Durango, Dgo.- El riesgo de la separación del cargo de los integrantes del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado; la solicitud de juicios de procedencia contra dos de sus funcionarios; la acumulación de juicios de amparo en su perjuicio; y las cotidianas irregularidades que se viven al interior del Palacio de Justicia de Durango, cimbraron ya los cimientos de la judicatura y recularon al aceptar su primera derrota.
De acuerdo con la información disponible, los abogados Iván Bravo Olivas, Alejandro Acosta Nájera y Jesús Régulo Gómez Dávila, son tres de los principales jurisconsultos que ante la violación a sus derechos constitucionales invocaron la protección de la justicia federal, para que el Poder encargado de impartir justicia, respete el Estado de Derecho que debe imperar.
Desde la puesta en marcha del sexenio del actual gobernador del estado, los movimientos y nombramientos al interior del Poder Judicial, provocaron lo que anuncia una severa crisis de corrupción, abuso de autoridad, e irregular aplicación de la justicia, de un Poder que hasta ahora había sido intocable.
En la semana que concluyó, dos fueron los casos que pusieron contra la pared a los encargados de la impartición de la justicia en el Estado:
La sentencia emitida por el Juzgado Tercero de Distrito en el expediente 1225/2017 en contra del Presidente del Tribunal Superior de Justicia (Esteban Calderón Rosas) y de los integrantes (7) del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Durango, que mantuvo latente la destitución de los miembros del Poder Judicial hasta el miércoles de la semana pasada.
Y la solicitud al Congreso del Estado para que inicie juicio de procedencia contra dos personajes del Poder Judicial, luego que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción integró sendas carpetas de investigación, que contienen las pruebas necesarias para responsabilizar a los funcionarios por delitos de “uso indebido de atribuciones” y “tráfico de influencias”, reveló el Fiscal Héctor García Rodríguez a su paso por el parlamento local.
Y que además provocó el cabildero en la Comisión de Responsabilidades que encabeza el diputado verde Gerardo Villarreal Solís. En esta ocasión los parlamentarios de la Comisión de Responsabilidades saben que no podrán desechar tan fácilmente las solicitudes del Fiscal Anticorrupción, como lo hicieron recién con la solicitud de juicio de procedencia interpuesto contra Esteban Calderón Rosas, Presidente del Tribunal Superior de Justicia.
Ahora la decisión de la Comisión y la posterior del Pleno del Congreso, tendrán implicaturas diferentes en cualquiera de los sentidos en que se emita, puesto que se trata esta vez de iniciar de verdad el combate a la corrupción; y será el Poder Legislativo quien tenga en sus manos el fortalecer las acciones contra ésta, o privilegiar las componendas políticas para seguir impulsando la impunidad que pregonó que combatiría este gobierno.
Las sentencias que emita la Justicia Federal una vez que se celebren las audiencias constitucionales pendientes y los incidentes de inejecución de sentencia, definirán sin duda, el rumbo del actuar del Poder Judicial en lo que le resta de su encargo.
RECULA EL TSJ Y SE CONSUMA PRIMERA DERROTA
Luego de 27 meses de pleitos legales en contra del Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Esteban Calderón Rosas y de los integrantes del Consejo de la Judicatura, éste miércoles el abogado Iván Bravo Olivas, ex juez de primera instancia y ex asesor jurídico del Tribunal, fue reinstalado en su espacio laboral, ante la disyuntiva de hacerlo o enfrentar la separación del cargo de los siete miembros del Consejo de la Judicatura y su consignación ante las autoridades competentes.
Pagaron también salarios caídos de un periodo de dos años tres meses.
La restitución en el encargo del abogado, marcó sin duda el reconocimiento de la primera derrota del Poder Judicial del Estado. Sin embargo, eso no significa que la acción que hoy atajó el cese fulminante de los impartidores de justicia y su consignación ante autoridades competentes, garantice la permanencia del litigante en su puesto, pues ante la incomodidad que éste les causa, bien pudieran concluir la relación laboral existente y trastocar con ello el espíritu de la sentencia del juzgador federal y enviar un mensaje político negativo a la sociedad.
