Una protesta por el feminicidio de Ámbar Cornejo, en Valparaíso, Chile.RODRIGO GARRIDO / REUTERS

El femicidio de Ámbar Cornejo, de 16 años, en la ciudad de Villa Alemana –a unos 110 kilómetros de Santiago de Chile– ha desatado un conflicto entre los poderes del Estado chileno. El principal sospechoso del asesinato cometido el pasado 29 de julio gozaba de libertad condicional. Hugo Bustamante, de 55 años, había sido condenado a 27 años de prisión por el homicidio de su concubina y el hijo de la mujer, de nueve años, cometido en 2005. Tras cumplir menos de la mitad de su pena, salió de prisión en 2016. Dada su supuesta reincidencia, en un caso que ha estremecido al país sudamericano por su crueldad, la decisión que tomó la Justicia hace cuatro años ha sido criticada por el Gobierno chileno y el Parlamento. En el Congreso, un grupo de diputados de derecha busca destituir a la jueza de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvana Donoso, que lideró la comisión de libertad condicional hace cuatro años.

“Tenemos que ver cuál es la forma de sancionar a un juez que, por su ideología o por sus ideas, se transforma en un peligro para la sociedad”, señaló el fin de semana la subsecretaria de la niñez del Gobierno de Sebastián Piñera, Carol Bown. Además, abrió un debate sobre la pena de muerte, derogada en Chile en 2001. “Entendemos que se haya levantado el tema de la pena de muerte como una opción ante situaciones tan dolorosas como la de Ámbar y como la de muchas que hemos conocido”, manifestó en una entrevista a la cadena CNN Chile.

Sus palabras desataron la molestia de la Corte Suprema, que defiende la independencia de los jueces y, de paso, rechazó el acoso ciudadano a los magistrados en las redes sociales y la publicación de sus datos personales, como ocurrió con la jueza Donoso en los últimos días. Tanto el portavoz del Ejecutivo, Jaime Bellolio, como el ministro de Justicia, Hernán Larraín, intentaron apagar la polémica y manifestaron su total respeto por la separación de los poderes del Estado y su distancia respecto de las palabras de la subsecretaria Brown, que tuvo que pedir disculpas y aclarar que había hablado a título personal y no en representación del Gobierno.

Dos de los partidos de la derecha oficialista, Renovación Nacional y Evópoli, empujan en el Congreso una acusación constitucional contra la jueza Donoso, que busca su destitución. La acusan de tener un patrón de conducta deliberado y arbitrario para conceder la libertad condicional a reos de alta peligrosidad, lo que configuraría un notable abandono de deberes que establece la Constitución como causal de destitución. Para aprobarla, requerirán el respaldo de la mayoría de los diputados presentes en el hemiciclo, compuesto por 155 parlamentarios.

La arremetida contra la jueza Donoso ha encendido un debate profundo en Chile sobre las fallas del sistema, los beneficios carcelarios o el populismo penal. La portavoz de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, indicó que “el Poder Judicial reconoce las atribuciones que tiene el Congreso para deducir una acusación constitucional contra los miembros de los tribunales supremos de justicia”. La magistrada, sin embargo, indicó que en la decisión que tomó hace cuatro años la comisión de libertad condicional de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, “se aplicó la ley, el reglamento respectivo y se estimó que se cumplían todos los requisitos que establecía la normativa, que no es la misma que está vigente actualmente”. Chevesich se refería a una reforma que entró en vigencia en 2019 y que aclaró que las libertades condicionales son un beneficio y no un derecho del condenado, como se interpretaba hasta la fecha.

El ‘asesino del tambor’
Bustamante era conocido en Villa Alemana como el asesino del tambor, porque en 2005, cuando cometió el doble homicidio, escondió los cuerpos en un tambor con agua y cal, que luego enterró. Actualmente, era la pareja de la madre de Ámbar, Denisse Llanos, de 38 años, que el jueves pasado relató a la policía la secuencia de los hechos que el hombre le habría confesado antes de escapar juntos a una localidad cercana, mientras la comunidad buscaba por las calles algún rastro de la joven desaparecida el 29 de julio. Su relato fue la pista central para dar hace seis días con los restos de Ámbar, que no vivía con la pareja, sino en una casa cercana. El padre biológico de la adolescente, que trabaja en el norte del país, se querelló contra su exmujer por el presunto delito de encubrimiento.

De acuerdo a los detalles entregados por la Fiscalía en la audiencia del lunes, donde se formalizó a Bustamante por los delitos de violación con feminicidio e inhumación ilegal, todo sucedió en el domicilio del supuesto asesino, donde el hombre y la muchacha mantuvieron una discusión. La golpeó repetidamente con sus manos y con un objeto contundente en diversas partes del cuerpo. “Introdujo un paño en su boca, obstruyendo su respiración” y luego la violentó sexualmente “hasta ocasionar su muerte, clínicamente establecida como sofocación por obstrucción de orificios respiratorios”, indicó la fiscal Claudia Perivancich. Luego, de acuerdo con el Ministerio Público, “cercenó el cuerpo en 15 segmentos” usando dos cuchillos y un serrucho y los escondió en tres cooler que sepultó bajo su casa en un agujero de 52 centímetros de profundidad.

De acuerdo con Perivancich, Bustamante “planificó” el crimen: no solo había comprado previamente las tablas con las que ocultó el cuerpo, sino que entre el 20 y el 28 de julio había buscado diferentes conceptos en la web como “precios de armas eléctricas”, “uso de cloroformo para dormir”, “venta de camisa de fuerza psiquiatría”, “tortura china con bambú”, “torturas para doblegar la voluntad”, “cómo cambiarse el nombre y apellido”.

El principal sospechoso del feminicidio de Ámbar, que ha movilizado al potente movimiento feminista chileno, ha guardado silencio y no ha entregado su versión de los hechos a los investigadores. De acuerdo con un informe de la Gendarmería previo a su libertad condicional en 2016, Bustamante aceptaba sus delitos, “pero de manera muy despectiva”. “Solo reconoce el daño a sí mismo, no incluye en nada a sus víctimas o lo que socialmente pudo haber provocado”, indicaba el escrito.

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