Con el voto indeciso como la tercera opción más mayoritaria en las encuestas electorales de Ecuador, los candidatos a presidente han lanzado en la última semana de campaña una serie de propuestas dirigidas a esa gran masa indefinida de ecuatorianos que aún no tiene claro a quién señalar en la papeleta. Subir el sueldo básico de 400 dólares mensuales a 500 dólares es lo que ofrece el conservador Guillermo Lasso en contraste con un programa de gobierno que señala el costo de la mano de obra como una de las razones de la falta de competitividad del sector privado nacional. Andrés Arauz, su principal oponente auspiciado por Rafael Correa, proporciona acceso a pruebas de detección de la covid-19 gratuitas aprovechando las críticas al limitado y cuestionado plan de vacunación del Gobierno de Lenín Moreno. Son dos ofertas de última hora entre una amalgama de medidas efectistas que incluyen subsidios y bonos mensuales para los más desfavorecidos hasta bajada de impuestos y la creación de miles de puestos de trabajo.
En medio de todo, un cruce de acusaciones desde el púlpito de las redes sociales entre los simpatizantes de los dos candidatos más opcionados dejan a los otros 14 aspirantes a ocupar el palacio de Carondelet en espera de que el desgaste mutuo rebote a su favor. Ese lanzamiento de propuestas de última hora, que no habían sido anunciadas en el mes de campaña electoral que termina este viernes, habla de unas candidaturas que no llegan a tener ventaja suficiente como para ganar este domingo en las urnas en una sola vuelta y así evitar un segundo enfrentamiento en abril entre los dos más votados.
El ganador de la contienda electoral encontrará un país con un reguero de problemas pendientes desde hace años y agravados por las dificultades económicas que acechan a Ecuador desde la caída de precios del petróleo de 2014. Siendo una economía dolarizada, que no puede emitir dinero ni jugar con la devaluación monetaria, el país andino ha lidiado desde el final de la Administración de Rafael Correa en adelante con la merma de recursos en la exportación de petróleo que acentuó el déficit fiscal entre ingresos y gastos, disparó la deuda pública y agravó la informalidad del mercado laboral.
”Nuestro objetivo es crear dos millones de empleos. Vamos a recuperar lo que destruyeron en los últimos 14 años”, reiteraba Lasso a mediados de enero, haciendo hincapié en su trayectoria como empresario. “Vamos a entregar 1.000 dólares a un millón de familias para que puedan emprender”, lanzaba en diciembre Arauz, asegurando que tomaría el dinero de las reservas que el Banco Central de Ecuador tiene en el exterior, pese a que esos ahorros están conformados en parte como respaldo del dinero que los depositantes tienen en sus cuentas bancarias. “Esos recursos están ahí simplemente para quedar bien con los banqueros. Pero en momentos de crisis, esos recursos tienen que usarse en el Ecuador”, insistía el candidato apadrinado por el correísmo a sabiendas de las estrecheces económicas del país.
El próximo Gobierno lidiará con un presupuesto extendido -al ser año electoral, las cuentas son las mismas que las del 2020- en el que se habían incluido como ingresos 2.000 millones de dólares por año por ventas de activos del Estado que nunca llegaron a concretarse. Con la firma de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el Gobierno de Lenín Moreno se comprometió, además, a ejecutar reformas tributarias para prácticamente desvanecer la brecha fiscal en dos años que obligan a ajustar el gasto público.
El Ejecutivo actual deja también, en cambio, un importante balón de oxígeno al presidente entrante al haber renegociado la deuda en bonos soberanos en plena pandemia y logrando una quita de más de 1.500 millones de dólares con la reestructuración del pago de 17.000 millones de dólares, con un periodo de gracia de cinco años en capital y una notoria rebaja en las tasas de interés.
En la corrupción y la lucha contra la delincuencia, el horizonte es más complicado. A los casos de irregularidades, investigados y sentenciados, como el de Odebrecht que envió a prisión al exvicepresidente Jorge Glas o el de sobornos por el que está condenado Rafael Correa y varios ministros de su gobierno, han sobrevenido en esta legislatura nuevas tramas que afectan a los hospitales públicos por sobreprecios en la compra de medicinas y material médico durante la crisis del coronavirus. En paralelo, la inseguridad se ha descontrolado en el país y especialmente en Guayaquil, la capital económica y la segunda ciudad más poblada tras Quito, en donde ha habido 47 víctimas de sicariato en lo que va de año y donde se registraron 363 muertes violentas en 2020, pese al despliegue de policías que ordenó el Gobierno el pasado diciembre ante el aumento de asaltos.
”Abandonaron a su suerte a enfermos de covid, luego importaron pocas vacunas que reparten entre familiares y amigos. El gobierno de Moreno y Lasso maneja la pandemia sin transparencia ni humanidad. Ecuatorianos, falta muy poco para que tengamos un buen gobierno”, reprochó Arauz, insinuando que su opositor en la carrera presidencial es parte del Ejecutivo actual en la sombra. “Que me oigan fuerte y claro: el dinero del Estado es sagrado. Que me entiendan bien aquellos que durante mucho tiempo hicieron del Estado un botín a repartir. No habrá contemplación ni olvido para ellos”, censuró Lasso afeando las irregularidades detectadas en la década de Gobierno de Correa.
