DURANGO, DGO.- La detención de dos notarios públicos por presuntos fraudes inmobiliarios elevó la presión sobre una de las instituciones más sensibles para la vida patrimonial de los duranguenses. Las investigaciones de la Fiscalía General del Estado incluyen cateos en inmuebles de Durango y Gómez Palacio, así como la revisión de escrituras, protocolos y documentación relacionada con operaciones inmobiliarias que habrían permitido transferencias irregulares de propiedades.
De acuerdo con la información que ha trascendido, una de las líneas de investigación se centra en posibles alteraciones documentales y operaciones vinculadas con bienes de personas fallecidas. El avance del caso provocó que el Colegio de Notarios emitiera un posicionamiento público para deslindar al gremio de las conductas atribuidas a los implicados, mientras crecen las exigencias ciudadanas para ampliar las revisiones a otras notarías del estado.
Más allá de las responsabilidades individuales que determinen las autoridades, el caso abre un debate sobre la confianza en los mecanismos que garantizan la certeza jurídica de la propiedad. Cuando se pone bajo sospecha a quienes tienen la función de dar fe pública a actos patrimoniales, el impacto trasciende los tribunales y alcanza uno de los pilares fundamentales de la actividad económica y la seguridad jurídica de cualquier sociedad.
