Navalni, en el tribunal de Moscú, el pasado 12 de febrero.AFP

Las autoridades rusas han trasladado este lunes al líder opositor Alexéi Navalni a un hospital penitenciario desde la colonia penal donde cumple condena. El activista, que está en huelga de hambre desde hace tres semanas por la negativa del Gobierno a que le vea un especialista médico elegido por él, recibirá un tratamiento con vitaminas, según el servicio penitenciario, que aseguró que tenía el consentimiento del opositor, que había denunciado en los últimos días a través de sus abogados que querían alimentarle a la fuerza. Sus aliados creen que el traslado de Navalni significa que ha empeorado, aunque las autoridades del penal han asegurado en un comunicado que su estado es “satisfactorio”.

En vídeo, el alto representante para la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, afirma este lunes que la situación sanitaria del opositor ruso Alexéi Navalni “es muy preocupante”.

La preocupación de la comunidad internacional por la salud del crítico con el presidente ruso Vladímir Putin, que se recuperó de un envenenamiento casi mortal sufrido el pasado verano en Siberia y tras el que Occidente ve la mano del Kremlin, se ha disparado en los últimos días. El fin de semana, tras revisar sus análisis entregados por la familia, sus médicos personales, que no han podido verle, habían alertado de que su vida corría peligro. La Unión Europea ha intensificado sus llamamientos a Moscú para que acceda a que Navalni reciba tratamiento médico adecuado. Mientras, Estados Unidos ha advertido de que si muere “habrá consecuencias”.

Navalni, preso en la severa colonia penal IK-2 desde mediados de marzo, ha sido ingresado en un centro hospitalario de otro penal de alta seguridad. Allí, han asegurado las autoridades, recibirá la visita diaria de un médico. El opositor, que empezó a quejarse hace semanas de un fortísimo dolor en la espalda al que se le sumó el entumecimiento de las piernas y los brazos, denunció poco después de llegar a prisión que los responsables de la colonia penal no le permitían recibir la visita de sus médicos y de un especialista elegido por él. Solo le han revisado los sanitarios del penal o designados por las autoridades. El opositor describió las condiciones y el trato como “tortura”.

Le han diagnosticado una hernia de disco, pero el opositor y su equipo creen que puede estar sufriendo también las consecuencias del envenenamiento del pasado agosto con una neurotoxina militar de la familia Novichok fabricada en la antigua URSS, que le tuvo una veintena de días en coma en un hospital alemán, donde fue trasladado para recibir tratamiento tras las presiones al presidente Putin de la canciller alemana, Angela Merkel.

Una de las médicas personales de Navalni, Anastasia Vasilieva, directora además del sindicato vinculado al opositor Alliance of Doctors, puso en duda que el hospital para presos donde va a estar internado el activista sea el lugar adecuado. “No es un hospital donde se puede determinar un diagnóstico y prescribir un tratamiento para sus dolencias. Es una prisión donde se trata la tuberculosis”, ha señalado Vasilieva, que reclama ver a su paciente.

El director de la Fundación Anticorrupción (FBK) de Navalni, Ivan Zhdanov, ha declarado este lunes que con el traslado del opositor y la descripción de su estado como “satisfactorio”, las autoridades siguen con su política de ocultar información y quieren disuadir a sus partidarios de nuevas manifestaciones en apoyo del opositor. Su equipo ha convocado una marcha este miércoles, el mismo día que Putin tiene previsto pronunciar su discurso anual sobre el Estado de Rusia ante la Asamblea Federal. “Todo esto significa que la condición de Navalni se ha vuelto tan mala que incluso un campo de tortura lo reconoce”, ha dicho Zhdanov. “Está absolutamente claro que a partir de ahora, antes de la protesta, recibiremos algo como ‘buenas noticias’ sobre Alexéi [Navalni]”, ha remarcado en Twitter el director de la FBK.

Al mismo ritmo que crecen los llamamientos internacionales para que las autoridades rusas brinden una atención adecuada al opositor, el Kremlin cierra filas sobre el abordaje del caso. Este lunes, tras las peticiones de la UE y las advertencias de EE UU de que habría consecuencias si el opositor muere, el portavoz del presidente Putin, Dmitri Peskov, ha recalcado que “la salud de los presos no es de interés” de otros países. Peskov advirtió además de que las autoridades no han autorizado la manifestación de este miércoles convocada por los partidarios de Navalni y que la policía intervendrá.

En otro esfuerzo por tratar de acotar la protesta, el regulador de telecomunicaciones ruso, Roskomnadzor, ordenó a YouTube (por ahora sin éxito) que elimine un video en el que aparecen dos de los aliados de Navalni hablando sobre la marcha, alegando que insta a participar en una marcha no autorizada.

Apoyo de los familiares de Beslán
Cinco familiares de las víctimas de la masacre de la escuela de Beslán, en Osetia del Norte en 2004, en la que murieron 330 personas, 180 de ellos niños, en el brutal asalto de las fuerzas rusas a la escuela adonde permanecían como rehenes de un comando terrorista checheno, han iniciado este lunes una huelga de hambre en solidaridad con Navalni.

Una de las madres que ha iniciado la huelga de hambre, Ella Kasayeva, copresidente de la organización Voice of Beslan, cuya hija estaba entre los rehenes de la escuela Número Uno y sufrió heridas graves, ha señalado que parte del futuro de Rusia depende también de lo que suceda ahora con el opositor. “Guardar silencio es traicionarnos a nosotros mismos. Ese hombre [Navalni] ha sido tomado como rehén y le están rematando. Nuestros hijos también fueron tomados como rehenes en 2004”, ha dicho al diario Novaya Gazeta Kasayeva, una de la que batallaron para lograr en 2017 una condena a Rusia en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo por “fallos graves” durante la toma de rehenes y el asalto.

El asedio a la escuela de Beslán fue una de las peores crisis de la presidencia de Vladímir Putin, que aceleró después la firma de numerosas leyes que fortalecieron su presidencia y otorgaron a las agencias de seguridad nuevos y amplios poderes antiterroristas; se agudizó entonces la represión de los medios de comunicación independientes y de las ONG.

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