La historia comenzó en el año 2002 cuando se desempeñaba como Juez en el Juzgado Penal de Santiago Papasquiaro. Entonces el Consejo de la Judicatura de oficio le inició dos procedimientos por presuntas irregularidades cometidas durante el desempeño de sus funciones en algunas causas penales. En los dos expedientes ofreció Bravo Olivas los informes de justificación correspondiente y las pruebas del caso.
En junio de dos mil cuatro, se cerró el periodo de instrucción y se ordenó turnar el expediente al entonces Consejero Ponente Licenciado Jaime Placido Rodríguez Valenzuela, para efecto de formular el proyecto de resolución correspondiente.
Sin resolución del Consejero Rodríguez Valenzuela, en mayo de 2005 el Consejo de la Judicatura inició el proceso de ratificación o no, de Bravo Olivas como Juez de Primera Instancia y acordó no ratificarlo, y lo justificó en los contenidos de los procedimientos abiertos y no resueltos.
A este hecho le fue interpuesto un recurso de revisión, que concluyó con el resolutivo del Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Distrito, de agosto de 2006, de no amparar ni proteger al abogado Bravo Olivas. Tras lo anterior el Consejo de la Judicatura decidió suspender el procedimiento ya que el Juez había dejado de prestar sus servicios al Poder Judicial y reservar la acción si reingresaba de nueva cuenta.
Diez años después, en septiembre de 2016 ingresó al Poder Judicial como Asesor Jurídico, luego de haber participado en el área jurídica de la campaña política del ahora gobernador José Rosas Aispuro Torres. Y siete meses después (septiembre de 2017) el Consejo de la Judicatura reabre el caso y los destituye como asesor jurídico y lo inhabilita por tres años para ocupar cargos públicos.
A la destitución e inhabilitación del cargo le siguió una serie de amparos en los que el quejoso se inconformó por la decisión antijurídica del Consejo, algunos de ellos aún no han causado ejecutoría, salvo el 1225/ 2017 que hasta el miércoles 11 de diciembre de 2019 puso en jaque al Poder Judicial y decidió cumplir la sentencia restituyendo en su encargo a Bravo Olivas.
PIDE PRESIDENTE DEL TSJ SENTENCIAS A MODO
Con una carrera judicial de 33 años el entonces Juez Cuarto de lo Familiar, Alejandro Acosta Nájera, se negó a la exigencia del Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Esteban Calderón Rosas, para que el Juicio Sucesorio 11/61-2013 del finado empresario Juan José Bruciaga Hernández, nombrara a uno de los hijos del primer matrimonio del extinto, como albacea de la herencia.
La negativa del jurisconsulto provocó la ira de Calderón Rosas, y la reubicación del Juzgado Cuarto de lo Familiar en la capital del Estado, al Juzgado de Primera Instancia del Municipio de Topia.
Tras atajar la ilegalidad promovida por Calderón, no bastó la reubicación sino que instigó para que el hijo no favorecido, presentara una queja administrativa ante el Consejo de la Judicatura por el juicio sucesorio en mención; y que a la postre fue el soporte para que un año después fuera destituido de su encargo como Juez de Primera Instancia de Topia -en que se desempeñó del 2 de abril de 2018 al 22 de abril de 2019- e inhabilitado por tres años para desempeñar cargo público alguno.
Tanto a la reubicación de juzgado como a la destitución, le preceden sus respectivos amparos, sin que a la fecha haya habido resolución alguna del Tribunal Federal y sólo se haya fijado de cuatro solicitudes de amparo, una Audiencia Constitucional para este jueves 19 de diciembre.
En ella se habrá de resolver sobre la falta de legitimación del Magistrado Presidente Esteban Calderón Rosas, quien violentando la Constitución asumió la presidencia del TSJ por un periodo de seis años, cuando debería asumir el cargo por sólo dos años de manera interina, ya que Apolonio Betancourt Ruiz protestó como Magistrado Presidente por un periodo de seis años, del 2012 al 2018. Y una vez cumplido el periodo interino de dos años, podría ser ratificado por otros seis años como lo marca la Constitución local.
