Líneas de transmisión de alto voltaje cerca de la planta de energía de Tula, propiedad de la CFE.HENRY ROMERO / REUTERS

La reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, que da preferencia a las centrales de la paraestatal Comisión Federal de Electricidad (CFE), recibió un empujón hacia adelante el jueves, cuando un Tribunal Colegiado Especializado en Competencia Económica resolvió en contra de las suspensiones que frenaban su aplicación. Esto es un avance para la Administración Federal, la cual busca deshacer los principios de mercado abierto y competencia que se pasaron en la reforma energética del sexenio anterior. Sin embargo, no es una victoria definitiva, coinciden expertos, y puede tener el efecto de retrasar aún más la inversión privada en el sector.

En marzo, el Senado aprobó modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) que revertían el principio del despacho económico que regía que las centrales más baratas, generalmente plantas privadas de energías renovables, eran las primeras en subir la electricidad a la red. López Obrador propuso revertir esto, dando prioridad a las centrales de la CFE, sean o no de energías limpias. Esto incluye a centrales térmicas públicas que funcionan con combustóleo, un derivado altamente contaminante del petróleo.

Una segunda modificación propuesta elimina la obligatoriedad de celebrar subastas, un mecanismo por el que la CFE contrataba energía a bajo precio. Durante el Gobierno anterior, las subastas en energía renovables alcanzaron precios récord a nivel mundial, lo cual, el Gobierno esperaba, se traduciría en inversión de empresas de renovables con capital extranjero. La modificación de López Obrador abre la puerta a revisar contratos ya firmados y la revocación de permisos de autoabastecimiento, ampliamente utilizados por las empresas para suministrarse electricidad a partir de fuentes privadas.

Empresas generadoras de energía presentaron cientos de amparos en contra de las modificaciones a la LIE a días haber pasado en el Senado, en marzo, lo cual paralizó temporalmente la implementación de la propuesta. El fallo del jueves es un avance para el presidente, pero no significa que la LIE entre inmediatamente en vigor, explica Julia González, abogada especialista en cumplimiento regulatorio en el sector energético en la firma González Calvillo, en la Ciudad de México, ya que son cientos de trámites los que se tienen que hacer antes. “Esta es una señal de alarma”, dice González, “porque pudiera darse el caso de que sí se revoquen todas las suspensiones”. Además de los amparos, la Comisión Federal de la Competencia Económica y los partidos de oposición recurrieron los cambios ante la Suprema Corte, que todavía tiene que pronunciarse.

López Obrador ha hecho de la agenda energética un eje central de su proyecto político. No solo logró la aprobación de sus propuestas para la LIE en marzo, sino que en abril propuso cambios en el sector de los hidrocarburos con el fin de devolver el control del mercado a la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex). El plan ya ha tenido repercusiones al sembrar incertidumbre sobre el futuro y desincentivar la inversión.

“La realidad estamos perdiendo el tiempo, y esto lo único que ocasionará es que nadie quiera invertir en México en la parte eléctrica”, opina Ramsés Pech, analista independiente del sector energético mexicano, “y esto ocasionaría que nadie tendrá la confianza de entrar a licitaciones a CFE, debido a que las leyes pueden ser modificadas, y causan litigios”. La semana pasada, una empresa estadounidense comercializadora de gas anunció que entró en un proceso de arbitraje en contra de CFE porque la empresa estatal no le ha pagado.

El mundo está moviendo en forma rápida, y nosotros nos quedaremos sumergidos en la incertidumbre por no ponernos de acuerdo”, dice Pech. El experto asegura que la Secretaría de Energía no cumplirá con la cuota establecida de energías limpias para el 2024 “y a sabiendas que Europa está implementando políticas públicas, y Estados Unidos ayer presentó una propuesta de ley para poder tener acceso a energías limpias e invertir en infraestructura”.