La vacunación avanza a un ritmo que supera sus propias promesas. El presidente de EE UU recorre el país, con la vicepresidenta y sus respectivos cónyuges, vendiendo las bonanzas del gran paquete de ayuda a la economía que ha logrado sacar adelante. Los sondeos de opinión le sonríen. Solo un tema parece capaz de amargar a Joe Biden su luna de miel: la crisis en la frontera con México. Miles de personas, muchas de ellas menores, atraídas por el cambio hacia un discurso más humano, saturan las estructuras de acogida, pese a los llamamientos de la Administración contra esas llegadas.
La situación afecta a la órbita de todos los colectivos políticos que gravitan sobre Biden como los platos de un malabarista. Los sectores más progresistas alertan sobre la manera en que son tratados los niños migrantes. Los demócratas centristas temen las críticas de unos votantes recelosos de la inmigración ilegal. Y los republicanos, en su búsqueda de un norte después de Trump, empiezan a ver en los ataques centrados en la inmigración su arma ganadora en las cruciales legislativas de 2022, en las que se volverán a decidir las mayorías en el Congreso y el campo de maniobra de la segunda mitad del mandato de Biden.
Las detenciones por tratar de cruzar ilegalmente la frontera, que ya estaban en sus cifras más altas en una década durante los últimos meses de la presidencia de Donald Trump, se han disparado desde la llegada a la Casa Blanca de Biden el 20 de enero. En febrero hubo 100.000 detenciones, un aumento del 28% respecto al mes anterior. Y en marzo, a un ritmo de 4.000 detenciones diarias, la cifra total puede ser aún mayor. Muchos de esos migrantes, además, son menores no acompañados que huyen de la pobreza y la violencia en Centroamérica.
El número de niños migrantes bajo custodia estadounidense en la frontera se triplicó hasta alcanzar los 3.250 en la última semana de febrero y la primera de marzo, según documentos federales consultados por The New York Times. Los menores deben ser trasladados a refugios, pero estos tenían restricciones de ocupación debido a la pandemia y, aún después de ser levantadas, se encuentran cerca de la saturación. Entre tanto, muchos niños están acogidos en instalaciones poco aptas para ellos, en las que por ley solo podrían permanecer tres días.
La Administración Biden se resiste, no obstante, a hablar de crisis. “La situación a la que nos enfrentamos ahora en la frontera suroeste es difícil. La estamos abordando. Estamos manteniendo nuestras fronteras seguras, haciendo que se cumplan las leyes, y siendo fieles a nuestros valores y principios”, explica en un comunicado Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional.
Mayorkas reconoce que el país “está camino de encontrar más individuos en la frontera suroeste de los que ha encontrado en los últimos 20 años”. “Estamos expulsando a la mayoría de los adultos solos y familias. No estamos expulsando a los menores no acompañados”, añade.
El equipo de Biden subraya que las políticas de Trump, como el desmantelamiento de los canales de inmigración legal y el abandono de la financiación e inversión en la región, contribuyeron a crear esta situación y condicionan la respuesta que se puede dar a corto plazo. “La anterior Administración desmanteló completamente el sistema de asilo. El sistema se destruyó, las instalaciones se cerraron y expulsaron de manera cruel a niños a las manos de traficantes de personas. Hemos tenido que reconstruir el sistema entero”, explica Mayorkas. “La anterior Administración rompió las vías legales que se habían desarrollado para que los niños puedan venir a Estados Unidos de manera segura, eficiente y ordenada, y también cortó la ayuda internacional al triángulo norte de Centroamérica”.
Pero, para los críticos, es evidente que la nueva Administración no estaba preparada para las consecuencias del cambio de tono en la frontera, en un momento en que la situación en los países centroamericanos que lleva a sus ciudadanos a huir no ha hecho sino empeorar con la pandemia. Ahora, las respuestas de Biden se centran en el plazo muy corto –como un problema que se puede resolver ampliando la capacidad de las instalaciones de acogida– y en el muy largo –con ayudas a los países de origen que permitan una mejora de las condiciones de vida que disuada a los ciudadanos de migrar–. Pero la inquietud de muchos demócratas está en el medio plazo. Ahí se sitúan las legislativas de 2022, en las que los republicanos pueden recoger frutos del discurso del miedo, especialmente en Estados de poblaciones blancas y economías deprimidas, en los que Trump sedujo en 2016 con un mensaje nacionalista.
Perder en 2022 las frágiles mayorías en ambas cámaras del Congreso que hoy tienen los demócratas desbarataría, entre otras muchas cosas, el proyecto de política migratoria de Biden. Incluso con el control de las dos cámaras, el partido está comprobando estos días lo delicado de sacar adelante cualquier legislación sobre el tema. Mientras trabajan en un muy ambicioso proyecto de ley que permitiría a los migrantes sin documentos obtener la nacionalidad en ocho años, los congresistas demócratas se disponen esta semana a aprobar una legislación que proteja a los dreamers, aquellos a los que sus padres trajeron al país de manera ilegal siendo menores de edad. Pero en un Senado dividido en 50 senadores de cada partido, aun con el voto de desempate de la vicepresidenta Harris, que puedan sacarlo adelante no está garantizado.
