Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, reunidos este lunes en Bruselas, han acordado estrenar con un listado de personas vinculadas al Kremlin el nuevo régimen de sanciones por violación de derechos humanos. La decisión, que deberá concretarse oficialmente en los próximos días, llega tras el reciente choque frontal en Moscú entre el alto representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, y el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, a cuenta del encarcelamiento del opositor ruso Alexéi Navalni y la represión de algunos de sus simpatizantes.
El acuerdo alcanzado, según fuentes diplomáticas, despeja el camino para una nueva ronda de sanciones. E ilustra el creciente deterioro de la relación entre Bruselas y Moscú. Además de las sanciones comerciales impuestas por la agresión rusa contra la integridad territorial de Ucrania, la UE ya ha prohibido la entrada y ha decretado la congelación de sus bienes en territorio comunitario a más de 180 altos cargos de la Administración rusa. El listado se ampliará ahora con otra lista de nombres que se basará en el nuevo instrumento de sanciones por violación de derechos humanos.
El castigo, sin embargo, reviste un carácter más simbólico que real. La lista adicional con un puñado de nombres parece impresionar muy poco a los jerarcas del Kremlin. Este mismo lunes, el embajador ruso ante la UE, Vladimir Chizhov, ha minusvalorado en una entrevista lo que ha calificado como “nueva ronda de medidas restrictivas ilegítimas y unilaterales contra Rusia, que no se pueden llamar sanciones porque las sanciones son una prerrogativa exclusiva del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas”.
La mayoría de los socios europeos se sienten alarmados por lo que consideran una deriva autoritaria y agresiva del actual presidente ruso. Pero las grandes capitales, con Berlín al frente, abogan por una respuesta muy gradual y que en ningún caso ponga en peligro la relación bilateral con el país vecino. Los socios que se sienten más vulnerables, como Polonia y los países bálticos, defienden en cambio una respuesta contundente que mantenga a raya cualquier tentación extraterritorial de Moscú.
Los Veintisiete han optado por una vía intermedia, más cercana a los postulados de Berlín. Y aplicarán un castigo selectivo concentrado en un puñado de altos cargos rusos a los que se pueda probar cierta vinculación con el encarcelamiento de Navalni y la represión de los manifestantes.
El régimen de sanciones por violación de derechos humanos fue aprobado el pasado mes de diciembre y permite castigar a los responsables individuales de las presuntas violaciones. El mecanismo, que emula a la llamada ley Magnitski de EE UU, busca concentrar el castigo en personas concretas sin necesidad de establecer un régimen de sanciones contra su país de origen.
Se trata del cuarto régimen sancionador aplicado a Rusia desde 2014, cuando se decretaron represalias económicas por la ocupación y anexión del territorio ucranio de Crimea. En 2019, la UE estrenaba con oficiales rusos y sirios su nuevo régimen de sanciones por ataques con armas químicas, esgrimido también a finales del año pasado para castigar el envenenamiento de Navalni. Y en 2020, la UE también estrenó con Rusia su régimen de sanciones por ciberataques.
Bruselas insiste en que las sanciones no son un fin en sí mismo, sino un instrumento para modificar la conducta o las prácticas del país castigado. Pero en el caso de Rusia las repetidas represalias comunitarias no han logrado hasta ahora variar un ápice la política internacional de su presidente, Vladímir Putin, a quien Bruselas culpa de injerencias en procesos democráticos occidentales, ataques con armas químicas en territorio de la UE, hostigamiento a países vecinos (como Ucrania o Georgia) y de intervenciones militares en conflictos como los de Siria o Libia.
Venezuela
Los ministros europeos de Exteriores también ha acordado este lunes ampliar la lista de sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela tras las elecciones a la Asamblea Nacional del pasado 6 de diciembre. La UE ha sumado otros 19 altos cargos venezolanos a la lista de personas que tienen prohibida la entrada en los 27 Estados miembros y a los que se debe congelar los bienes que posean en territorio europeo. El castigo, según los ministros, se debe a que esos cargos socavaron los derechos democráticos de la oposición venezolana en unos comicios que, según Bruselas, no respondieron a unos mínimos estándares de pluralidad y transparencia.
Las nuevas sanciones elevan a 55 las autoridades venezolanas en la lista. La UE empezó a adoptar medidas restrictivas contra el régimen de Maduro en 2017.
