La estrategia de Juan Guaidó para mantener el control de la Asamblea Nacional de Venezuela a través de un equipo formado por la dirección del poder legislativo y otros 21 responsables de las comisiones permanentes se debilitó este lunes antes de comenzar. El dirigente opositor pretende dar continuidad a su mandato al frente del Parlamento a pesar de que este martes el chavismo tomará posesión de la nueva Asamblea, elegida en diciembre sin la participación de la gran mayoría de las fuerzas críticas con Nicolás Maduro y en medio de cuestionamientos de las principales instancias internacionales. Guaidó, que recibió en los últimos meses repetidas críticas internas por el fracaso de su plan, afronta esta etapa más solo y con otra denuncia de corrupción que afecta a dos colaboradores cercanos.
En primer lugar, diputados como Stalin González, que fue segundo vicepresidente del legislativo y pertenece al partido Un Nuevo Tiempo, y Marialbert Barrios, de Primero Justicia, anunciaron que finalizarán sus funciones como diputados este 5 de enero, según establece el término legal del ciclo legislativo 2015-2020. Estos dos representantes de la oposición se separan así del difuso plan que ha dictado Guaidó para mantener su pulso con Maduro que empezó hace dos años y que le valió al principio un amplio reconocimiento internacional como jefe de Estado legítimo. En las filas opositoras temen que se produzcan más renuncias, teniendo en cuenta también el malestar que generó la conformación del reducido equipo, llamado Comisión Delegada, con el que el líder de la oposición busca seguir en su cargo.
Ya finales de diciembre la formación Acción Democrática, hasta hoy fiel a Guaidó, había criticado que la continuidad de la Asamblea Nacional dependiera de una comisión y no de todo el Pleno. La votación además fue ensombrecida por irregularidades. En cualquier caso, este martes el político de Voluntad Popular intentará ejecutar su plan, que tiene un alcance político eminentemente simbólico, ya que en la práctica, y a pesar de los constantes cuestionamientos de su legitimidad, Maduro, su Gobierno y el aparato del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), tienen el control de todos los estamentos de poder. La decisión de Guaidó le expone además a la persecución directa del régimen chavista al haber quedado desprotegido de su inmunidad. Por eso para la oposición es crucial no perder el respaldo y el reconocimiento internacional que le brindaron el presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, la Unión Europea, que ahora duda sobre si mantener ese apoyo, y varios países latinoamericanos.
El reconocimiento es importante para Guaidó no solo desde el punto de vista retórico, ya que de él depende el manejo de los activos de Venezuela en el extranjero. El diario estadounidense The Washington Post recogió el fin de semana una grave denuncia de corrupción que afecta precisamente al dirigente opositor designado para la gestión de esos activos. Se trata de Javier Troconis, quien, junto con Fernando Blasi, fue acusado por dos empresarios de exigir pagos irregulares con el objetivo final de recuperar propiedades, acciones y bienes vinculados a la petrolera estatal PDVSA en el Caribe.
Estas sombras se añaden a la debilidad interna de Guaidó en vísperas de la toma de posesión del Parlamento, que este año se realiza en medio de nuevas restricciones decretadas por Maduro para tratar de contener una segunda ola de coronavirus. Después de un mes de apertura en diciembre, que coincidió con las Navidades y las elecciones parlamentarias, ahora el presidente ha decretado un cierre parcial que entra en vigor este lunes. El confinamiento también desbarata, o al menos dificulta, otro plan de Guaidó, que pretendía convocar protestas en todo el país en contra de la nueva legislatura.
“Estamos evaluando una cuarentena radical, mientras tanto disfruten”, afirmó el líder chavista hace unas semanas. Hoy Venezuela vuelve a vivir en cuarentena, según una modalidad que contempla una semana de encierro y otra de apertura de algunos sectores económicos. La pandemia ha estado atravesada en el país sudamericano por la prolongada crisis política e institucional que ha derivado en un choque de poderes y una grave crisis económica que complica la emergencia humanitaria. El manejo de la pandemia de coronavirus ha recibido críticas y la comunidad científica ha denunciado la escasa transparencia y los problemas de diagnóstico. Venezuela es uno de los países que menos realiza pruebas moleculares. Solo están autorizadas en dos laboratorios.
Con estas premisas, Venezuela afronta otra semana determinante para el futuro del país. El conflicto político e institucional se intensifica según pasan los días. En nueve meses, en el país se han confirmado poco más de 100.000 casos de coronavirus y más de mil muertes, una evolución que no se corresponde con la de otros países y que ha levantado las dudas de los expertos. El presidente, sin embargo, rechaza las críticas. “Tuvimos un buen mes de diciembre, de fiestas y de familia. Salió bien. Pero ahora viene la cuarentena radical profunda desde el lunes 4 hasta el domingo 10 y así retomamos el 7+7, un método exitoso”, dijo Maduro en un audio que difundió el 1 de enero a través de WhatsApp para sus seguidores.