichem Mechichi, la suspensión durante 30 días de la actividad del Parlamento y la concentración de prácticamente todos los poderes del Estado en su persona. Mientras muchos tunecinos hastiados por la crisis económica y sanitaria celebraban en las calles la decisión, la mayor parte de la oposición, incluido el partido islamista Ennahda, mayoritario en el Parlamento, denunciaba un “golpe de Estado”.

¿La Constitución tunecina ampara las medidas del presidente?

Said ha invocado el artículo 80 de la Constitución, que autoriza al presidente a adoptar “medidas excepcionales” en caso de “peligro inminente para las instituciones del país”. Sin embargo, la Carta Magna condiciona esa posibilidad a una consulta previa al jefe de Gobierno y al presidente del Parlamento, algo que no se ha producido, denuncia quien ocupa ese cargo, Rachid Ghannuchi, líder de Ennahda. El profesor de Derecho Constitucional Iyadh Ben Achour sostiene también que asistimos a un “golpe de Estado” pues no existe tal “peligro inminente” y además no se han respetado “ni la forma ni el fondo” del artículo 80. La ley tunecina precisa a su vez que, para poder acogerse a esa norma, todo el proceso debe estar supervisado por el tribunal constitucional que, en Túnez, aún no ha sido creado. El 3 de abril, el presidente se negó a firmar la ley que debía abrir la puerta a su instauración alegando que no se habían respetado los plazos legales.

¿Qué poderes ha asumido Said?

Prácticamente todos: el ejecutivo, el legislativo y parte del judicial. Durante su alocución, el presidente anunció que gobernará y legislará por decreto. Con la Asamblea de Representantes clausurada y sin tribunal constitucional, esos decretos no estarán sometidos a escrutinio alguno. También concentrará en sus manos el poder ejecutivo: nombrará a un nuevo jefe de Gobierno y además presidirá el consejo de ministros. Said se ha arrogado a su vez la jefatura de la Fiscalía del Estado, en un acto que conculca uno de los fundamentos de la democracia: la independencia del poder judicial.

¿El Ejército apoya al presidente?

Sí. El lunes, el presidente del Parlamento y otros diputados trataron en vano de acceder a la sede de la Asamblea de Representantes. Varios militares les cortaron el paso. La institución castrense adquirió una gran popularidad durante la revolución de 2011 cuando su cúpula se negó a disparar contra los manifestantes que pedían la caída de Ben Alí, una decisión clave que contribuyó a precipitar la huida del dictador del país. El apoyo de las Fuerzas Armadas —que están bajo la autoridad del jefe del Estado, según la Constitución tunecina— es por ello una fuente de legitimidad a ojos del pueblo.

¿Ha habido otras medidas represivas?

La cadena de televisión catarí Al Jazeera denunció el lunes que la policía tunecina había irrumpido en sus locales sin autorización judicial y expulsado a sus periodistas.

¿Quién es el presidente tunecino?

Kais Said es un profesor jubilado de Derecho Constitucional de 63 años. Sin adscripción a ningún partido político, ganó en segunda vuelta las elecciones presidenciales de octubre de 2019 con un gran respaldo popular: el 72,71% de los votos. Apodado Robocop por su hieratismo y su tono de voz monocorde, basó su campaña en denostar la corrupción de los partidos políticos, en una ideología conservadora en lo moral y en promesas populistas como la de restablecer la pena de muerte. Gestos como el de rechazar la financiación pública para su campaña le granjearon una reputación de rectitud que aumentó su prestigio en su principal nicho electoral: los tunecinos desencantados con la política que se abstuvieron en las elecciones legislativas pero sí votaron en las presidenciales.

¿Cuál es el contexto socioeconómico?

La llamada revolución de los jazmines en Túnez en 2011 —”Los jazmines los tienen los ricos en sus jardines, esta es la revolución del pueblo”, decían muchos tunecinos entonces— dio paso a una transición democrática que ha desilusionado a muchos ciudadanos que no han accedido a unas condiciones de vida dignas. Persisten los abusos de poder, el desempleo, la hogra (humillación por parte de los poderosos) y las desigualdades económicas y regionales. Esas fueron precisamente las razones que llevaron a un vendedor de fruta ambulante, Mohamed Bouazizi, de 26 años, a quemarse a lo bonzo en diciembre de 2010, desencadenando las protestas que acabarían con la dictadura. Diez años después, el paro entre los jóvenes se eleva aún al 40,8%, según datos oficiales. La economía tunecina perdió el año pasado el 8,8% de su PIB, principalmente a causa de la covid-19.

¿Cómo ha influido la pandemia?

La pandemia ha agravado una de las razones de fondo del descontento de los tunecinos: la quiebra de los servicios públicos. Sobre todo del sanitario, incapaz de afrontar los más de 573.000 casos de coronavirus en el país, según la universidad John Hopkins. La mala gestión de la covid-19 ha dejado imágenes como las de un policía agonizando sin oxígeno en una acera frente a un hospital o las de estampidas del 20 de julio cuando miles de personas se precipitaron sin cita a los centros de vacunación después de que el ministro de Sanidad anunciara que se inmunizaría a todos los mayores de edad con motivo de la fiesta musulmana del Eid al Adha. Túnez es el país de África con más muertos por covid-19: 18.804, en una población de 11,6 millones de habitantes.

¿Cuál es el contexto político?

Desde 2011, Túnez ha tenido diez Gobiernos diferentes. Las legislativas de octubre de 2019 dieron paso al Parlamento más fragmentado de su historia, con más de 30 partidos en la Asamblea de Representantes, un aspecto que ha hecho imposible alcanzar acuerdos, con el consiguiente desprestigio de la clase política. Tras la dimisión del primer ministro Elyès Fakhfakh en julio de 2020, acusado de conflicto de intereses, el presidente nombró jefe de Gobierno a Hichem Mechichi, un tecnócrata que hasta entonces había sido ministro de Interior. Said y el nuevo primer ministro muy pronto iniciaron un pulso por el poder que culminó en febrero con la negativa del jefe de Estado a sancionar una remodelación del Gobierno a la que el partido Ennahda había dado su apoyo. El presidente nunca ha ocultado su insatisfacción con el limitado margen de poder que la Carta Magna tunecina concede al jefe del Estado, cuyas únicas competencias son las relaciones exteriores y la jefatura de las Fuerzas Armadas. De ahí que haya abogado públicamente por cambiar la Constitución.

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