Sobre la validez del acta de destitución por parte del Pleno del Consejo de la Judicatura, que fue firmada por el Magistrado Esteban Calderón Rosas como presidente y José Antonio Bracho Ruiz como secretario, cuando ambos personajes con antelación se habían excusado para conocer del caso, por lo tanto estaban impedidos para rubricar el acuerdo.
Con las múltiples pruebas acumuladas de su caso, el licenciado Alejandro Acosta Nájera, presentará denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para que se proceda en consecuencia.
CONSEJERO DE LA JUDICATURA DENUNCIA PERSECUCIÓN POLÍTICA
El licenciado Jesús Régulo Gómez Dávila fue nominado como Consejero de la Judicatura del Poder Judicial en Gómez Palacio por un periodo de seis años contados del 2013 al 2018.
Este hombre con amplia trayectoria judicial, denunció directamente al Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Esteban Calderón Rosas, por la violación a sus Derechos Humanos y garantías constitucionales, al fincarle de manera falsa una queja administrativa por diversas irregularidades que van desde el abuso de autoridad, hasta amenazas y agresiones, que provocaron que el pleno del Consejo de la Judicatura en el 2016 lo suspendiera por seis meses sin goce de sueldo.
Ante la irregularidad que lo dejo sin trabajo, Gómez Dávila promovió un amparo indirecto para inconformarse por la decisión del Consejo de la Judicatura. El Juez de Distrito que conoció del caso, le concedió el amparo y ordenó al Poder Judicial del Estado, la reinstalación del Consejero.
Sin embargo, Calderón Rosas al conocer la decisión del juzgador federal, ordenó a elementos de la policía procesal, resguardar el edifico que alberga el Palacio de Justicia en Gómez Palacio, con el propósito de impedir el acceso a Gómez Dávila.
Finalmente en mayo de 2016 fue restituido en su cargo y que desempeñó hasta septiembre de 2018, en que concluyó su encargo.
No obstante, fuera del Poder Judicial la persecución de Calderón Rosas no cesó, y de nueva cuenta le inician un nuevo procedimiento, producto de una segunda queja, de la que resultó como sanción una amonestación pública.
El amonestado, recurrió de nuevo al amparo, esta vez en el Juzgado Tercero de Distrito bajo la causa 1319/2018-3.
Por segunda ocasión el jurisconsulto ganó el amparo y se ordenó al Poder Judicial modificar la sentencia, sin embargo, el Tribunal entró en desacato e incurrió en un delito federal al no dar cumplimiento a la resolución de la autoridad federal.
Hoy Jesús Régulo Gómez Dávila, ha pedido ante la opinión pública la renuncia de Esteban Calderón. “Yo exijo la renuncia del Presidente del Tribunal Superior de Justicia. Yo lo señalo de violación a mis Derechos Humanos, tengo las pruebas en la mano. Él no debe estar ocupando ese cargo”, dijo.
Y advirtió que presentará denuncia por daños y perjuicios, por la afectación de su imagen, el daño que le causó a su familia y la persecución política que no cesa.
EL VIACRUCIS DE LOS JURISCONULTOS PODRÍA CESAR
Y es que de acuerdo con los jurisconsultos afectados por las venganzas del Magistrado Presidente del TSJ; las resoluciones del Consejo de la Judicatura en contra de los cuando menos los tres abogados afectados, quedarían sin efecto, una vez que la causa penal que se le sigue al licenciado Julio César Piña Gritssman, por usurpación de funciones prospere.
Julio César Piña Gritssman, al inicio del sexenio de José Rosas Aispuro Torres en septiembre de 2016, fue nombrado Secretario Ejecutivo del Pleno, Carrera Judicial y Disciplina del Consejo de la Judicatura, cargo que ostentó hasta septiembre de 2019 en que renunció, luego que se supo que el “abogado” no contaba con Título ni Cédula Profesional de licenciado en Derecho, ello a pesar que en el registro del Tribunal aparece con ambos documentos. El Registro Nacional de Profesiones no reporta al personaje con profesión alguna.
Por lo tanto ese hecho indicaría que todo lo actuado por el pleno del Consejo de la Judicatura, sería nulo de pleno derecho.
Para este caso ya existe un proceso en desarrollo, habrá que esperar lo que le resulte al Poder Judicial, responsable de impartir justicia y al parecer lo hace violentando la Ley.
