En la alborada de cada año, siempre despertamos a una realidad heredada, o bien, recibiendo un mar de noticias, unas “buenas”, otras “malas” y hasta “peores”.

En efecto, los primeros días de 2021 transcurren con la inercia de lo ocurrido en 2020, lo que incluye el sentir generalizado de que el mundo colapsó a causa de la pandemia de COVID-19, provocada por el virus SARS-CoV-2, según la información oficial disponible.

Más allá de las teorías conspirativas que explicarían parte de esta grave crisis sanitaria, resalta el hecho de que la economía global está viendo uno de sus peores cataclismos, con excepción de China, país donde se originaron los contagios.

A la debacle económica que alcanzó a México, se suman problemas relacionados con el deterioro de la salud, causados por el confinamiento y demás medidas a que nos sigue forzando el Covid-19. Se trata de padecimientos físicos y mentales por igual: depresión, ansiedad, estrés, miedos, obsesiones, compulsiones, anorexia, bulimia, sobrepeso, dolores, insomnio, problemas de pareja, sexuales, digestivos, adictivos, falta de rendimiento en los estudios, etcétera.

Llama la atención que los especialistas anuncien un repunte en las tasas de sobrepeso y obesidad, por efecto del sedentarismo a que nos orilló la emergencia sanitaria. Por consiguiente, habrá un descenso en la calidad y esperanza de vida, fenómeno en el que tienen mucho que ver las enfermedades crónico degenerativas que padece un significativo porcentaje de la población.

Como se ve, 2021 no plantea un escenario tan feliz como el que imaginan quienes anhelaban que el año anterior terminase pronto, pero también es cierto que difícilmente las cosas empeorarán, gracias en buena medida a que ya se aplica la vacuna anticovid-19.

Mientras tanto, es obvio que, ante la pérdida de empleos, derivada de la disminución del ritmo de la planta productiva y del cierre de negocios, va para largo la recuperación de la economía nacional, marcada por una sensible baja en la inversión pública y privada.

En el ámbito político, el escenario tampoco es muy halagador: según la revista Forbes, se prevé una dura lucha por el poder, iniciada en 2020, y que tendrá su “primera conclusión” en 2021. Se renovarán 21 mil 368 cargos, entre estos, 15 gubernaturas, 500 diputaciones federales, 27 ayuntamientos y las 16 alcaldías de la Ciudad de México, con lo que 2021 pasará a ser, en la historia moderna de México, el año en que concurrió el mayor número de candidaturas.

Por otra parte, no deja de tropezar el proyecto regenerador del nuevo régimen, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, pues esta cruzada no deja de ser una lucha contracorriente, sostenida, de muy largo plazo y, por lo mismo, muy desgastante, más aún cuando se observa una reconfiguración de las fuerzas políticas para echar abajo al obradorismo.

En este contexto, Coahuila se perfila como uno de los mejores ejemplos nacionales de la resistencia antepuesta por un sistema que se niega a morir. Por lo pronto, la nueva mayoría priista en el Congreso del Estado garantiza que, al menos durante los próximos tres años, dicho status seguirá intacto, de modo que el gobernador Miguel Ángel Riquelme terminará su sexenio relativamente tranquilo.

La nota discordante para dicho mandatario son los mal llamados “recortes” a Coahuila por parte de la federación, los cuales se deben a que la entidad registra un índice de corrupción que, según el INEGI, en el lapso de seis años pasó de 8.1 a 15.4 por ciento, y debido a su descomunal deuda por más de 43 mil millones de pesos, suma que sigue creciendo.

A juicio del gobierno de la república, la de Riquelme no es precisamente una administración a la que se le pueda confiar fácilmente el manejo de recursos, mucho menos cuando ha tenido descuidos inadmisibles en la conducción de la economía, particularmente en las regiones Centro y Carbonífera, que hoy están a la deriva. Desde luego, estos temas no se abordan en la llamada Alianza Federalista.

Es hasta ahora cuando el Ejecutivo estatal pone en marcha un programa de reactivación económica en dichas zonas, recordando quizá que, hace dos años, el otrora diputado morenista José Benito Ramírez Rosas fue el primero en plantear un proyecto idéntico, es decir, un plan integral de rescate y recuperación económica, mismo que chocó contra las medidas aisladas y de bajo impacto que sugerían tímidamente sus contrapartes del PRI en el Congreso estatal.

Dicho territorio minero sigue sufriendo los estragos de la crisis del carbón y de la depresión de la industria siderúrgica del estado, y aún es fecha que no se ve cómo pueda detonar, en términos realistas, la economía de esa comarca, a donde prácticamente no llega ninguna de las inversiones atraídas por el gobierno coahuilense, que hoy se limita a promover ahí obras de relumbrón.

La situación se complica para Riquelme Solís, quien deberá afrontar un incómodo conflicto surgido del gremio carbonero, a saber, un presunto caso de abuso de confianza en el que habría incurrido el minero sabinense Jenaro Garza Guerra, demandado por el delito de abuso de confianza en perjuicio del empresario del mismo ramo Óscar Villarreal Gutiérrez, a quien supuestamente defraudó por más de 100 millones de pesos.

A través de un desplegado periodístico, la propia esposa el acusado, Marcela Pérez Olivares, asegura que existen vicios en el proceso judicial, por lo que exige la intervención directa del gobernador, quien se ha estado negando a atenderla.

El asunto no es menor, pues al acusado también se le atribuyen negocios, no muy ortodoxos, con el senador y minero coahuilense Armando Guadiana Tijerina, aspirante morenista a alcalde de Saltillo. Obviamente, todo esto estropea las gestiones del gobierno del estado para que el gobierno de López Obrador apoye en el rescate económico de la Región Carbonífera.

Por lo pronto, el año nuevo sorprendió en la cárcel a Jenaro Garza, según lo confirmó el abogado del demandante, Fernando Rodríguez González, quien, por cierto, prosigue con su movimiento nacional “México Avante”.

En lo dicho, la actual pandemia no sólo vino a generar enfermedad, muerte, improductividad, pobreza y cambios radicales en nuestros estilos de vida; también está poniendo a prueba la fortaleza económica y capacidad de reacción de todos los sectores sociales, particularmente del gubernamental, que, hoy por hoy, está más ocupado en disimular su ineptitud y habituales componendas que en impulsar el desarrollo y bienestar colectivo, al menos en Coahuila.

(palabras_mayores@hotmail.com)

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