La respuesta a las protestas antirracistas desatadas tras la muerte del afroamericano George Floyd, cuyos rescoldos en Portland combaten con mano dura los agentes federales, se ha convertido en material electoral de primera magnitud. Así se ha escenificado este martes en la comparecencia del polémico fiscal general, William Barr, en el Capitolio. Reforzando el mensaje de ley y orden al que el presidente Trump, sacudido por la crisis y el deterioro de su popularidad, se agarra como principal baza para su reelección, Barr ha hablado de “anarquistas” que “han secuestrado las protestas legítimas para provocar caos y destrucción”. Los demócratas le acusan de azuzar la violencia y de servir los intereses electorales de su jefe.
Se trata de uno de los últimos enfrentamientos públicos del Congreso contra la Administración Trump antes de las elecciones, y el fiscal general William Barr, al que los demócratas que controlan la Cámara acusan de haber convertido al Departamento de Justicia en un mero brazo ejecutor de la voluntad del presidente, ha salido a la ofensiva. Ha defendido con vehemencia la muy criticada respuesta federal a las protestas contra la violencia policial que aún recorren el país desde la muerte del afroamericano George Floyd el pasado 25 de mayo en manos de la policía. “Los alborotadores violentos y los anarquistas”, ha advertido la máxima autoridad de las fuerzas de seguridad federales, “han secuestrado las protestas legítimas para provocar caos y destrucción sin sentido”.
El papel de Barr ha sido central en el despliegue de agentes federales estos días para apagar los disturbios en Portland (Oregón) y otras ciudades, operación que se ha convertido en un nuevo frente en la batalla cultural que libra el país desde la muerte de Floyd, ahogado por la rodilla de un agente de policía en Minneapolis en un vídeo que dio la vuelta al mundo. El episodio, uno más en una larga lista de actuaciones policiales desproporcionadamente violentas contra ciudadanos negros, detonó en los últimos días de la primavera, en medio de la pandemia del coronavirus, protestas que se extendieron por todo el país. Las protestas abrieron una conversación nacional sobre el racismo estructural en Estados Unidos, dieron lugar a reformas en la policía y provocaron un debate sobre el patrimonio histórico confederado. Y los incidentes violentos que salpicaron las protestas, marginales en relación con el masivo tono pacífico del movimiento, brindaron a Donald Trump la oportunidad de mostrarse, en sus propias palabras, como un presidente de “la ley y el orden”, a pocos meses de los comicios en los que busca su reelección.
La llama de las protestas sigue viva ahora en una serie de ciudades, la mayoría en manos demócratas, y la Casa Blanca acusa a los manifestantes de haber traicionado la causa que simboliza George Floyd y haberse abandonado a una mera violencia antisistema. “Ausente de estas escenas de destrucción está cualquier intento de los vándalos de conectar sus acciones a la muerte de George Floyd o a cualquier legítima demanda de reforma”, ha denunciado Barr en el Capitolio. Las autoridades locales y los activistas, en cambio, acusan precisamente a la Administración de azuzar, con fines electorales, una violencia marginal y que ya estaba remitiendo, con el envío de más agentes federales, que este mismo martes, según The Washington Post, seguían llegando a Portland.
Los demócratas consideran que el pulso federal con las autoridades locales forma parte de una estrategia electoral de Donald Trump, evidente en su actividad tuitera en las últimas semanas, que busca exhibir mano dura frente a unos demócratas cómplices con la violencia que hundirían al país en el caos. Los críticos ven a Barr, una vez más, como un indisimulado ejecutor de la agenda política del presidente, traicionando la preceptiva independencia del cargo que ostenta.
“Esta vez no puede esconderse en ficciones legales, la puede ver lo que está haciendo”, le ha espetado el demócrata Jerry Nadler, presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, que ha organizado la audiencia. “El presidente quiere algo para su campaña y usted se lo sirve. En muchas de estas ciudades las protestas estaban remitiendo antes de que actuaran. Ustedes proyectan miedo y violencia para lograr obvios objetivos políticos. Debería darle vergüenza”.
Barr, sin salirse de su guion, ha querido poner el foco en los ataques de vándalos violentos a edificios federales de Portland, los cuales, ha denunciado, la policía local hizo poco por evitar. “Deberíamos ser todos capaces de estar de acuerdo en que no hay lugar en este país para muchedumbres armadas que persiguen establecer zonas autónomas más allá del control del Gobierno, o derribar estatuas y monumentos que comunidades respetuosas con las leyes decidieron erigir, o destruir la propiedad y el sustento de empresarios inocentes”, ha dicho el fiscal general. Barr ha eludido mencionar el carácter pacífico de buena parte de las protestas, y el hecho de que la actuación de los agentes federales ha sido criticada por su dureza.
El fiscal general ha tenido que responder también a preguntas sobre la intervención del Departamento de Justicia, que él dirige, en sonados casos judiciales contra amigos del presidente, derivados de la investigación de Robert Mueller sobre la trama rusa. Se trata de la decisión de retirar los cargos contra el exconsejero de Seguridad Michael Flynn, y las presiones para lograr una condena leva para Roger Stone. Barr ha defendido ante los congresistas que Flynn, que se declaró culpable de mentir al FBI, nunca debió ser acusado, y que la petición inicial de pena de la fiscalía contra Stone era excesiva. “Los fiscales querían defender una sentencia que era el doble de lo que nadie en una situación similar ha cumplido nunca”, ha dicho Barr sobre Stone.
