Juristas y expertos en seguridad señalaron que la publicación, ayer, del decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador para militarizar las tareas de seguridad pública “atenta contra la Constitución”, va contra del “espíritu” de lo aprobado el año pasado y es “el enorme fracaso” de su estrategia civil de procuración de justicia y de combate a la delincuencia.
En entrevista con El Financiero, el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Pedro Salazar, argumentó que “es una decisión que contradice el postulado constitucional, de que las tareas de seguridad pública corresponden a las autoridades civiles”.
“Es el fracaso de la procuración civil de justicia y la confirmación de la estrategia militar, con lo que se garantiza que durante todo este sexenio ya no habrá un cambio y que se seguirá apostando por la estrategia militar, que ha resultado fallida”, expuso.
“Confirma también el enorme fracaso en la reforma tendiente a crear la Fiscalía General de la República autónoma, capaz, con capacidades institucionales y humanas. Y en paralelo tenemos una mayor vulnerabilidad de nuestros derechos frente al Estado, porque ahora resulta que las autoridades militares, jurídicamente hablando, podrían realizar cateos, detenciones, fungir como primeros respondientes”, advirtió.
Alejandro Hope, experto en temas de seguridad, opinó que “el decreto va en contra del espíritu de la reforma aprobada en 2019, no está alineado con la sentencia de la Corte Interamericana de derechos humanos”.
“Lo que se muestra es que la Guardia Nacional no fue más que una coartada. Lo importante era hacer permanente la intervención militar en actos de seguridad pública. No hay que engañarse, el Presidente quería usar a las Fuerzas Armadas como policías permanentemente”, anotó.
