Con la pandemia esparciéndose sin frenos por América Latina, nuevo epicentro del coronavirus, la situación de los más de cinco millones de migrantes venezolanos repartidos por los países vecinos se ha agravado. Ante este panorama, dirigentes de 60 organizaciones (40 países y organizaciones como la Comisión Europea, Naciones Unidas e instituciones financieras) han aunado fuerzas para lanzar un paquete de ayuda destinado a los Estados de acogida del éxodo. El resultado de ese empeño se espera que se traduzca en una cantidad superior a los 1.000 millones de euros recaudados en la conferencia de donantes organizada este martes por la Unión Europea y España. Estados Unidos contribuirá con más de 200 millones de dólares. Y España desembolsará 50 millones de euros en tres años, según ha anunciado la ministra de Exteriores, Arancha González Laya.
A los países vecinos de Venezuela se le acumulan los problemas justo cuando trataban de amortiguar el brutal impacto de la masiva llegada de inmigrantes. Colombia, Perú, Ecuador, Chile y Brasil, principales destinos, se han topado con una virulenta emergencia sanitaria que ha puesto bajo presión la capacidad de sus sistemas de salud y educación para atender a los recién llegados. “Existe una necesidad urgente de prestar asistencia humanitaria. Durante demasiado tiempo, los países que acogen a los refugiados lo han hecho con poca ayuda. Ahora tenemos una gran oportunidad de marcar la diferencia y movilizar recursos adicionales”, ha asegurado al inicio de la conferencia Filippo Grandi, alto comisionado de Naciones Unidas para los refugiados.
La UE y España han asumido el mando de una respuesta internacional que trata de aplacar su crítica situación y aportar algo de oxígeno a los Gobiernos latinoamericanos con una cantidad podría cubrir casi por completo las necesidades para 2020. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur) cifran en 1.410 millones de dólares las necesidades solo para este año, y calculan que en torno a un tercio de esos fondos iría destinado a combatir problemas derivados de la pandemia.
La participación de Estados Unidos, ausente de otras iniciativas multilaterales de trascendencia —como la recogida de fondos a comienzos de este mes para financiar una vacuna contra el coronavirus—, ha sido bien recibida por Bruselas, que aspira a recuperar el diálogo político con Venezuela de la mano de Washington. La Casa Blanca sugirió el mes pasado una solución intermedia en la que tanto Nicolás Maduro como Juan Guaidó dejaran paso a un Gobierno de concentración que manejara la transición. Y el jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, dijo tomar nota “positivamente” de la idea. Washington ha anunciado una aportación a la caja común de unos 200 millones de dólares (en torno a 180 millones de euros), ligeramente por encima de los 144 millones de euros a los que se ha comprometido la Comisión Europea, que irán acompañados de 400 millones de euros en préstamos por parte del Banco Europeo de Inversiones.
Durante la conferencia, los ministros de Exteriores de los países de acogida se mostraron dispuestos a seguir atendiendo a los inmigrantes venezolanos pese a la penuria de recursos, y todos salvo Brasil, evitaron atacar al régimen de Nicolás Maduro. “Los venezolanos huyen del peor régimen totalitario que hayan conocido jamás, al que muchos de ellos consideran un genocida silencioso”, reprochó el canciller brasileño, Ernesto Araújo.
Una de las principales inquietudes de España, y en general de toda la organización, es garantizar la agilidad de los pagos. En la mente de los organizadores pesa la experiencia del pasado mes de octubre, cuando una conferencia de solidaridad con Venezuela organizada en Bruselas recaudó 120 millones de euros que aún no han sido desembolsados. Aunque aquel acto no era exactamente una conferencia de donantes, los participantes comprometieron esa cantidad para aliviar las consecuencias del éxodo venezolano, pero no hubo más seguimiento.
En esta ocasión, los organizadores tienen la intención de recuperar la cantidad que quedó en el limbo y de facilitar un desembolso rápido. “La covid-19 ha incrementado las urgencias. No se puede esperar más para canalizar este dinero”, explican fuentes de Exteriores. La fórmula acordada consiste en que cada donante identifique a los destinatarios de su partida, ya sean directamente los países que más refugiados acogen o las organizaciones humanitarias que participan en la conferencia y que invierten estas cantidades en proyectos concretos. Con este esquema se trata de evitar la creación de una nueva plataforma para la conferencia “que demoraría aún más el devengo”, argumentan estas fuentes.
Con esta iniciativa, España aspira a consolidarse como país de referencia en la Unión Europea en cuestiones ligadas a Latinoamérica. Al promover fondos para las víctimas de la crisis venezolana, en la que Nicolás Maduro tiene una enorme responsabilidad, el Gobierno español quiere, además, dejar claro su apoyo a quienes han tenido que huir del país ante las enormes dificultades que atraviesa. La ocasión llega pocos meses después de la controversia desatada sobre si el Ejecutivo de Pedro Sánchez otorgaba o no legitimidad a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela.
Pese a que la iniciativa europea puede afectar al proceso político en el que participa Europa -y en particular España- para encontrar una salida política a la crisis venezolana, las fuentes consultadas defienden que las dos vías deben ir por separado. “En tanto se avanza en la búsqueda de una solución política, es perentorio atender a todos esos venezolanos desplazados”, aseguró González Laya al comienzo de la conferencia de donantes.
