A pesar de que las mujeres son el grupo poblacional mayoritario, de la existencia de brechas laborales respecto de los hombres y de una escalada en la violencia hacia las mujeres y aumento de feminicidios, el Presupuesto de Egresos de la Federación (2021) etiquetó solo 2 por ciento del gasto con perspectiva de género.
En 2021 el gasto neto total aprobado asciende a 6 billones 295 mil 736 millones 200 mil pesos, de los cuales, apenas 2 por ciento se clasificaron con perspectiva de género.
Lo anterior quiere decir que solo 128 mil 353.6 millones de pesos se etiquetaron en el rubro de gasto “Acciones a Realizar que Promuevan la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Erradicación de la Violencia de Género y Cualquier forma de Discriminación de Género”, indican los datos del PEF.
El presupuesto público con enfoque de género ha aumentado a cuentagotas en poco más de una década.
En 2008 se incorporó por primera vez en el PEF el Anexo 13 de Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que son recursos etiquetados con perspectiva de género tras una reforma a la Ley de Planeación y a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
“El objetivo de esa reforma fue cumplir con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres incorporando la perspectiva de género en los programas del gobierno para eliminar barreras discriminatorias, igualar oportunidades y mejorar condiciones de vida”, escribió Claudia Corichi, titular de Unidad en la ASF, en el documento “Presupuestos con perspectiva de género”.
En 2008, cuando se incluyó el enfoque de género, el gasto clasificado con esa perspectiva apenas alcanzaba un nivel de 0.5 por ciento respecto del PEF total aprobado; fue hasta 2019 que el gasto con enfoque de género rebasó el 1 por ciento como proporción del gasto total aprobado.
Para 2020, el gasto con enfoque de género subió a 1.7 por ciento como proporción del PEF aprobado, hasta llegar al 2 por ciento reportado para el PEF de 2021.
Las subidas en el gasto aprobado en el PEF con enfoque de género de 2019 a la fecha se atribuyen, principalmente, a que ha habido aumentos en los recursos a programas sociales emblema del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Entre los programas “estrella” se encuentran Pensión para Personas Adultas Mayores, Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez, Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez, Jóvenes Construyendo el Futuro, principalmente.
Esos cuatro programas sociales agrupan un presupuesto de 85 mil 680 millones de pesos para transferencias que representan 67 por ciento del gasto con perspectiva de género aprobado para 2021.
Sin embargo, el mayor gasto a esos programas no implica necesariamente atender la problemática de género.
“La revisión del gasto en 2019, por parte de la ASF, nos confirma algo que ya sabíamos: el presupuesto para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres no es claro (…) La política para prevenir y erradicar la violencia requiere replantearse”, consideró la organización Simetría A.C., dedicada a analizar, evaluar y diseñar políticas públicas que consideren el enfoque de género y de derechos humanos.
En el polo opuesto de la tendencia que han seguido los programas sociales del presidente, se encuentran otras áreas encargadas de atender denuncias de violencia de género, de garantizar seguridad para las mujeres o de investigar feminicidios.
Por ejemplo, la Fiscalía General de la República (FGR), una de las instituciones encargadas de investigar feminicidio, si bien son en las fiscalías estatales en quienes recae la obligación de investigar y sancionar ese delito, tiene en 2021 un presupuesto aprobado de 17 mil 275 millones de pesos, sin embargo, solo 0.5 por ciento se clasificó con perspectiva de género.
Ese porcentaje es más bajo que el de 0.7 por ciento que se aprobó en el PEF de 2019 para investigar y perseguir los delitos cometidos en materia de derechos humanos y promover la erradicación de la violencia de género.
Otro ejemplo es la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la cual para este año se le aprobó un presupuesto de 63 mil 441 millones de pesos, no obstante, solo 3.5 millones de pesos se etiquetaron con perspectiva de género, es decir, únicamente el 0.006 por ciento del total va para políticas para garantizar seguridad pública y promover igualdad de género en servidores públicos de instancias de seguridad en los tres niveles de gobierno.
“México tiene el desafío de fortalecer la capacidad institucional para que la aplicación transversal de la perspectiva de género sea una realidad para todas las categorías del gasto, en todo el ciclo presupuestal y todas las fases de las políticas públicas, además, se deben establecer indicadores de medición del impacto de la política pública de igualdad de género”, afirmó Corichi.