El mercado negro de vacunas contra el coronavirus ha emergido como un negocio lucrativo en México. Productos falsificados o de contrabando con la etiqueta de los gigantes farmacéuticos mundiales se ofrecen en internet, redes sociales y clínicas homeopáticas en un rango de precios que va desde los 10 dólares (unos 8 euros) hasta superar los 500 por dosis. Las autoridades han emitido seis alertas sanitarias desde el inicio de la pandemia sobre el fraude de las vacunas pirata, y han pedido a la población que evite fármacos ilegales y de dudosa procedencia. “Es un riesgo para la salud”, ha alertado este jueves la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), el ente regulador.
México cuenta con una amplia variedad de vacunas contra la covid-19. El número de dosis adquiridas ronda los 250 millones con contratos para tener acceso a los fármacos de AstraZeneca, Pfizer, la rusa Sputnik V, los laboratorios chinos CanSino, Sinovac y Sinopharm, así como las que lleguen a través del mecanismo Covax (una iniciativa multilateral para garantizar el acceso a estos fármacos a países con menos recursos). El país, sin embargo, no ha estado exento de los contratiempos y los problemas de suministro que han aquejado a otras partes del mundo, y la vacunación ha avanzado a un ritmo lento si se considera el tamaño de la población: se han aplicado alrededor de 14 millones de dosis, pero el objetivo es inmunizar a más de 117 millones de habitantes.
Todas las marcas que se distribuyen en México han sufrido falsificaciones, e incluso algunas que nunca se han distribuido en el país. Tras un análisis independiente, Pfizer detectó que al menos 80 personas recibieron dosis falsas en una clínica de la zona metropolitana de Monterrey, una de las principales ciudades industriales del país, que ofrecía paquetes de dos aplicaciones por más de 25.000 pesos (más de 1.000 dólares), de acuerdo con The Wall Street Journal. El precio es 25 veces más alto que el costo reportado del medicamento. El local fue clausurado en febrero pasado y seis personas fueron detenidas. La farmacéutica identificó etiquetas falsas en el caso mexicano y también encontró que en Polonia se comercializaban productos antiarrugas como vacunas suyas contra la covid.
Pfizer ya había denunciado desde principios de año que grupos criminales mexicanos habían usurpado su marca para ofrecer inyecciones falsas en una página de internet. Tan solo entre enero y febrero, las seis alertas sanitarias de Cofepris advirtieron de versiones apócrifas de las vacunas de AstraZeneca, CanSino, Sinovac y Sinopharm, a pesar de que de esta última no ha llegado ningún embarque desde Asia. Es el mismo caso de la estadounidense Moderna, que tiene una versión pirata en México pese a que el producto original no fue adquirido ni autorizado por el Gobierno.
Faltas de ortografía en ruso
A mediados de marzo, personal de aduanas y soldados se incautaron de más de 5.700 dosis falsas de la Sputnik V en Campeche, al sur del país, que iban a ser transportadas en una avioneta privada con destino a Honduras. Detrás de la operación estaba el magnate hondureño-pakistaní Yusuf Amdani, uno de los hombres más ricos de Centroamérica, que admitió a través de un comunicado de una de sus empresas que su intención no era “introducir de forma ilegal vacunas”, sino aplicarlas “de forma gratuita a colaboradores y sus familiares”.
EL PAÍS constató que el etiquetado de los viales tenía faltas de ortografía en ruso y el Kremlin se desmarcó al asegurar que las vacunas, que viajaban escondidas en una nevera con refrescos y golosinas, habían sido falsificadas. La forma en la que fueron adquiridas esas dosis aún es un misterio. Lo preocupante es que unos 1.000 trabajadores de una maquiladora de Amdani en Campeche recibieron esa sustancia, sin saber exactamente qué les inyectaron. Un portavoz de la Fiscalía General de la República (FGR) ha dicho a este diario que se sigue investigando el caso, pero que no puede asegurar que sea un producto apócrifo o de contrabando porque aún no han concluido los peritajes sanitarios.
Un par de semanas antes del decomiso en Campeche, Naciones Unidas también fue víctima de los fraudes. Un grupo de personas se hizo pasar por funcionarios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), su representación continental, para ofrecer vacunas contra la covid. Los estafadores, incluso, enviaron contratos falsos a los interesados. La ONU tuvo que aclarar que no vendía vacunas. “No se dejen engañar, no proporcionen sus datos, ni realicen pagos solicitados a nombre de la OPS/OMS ni de ninguna otra agencia de la ONU con la finalidad de adquirir vacunas”, se lee en un comunicado.
Robo de datos personales
En un esquema similar, la Secretaría de Salud de Quintana Roo, en el Caribe mexicano, señaló que había criminales que se hacían pasar por brigadas de vacunación del Gobierno con la intención de ofrecer las vacunas y robar datos personales. Las denuncias abarcan desde las ciudades fronterizas con Estados Unidos hasta las poblaciones limítrofes con Guatemala. En la capital, la Agencia de Protección Sanitaria clausuró en marzo una clínica homeopática que vendía un paquete de cinco dosis por apenas 1.000 pesos (unos 50 dólares).
“Claramente es un problema, no solo para las autoridades sanitarias, sino también para la Policía”, ha dicho este jueves Jarbas Barbosa, subdirector de la OPS. Barbosa ha agregado que además de México, hay denuncias de falsificaciones en Argentina y Brasil. Hasta febrero, el brazo cibernético de la Guardia Nacional inhabilitó más de 2.300 páginas web y cuentas en redes sociales que hacían negocios ilegales durante la pandemia: ofrecían pruebas falsas, vendían oxígeno adulterado o comercializaban vacunas apócrifas.
Desde antes de la emergencia sanitaria, la OMS calculaba que uno de cada 10 medicamentos que se vendían en países en desarrollo eran falsos o no cumplían con los estándares de calidad. Y la patronal farmacéutica mexicana estimaba en 2018 que el comercio ilegal de medicinas dejaba 11.500 millones de pesos (más de 550 millones de dólares) a los grupos criminales cada año. Ricardo Monreal, líder en el Senado de Morena, el partido gobernante, pidió a principios de año penas de hasta 22 años de cárcel para quien venda vacunas piratas. La propuesta no ha sido turnada a comisiones.
En medio de un sistema descentralizado con múltiples canales de denuncia a nivel estatal y nacional, la Cofepris y la Fiscalía General de la República no tienen a mano una cifra que dé cuenta de la magnitud del problema. El país no ha cerrado la puerta a que empresas privadas puedan comercializar vacunas en los próximos meses, pero hasta ahora el Gobierno es el único proveedor oficial. La promesa de una vacunación gratuita y universal se ha topado con el lucro de la ignorancia y la desesperación, en un negocio cada vez más rentable en el mercado ilegal alrededor del mundo. La Interpol lo anticipaba desde diciembre: “Las redes criminales tendrán como blanco ciudadanos desprevenidos a través de páginas y curas falsas, lo que supondrá un riesgo significativo para su salud, incluso sus vidas”.
