El grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados presentó ante la Fiscalía Especializada Para Delitos Electorales (Fepade) una denuncia en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, de su equipo del sector salud y de las brigadas de la Secretaría del Bienestar, integradas por los llamados “servidores de la nación” encargados de la distribución de las vacunas COVID-19, por uso electoral de la estrategia nacional de vacunación.
Ante el organismo dependiente de la Fiscalía General de la República, los legisladores panistas -encabezados por el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, secretario de la Comisión de Salud en el Palacio Legislativo- acusan un “uso indebido de recursos públicos, por la difusión de propaganda gubernamental con fines de promoción personalizada y la utilización del padrón electoral en la estrategia de vacunación contra el SARS-CoV-2”.
En la denuncia 2100021996-52D37B argumenta “un conjunto de hechos que pueden ser constitutivos de los delitos electorales”, al señalar “conductas negligentes y omisiones por parte de Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República; Javier May Rodríguez, titular de la Secretaría de Bienestar; Gabriel García Hernández, coordinador general de Programas para el Desarrollo del Gobierno Federal; los delegados estatales y coordinadores regionales de Programas para el Desarrollo y de los denominados “servidores de la nación”.
Expone que “una gran parte del padrón electoral, que son beneficiarios de los principales programas del Bienestar (adultos mayores 14.5 millones y menores de 40 años 29 millones) son la población objetivo de vacunación del gobierno federal, la cual estaría expuesta a propaganda electoral de Morena por medio de los denominados ´servidores de la nación´, individuos que están lejos de ser empleados públicos, sino reclutadores políticos a favor del partido del Presidente”.
Precisa que se tiene un registro de 19 mil 060 “servidores de la nación” encargados de realizar el censo y posterior selección de la población a la que le será aplicada la vacuna; “no obstante, no es posible identificar su área geográfica de adscripción o las atribuciones que dicho personal tiene, tampoco se detallan sus funciones en el Reglamento Interno de la Secretaría de Bienestar, o en el de la Coordinación Nacional de Programas para el Desarrollo, por lo que su labor en la estrategia de vacunación carece de sustento legal”.
Señala que, de acuerdo al artículo 134, párrafos 7 y 8 de la Constitución, “los servidores públicos tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos”.
“La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”, indica.
Por su parte, el diputado Ramírez Barba dijo que la actuación de los “servidores de la Nación” “configura, al menos, violación al principio de imparcialidad por el uso indebido de recursos y servicios de carácter público y difusión de propaganda gubernamental, con fines de promoción personalizada para influir en la contienda electoral de 2021 a nivel federal y local”.
Planteó que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece, en su artículo 449, entre otros apartados, en el inciso F que, “constituye una infracción la utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal, estatal, municipal, o de la Ciudad de México, con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o persona candidata”.
Como medios de prueba, el legislador federal panista ofreció imágenes con las cuentas de Twitter y Facebook del presidente Andrés Manuel López Obrador; Mario Delgado Carrillo, presidente nacional de Morena; las cuentas institucionales de Twitter de Morena, de sus diputados federales y senadores, “en las que se puede acreditar sincronía y mensajes similares referentes al proceso de vacunación, con el propósito de realizar propaganda y promoción personalizada de Morena y el titular del Poder Ejecutivo Federal”, según acusó.
