Al Sisi, en un acto público en el canal de Suez en 2019.AMR ABDALLAH DALSH / REUTERS

Estados Unidos junto a una treintena de países occidentales, entre ellos España, han expresado este viernes su profunda preocupación por las generalizadas violaciones de derechos humanos en Egipto en una declaración conjunta firmada en el marco de una sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra. Se trata de la primera iniciativa de estas características desde 2014, cuando 27 países expresaron su inquietud ante los eventos violentos que tuvieron lugar en el país tras el golpe de Estado un año antes.

En la declaración, presentada por la representante de Finlandia en Naciones Unidas, Kirsti Kauppi, los Estados signatarios han asegurado que están siguiendo “profundamente preocupados la trayectoria de los derechos humanos” en Egipto y han pedido al país “rendición de cuentas y el fin inmediato de la impunidad”. También han llamado la atención sobre la persecución de ciudadanos críticos pacíficos bajo el pretexto de estar luchando contra el terrorismo, así como sobre las “restricciones a la libertad de expresión y al derecho de reunión pacífica, la limitación del espacio para la sociedad civil y la oposición política”.

Una veintena de organizaciones de derechos humanos de todo el mundo han mostrado su apoyo a la declaración en un comunicado conjunto emitido poco después, en el que constatan que la situación de derechos humanos en Egipto se ha “deteriorado dramáticamente” en los últimos años. Joe Biden había asegurado que, de llegar a la Casa Blanca, pondría punto y final a los “cheques en blanco” de Washington al presidente egipcio, Abdelfatá al Sisi, a quien Donald Trump se había llegado a referir como su “dictador favorito”. Al Sisi ganó sus primeras elecciones en 2014, un año después del golpe.

Los Estados firmantes, la mayoría de ellos europeos, han reprobado por primera vez a Egipto la práctica conocida como la rotación, una artimaña jurídica que consiste en incluir a una persona que se encuentra en prisión preventiva a un caso judicial diferente de aquel por el cual fue detenido en primera instancia, aunque a menudo con cargos muy similares después de haber expirado el límite legal de detención preventiva. Asimismo, han pedido al país árabe que levante las restricciones a los medios de comunicación y a la libertad digital, que libere a los periodistas detenidos durante el ejercicio de su profesión, y han expresado preocupación por los múltiples abusos de las garantías procesales en juicios.

“Durante años, Egipto ha escapado al escrutinio en el escenario internacional a medida que las fuerzas de seguridad, respaldadas por los fiscales y el poder judicial, han aplastado brutalmente la oposición pacífica y las críticas. La declaración de hoy es un paso importante para invertir esta tendencia, ya que indica que la comunidad internacional está harta de los abusos y crímenes cometidos en nombre del contraterrorismo en Egipto”, expresa Hussein Baoumi, investigador de Amnistía Internacional, una de las organizaciones firmantes del anterior comunicado.

Saliendo al paso de los reproches, el Ministerio de Asuntos Exteriores egipcio ha expresado en un comunicado su “total rechazo” a las afirmaciones de la declaración, que considera basadas en “información inexacta”, y ha adelantado que su misión en Ginebra va a presentar una declaración propia ante el Consejo de Derechos Humanos para rebatirla.

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La declaración conjunta llega después de que, el pasado noviembre, tres miembros de una prestigiosa organización local de derechos humanos fueran temporalmente arrestados al poco de haberse reunido con 13 diplomáticos occidentales en El Cairo, cuyos países se han sumado sin excepción a la carta. En este sentido, los Estados firmantes han instado a Egipto a que garantice espacio para que la sociedad civil, incluido el anterior grupo, que mencionan explícitamente, pueda trabajar “sin miedo” a cualquier forma de represalia.

A principios de 2021, más de un centenar de ONG de todo el mundo se dirigieron a los Estados miembros de la ONU para advertirles de que el Gobierno egipcio está intentando “aniquilar a las organizaciones de derechos humanos y erradicar [este] movimiento en el país mediante ataques sostenidos, generalizados y sistemáticos”, según el comunicado difundido de este viernes. Estas mismas organizaciones piden ahora que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU establezca un mecanismo de supervisión y de presentación de informes sobre la situación de los derechos humanos en Egipto.

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