A simple vista, en vísperas de su campaña de reelección como alcalde de Cuajimalpa, la carta abierta que difundió el miércoles Adrián Ruvalcaba sobre extorsiones, un intento de secuestro y más grave aún, un “contrato” sobre su vida y la de su familia, parecía una estrategia electoral para victimizarse y ganar votos en junio próximo. Ruvalcaba presentó una denuncia penal hace unos días, de la cual guardó todos los detalles por seguridad, que podría interpretarse como un intento por darle verosimilitud a sus dichos. Sin embargo, hay datos preocupantes que, sin aparentemente estar vinculados a su denuncia, obligan a que se tome en serio y se investigue de manera integral.

Ruvalcaba subrayó que lo que le estaban haciendo era, extrapolando, “un ataque a la democracia” de la capital federal, lo que podría analizarse como una actitud individualista y vanidosa de su parte. No obstante, si se deconstruye lo que está pasando en Cuajimalpa y en algunas alcaldías de la Ciudad de México, el señalamiento puede tener una óptica diferente y, ciertamente, de alto riesgo que requiere la intervención urgente de las autoridades capitalinas y federales, para evitar la penetración del crimen organizado en las campañas electorales.

En el ámbito de lo público, el priista Ruvalcaba se enfrentará a Roberto Candia, quien es una de las piezas que Morena utilizó estratégicamente para darle a Encuentro Social, su aliado electoral, posiciones en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, y así anular a la oposición y reforzar al partido en el poder. Candia tiene respaldos en Palacio Nacional, al haber sido colaborador de César Yáñez, el defenestrado pero aún cercano colaborador del presidente Andrés Manuel López Obrador de los tiempos en que gobernaba la capital, y apoyos en la Secretaría de Relaciones Exteriores, construidos desde que formó parte del equipo de Marcelo Ebrard, en el Palacio del Ayuntamiento.

Para su promoción, Candia está utilizando una fundación llamada Colectivo Cuajimalpa, que es coordinada por el exdiputado del PRD Diego Martínez, quien junto con su protector, Mauricio Toledo, está haciendo una pinza con el Sindicato Libertad para derrotar a Ruvalcaba. De eso se trata el poder, de ganar posiciones y no permitir que alguien se las arrebate en las urnas. El problema, cuya puerta abrió Ruvalcaba con su carta, son los amarres que estos últimos representan. Toledo fue un polémico delegado –hoy alcaldía– de Coyoacán, que usó porros para sabotear mítines de Morena y estuvo involucrado en presuntos actos de corrupción. Toledo salió bien de esos problemas porque comenzó a financiar subrepticiamente la campaña electoral de López Obrador y de candidatos de su partido. Como premio recibió impunidad y el arropamiento de otro aliado del Presidente, el Partido del Trabajo.

El respaldo del Sindicato Libertad, cuyo nombre oficial es Confederación Libertad de Trabajadores de México, tiene otra escala, al estar asociado de manera sistemática con actos criminales. Hay informes de que un alto número de las 50 organizaciones afiliadas a él en 20 estados de la República han estado involucradas en presuntos delitos como secuestro, extorsión, cobro de piso y narcomenudeo, particularmente en sus zonas de mayor influencia en la capital federal, en las alcaldías Iztapalapa, Milpa Alta y Tláhuac, y en los municipios mexiquenses conurbados de Chalco, Ecatepec –donde están impulsando también la reelección del alcalde morenista Fernando Vilchis–, La Paz, Los Reyes y Texcoco.

Su líder es Hugo Bello, cuya organización nació legalmente al amparo de lo que sería el nuevo régimen en 2018, fue detenido y encarcelado en el penal de Tlalnepantla el año pasado por presuntos delitos de robo agravado en pandilla, extorsión, secuestro y huachicoleo, y trasladado hace pocas semanas al Reclusorio Sur de la Ciudad de México. No es secreto que Bello, aun detrás de las rejas, controla desde hace al menos seis años a varios grupos de choque en la zona metropolitana de la capital federal, conocidos como Los Lazcano –que nacieron en la populosa colonia Doctores–, Los Rambo –que se mueve en esa colonia y en la colindante Buenos Aires, donde está el mercado ilegal de partes de automóviles–, Los Molachos –utilizados para realizar desalojos–, Los Godzilla –que presuntamente tiene ramificaciones con La Familia Michoacana– y Los Chiquiticos –que operan en la colonia Morelos, una de las dos más violentas en la capital.

Bello lleva años financiando campañas políticas sin importar el partido, con el fin de tener poder mediante incidencia e influencia en alcaldías. Candia lo conoció por medio de Fernando Aboitiz, actual diputado local de Encuentro Social en busca de la reelección, que fue secretario de Obras y Servicios en el gobierno de Ebard en la Ciudad de México, y jefe de la Agencia de Gestión Urbana en el de Miguel Ángel Mancera. De acuerdo con personas que han establecido las redes de vínculos de Bello, Candía fungiría como el enlace con la clase política vinculada al partido de López Obrador, y Aboitiz, con el poder económico.

No hay posibilidad alguna de que Candia o Aboitiz no conozcan los antecedentes de Bello, ya que la información sobre sus actividades criminales es pública y abundante. El problema es que aun sabiéndolo, se recarguen en él para ganar en las elecciones. Lo mismo se puede argumentar de Encuentro Social, un partido que si bien ha dado pruebas fehacientes de que la ética no corre por sus venas cuando de ganar votos se trata, está caminando por un terreno cada vez más riesgoso y peligroso.

López Obrador propuso hace unos días que los partidos enviaran sus listas de candidatos a la Fiscalía General, para que les sirviera como caja de verificación y pudieran saber si sus candidatas o candidatos tienen denuncias o carpetas de investigación abiertas. La idea es buena, en las condiciones sociopolíticas en las que se encuentra México, pero habría que añadir la certificación de que quienes los respalden tampoco tengan problemas con la ley, una prueba que, por lo pronto, ni Candia ni Aboitiz pasarían.

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