Irlanda del Norte ha comenzado a vivir las tensiones que los negociadores comunitarios y británicos del Brexit intentaron a toda costa no despertar durante años. La espita, aparentemente, fue el intento de la Comisión Europea —del que no tardó en echarse atrás— de invocar un mecanismo de seguridad contemplado en el Acuerdo de Retirada del Reino Unido para controlar las exportaciones de vacunas desde la República de Irlanda (territorio de la UE) al lado británico de la isla. La maniobra, un efecto colateral del conflicto que enfrentó a Bruselas con la farmacéutica AstraZeneca, acabó desatando la ira de Londres, de Dublín, y de los políticos unionistas y republicanos norirlandeses. Unos días después, pintadas amenazantes en los alrededores de los puertos de Belfast y Larne, en las que se señalaba como “objetivos” a los trabajadores aduaneros, llevaron al Gobierno autónomo norirlandés y a la propia UE a retirar temporalmente por seguridad a sus trabajadores.
En esas dos instalaciones portuarias hay puestos de control para realizar las nuevas inspecciones ganaderas y fitosanitarias que impone el Brexit, que se realizan entre Irlanda del Norte y el resto del territorio británico para evitar una frontera física entre las dos Irlandas y cumplir con los acuerdos de paz que pusieron fin a décadas de conflicto en 1998.
La metedura de pata de la Comisión con las restricciones a la exportación de vacunas ha brindado al Gobierno de Boris Johnson una oportunidad de oro para reclamar una renegociación del protocolo sobre Irlanda del Norte, uno de los capítulos más políticamente espinosos para Londres del acuerdo del Brexit. El Reino Unido ha reclamado nuevas concesiones a Bruselas como vía para calmar los ánimos en su provincia irlandesa.
Bruselas interpreta que los problemas aduaneros registrados en los últimos días no se deben al protocolo, sino al Brexit. Y que el patinazo del pasado viernes con el reglamento sobre restricciones tiene poco que ver o nada con las tensiones de los últimos días en Irlanda del Norte. Pero el Gobierno británico se ha dirigido por escrito en términos muy duros a la Comisión para exigir una renegociación. Y tras su error, el organismo comunitario se ha visto forzado a estudiar las quejas de Londres.
“Esperaba una respuesta firme, pero la reacción ha sido mucho más negativa de lo previsto”, explicaba por carta el jefe de Gabinete de Johnson (con rango ministerial), Michael Gove, al vicepresidente de la Comisión Europea Maros Sefcovic este martes. Ambos presiden el comité conjunto que supervisa el cumplimiento del Acuerdo de Retirada firmado en enero de 2020. “Entre todos los partidos políticos, la sociedad civil y las organizaciones empresariales de Irlanda del Norte se ha vivido una sensación de conmoción y rabia”, indicaba Gove.
El hombre de confianza de Johnson reprochaba en su texto al Ejecutivo comunitario que hubiera intentado invocar el mecanismo de seguridad contemplado en el artículo 16 del protocolo de Irlanda sin previo aviso a Londres, como establece ese anexo del Acuerdo de Retirada, y exigía soluciones inmediatas para aplacar los ánimos. En concreto, la extensión del periodo de gracia en los controles aduaneros de determinadas mercancías, que expira el 1 de abril, hasta junio de 2023. Gove exige específicamente esa prórroga para la línea de suministros a supermercados, para la carne congelada, para los servicios de paquetería y para las medicinas.
La línea más dura del Partido Conservador ha aumentado también la presión sobre Johnson. Nunca aceptó la cesión final del primer ministro para sacar adelante su acuerdo del Brexit: mantener a Irlanda del Norte en el espacio aduanero y el mercado interior de la UE y trasladar los controles aduaneros al mar de Irlanda, para evitar que se pudiera levantar una nueva frontera dura entre las dos Irlandas que pusiera en peligro la paz alcanzada en los Acuerdos de Viernes Santo. Los partidos pro-británicos norirlandeses, los llamados unionistas, se sintieron traicionados, y han aprovechado el traspié de Bruselas con el conflicto de las vacunas para elevar sus protestas.
Johnson amenazaba el miércoles en la Cámara de los Comunes con invocar él mismo el polémico artículo que la UE amagó con usar. “Creemos que es muy importante que el Protocolo [de Irlanda] no levante barreras innecesarias —o barreras de ningún tipo— en el mar de Irlanda”, ha proclamado Johnson.
A pesar de que políticos irlandeses y norirlandeses se han esforzado en las últimas horas por llamar a la calma, y de que la propia policía autónoma del territorio británico de la isla ha descartado que las pintadas amenazantes sean obra de grupos paramilitares, hay una convicción generalizada de que puede volver a agitarse un avispero que llevaba años dormido. El primer ministro irlandés, Micheál Martin, describía los últimos acontecimientos como “desagradables y siniestros”.
El vicepresidente comunitario Sefcovic se reunió el miércoles con Gove; con Arlene Foster, primera ministra del Gobierno autónomo de Irlanda del Norte y líder del partido unionista DUP; y con Michelle O’Neill, vicepresidenta norirlandesa y miembro del Sinn Féin, el partido republicano partidario de la reunificación de Irlanda. Ha podido escuchar de primera mano sus preocupaciones y la descripción de la tensión reinante en la zona. Todos le han exigido una solución a la actual crisis política. “Lo que se requiere ahora son soluciones políticas, no técnicas (…) Irlanda del Norte no sería hoy lo que es si las negociaciones que condujeron a los Acuerdos de Viernes Santo se hubieran realizado sobre una base técnica y legalista”, había advertido Gove a Sefcovic en la carta enviada horas antes.
Finalmente, ambos han acordado —y anunciado en un comunicado conjunto— volver a sentarse a revisar el protocolo de Irlanda. “Condenamos sin reservas cualquier amenaza o intimidación. La seguridad y el bienestar del pueblo de Irlanda del Norte y de nuestro personal en la zona serán siempre nuestra prioridad”, decía el texto. El Comité Conjunto ha acordado volver a reunirse en Londres la semana que viene para seguir discutiendo “el desarrollo apropiado del protocolo, que proteja las ganancias del proceso de paz, mantenga la estabilidad en la zona y evite cualquier disrupción del día a día de los habitantes o una frontera dura en la isla de Irlanda”.
