En la política todo está vinculado, hasta lo que no está. Soslayarlo puede reabrir las heridas y dividir. Esto sucedió la semana pasada, donde la conmemoración luctuosa por el asesinato de don Eugenio Garza Sada, un empresario ejemplar que le dio fuerza moral y dirección a los industriales en Monterrey, la acompañó Pedro Salmerón, hasta ese momento director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, con un mensaje en Facebook donde elogió a Garza Sada y explicó el contexto social y político de aquellos años de febril actividad guerrillera, llamando a sus asesinos “jóvenes valientes”. Esas palabras, sacadas de contexto pero desafortunadas al no tomar en cuenta el entorno polarizado e irracional que se vive, desataron una polémica encendida.
El asesinato de Garza Sada no enorgullece a la izquierda, aunque en ella se refugió Salmerón para ocultar su poco tacto político y fugarse hacia delante, al decir que era la extrema derecha fascista quien lo atacaba. Salida fácil y hueca, como las que hoy abundan. Este tema no está resuelto. María de los Ángeles Magdaleno, recordó en un ensayo en el número 99 del Boletín de Investigaciones Históricas de la UNAM en la primavera de 2014, que el Partido Comunista había calificado a la Liga Comunista 23 de Septiembre, la de los “jóvenes valientes” que asesinaron a Garza Sada, como “un grupo manejado por la ultraderecha, sin ninguna ideología revolucionaria”, lo que de otra forma documentó el periodista Jorge Fernández Menéndez en 2006 con su libro Nadie supo nada, donde demuestra que el gobierno del presidente Luis Echeverría supo con bastante tiempo de antelación que se planeaba el secuestro del empresario –tenía un informante, Leonel, en la célula que lo planeó–, sin que hiciera nada por impedirlo.
El asesinato de Garza Sada está profusamente documentado en los expedientes de la extinta Dirección Federal de Seguridad en el Archivo General de la Nación. Está también la génesis de la Liga Comunista 23 de Septiembre, su desarrollo, sus planes y sus fracasos. En el expediente 11-235-74 H250 L-11 figuran las declaraciones de Ignacio Arturo Salas Obregón, primer líder de esa guerrilla. La LC23S se fundó el 15 de marzo de 1973 en la casa del dirigente del Frente Estudiantil Revolucionario, Fernando Salinas Mora, El Richard, en Guadalajara, y según la declaraciones de Salas Obregón, “desde la primera reunión se planteó la necesidad de efectuar el secuestro de alguna persona importante para obtener una fuerte cantidad de dinero y la liberación de compañeros presos en diferentes cárceles”. Posteriormente se determinó que la víctima sería Garza Sada, haciendo a un lado otra víctima potencia, Eugenio Garza Lagüera.
No parece fortuito que hayan pensado en un empresario de Nuevo León. Salas Obregón estudió en Monterrey y, paradójicamente había estado en un instituto que recibía apoyo financiero de quien fue víctima. Ahí conoció a Raúl Ramos Zavala, quien tenía la idea de unificar a todos los grupos armados, objetivo que no vio porque fue abatido en un enfrentamiento en 1972, pero que lo introdujo con quien sería uno de los jefes de la célula que realizó el atentado. Salas Obregón declaró que “asesoró y supervisó” los planes del secuestro, pero admitió que su ejecución recayó en los responsables del Comité Coordinador Zonal, Jesús Piedra Ibarra –hijo de doña Rosario Ibarra de Piedra–, José Ángel García Martínez, y Javier Martínez Torres, quien ejecutó al chofer y al ayudante de don Eugenio cuando defendieron al empresario, y que también murió en el atentado. Los otros autores materiales del asesinato, según el Expediente 11-235 L-31 H 240-254, fueron Anselmo Herrera Chávez, que murió durante el ataque; Elías Orozco Salazar, que fue procesado en Monterrey; Edmundo Medina Flores, e Hilario Juárez García, que escaparon. Salas Obregón y Piedra Ibarra fueron detenidos más adelante por la DFS, y desde entonces están desaparecidos.
De acuerdo con Salas Obregón, interrogado por la DFS, se iba a pedir como rescate de Garza Sada la liberación de todos los presos que pertenecían a la LC23S, que se les proporcionara un avión para salir de México, y cinco millones de pesos en dólares, que acompañarían con la exigencia de la publicación de las bases fundamentales de la guerrilla, un llamamiento a obreros, campesinos y estudiantes, así como una huelga general. Eso no sucedió, como tampoco tendrían éxito final en su objetivo de cambiar el régimen por las armas. Como escribió Magdaleno en su ensayo, “los militantes de la LC23S y otros grupos, integraron una guerrilla que retó militarmente al Estado y éste casi los aniquila”.
El Estado lo encabezaba el presidente Echeverría, quien de acuerdo con el Expediente 11-219-972 de la DFS, consintió el asesinato. Al día siguiente del atentado, los empresarios del Grupo Monterrey publicaron un desplegado en el periódico local Tribuna, donde preguntaban: “¿Hacia dónde nos llevan nuestros políticos demagogos que cada vez vociferan y alardean de los sistemas comunistas? ¿Por qué aguantarnos asaltos, robos, asesinatos y terrorismo?”. Los empresarios tildaban de “populista” a Echeverría y el presidente los veía como sus enemigos. Doscientas mil personas acudieron al funeral, y ahí, en su cara, le gritaron “asesino”. Rogelio Garza Zambrano, sobrino de don Eugenio, político y empresario, dijo años después: “Echeverría no jaló el gatillo, pero ese crimen fue fruto de su retórica seudorevolucionaria”.
Los abusos fueron de las dos partes. La guerrilla, cuyas tácticas produjeron más secuestros y asesinatos, y el gobierno, que desató una feroz guerra sucia contra las guerrillas, donde murieron decenas, quizá cientos de ellos, pero también arrasaron con personas inocentes. Ese capítulo no ha sido cerrado políticamente, y el tropiezo de Salmerón abrió involuntariamente la oportunidad que, lamentablemente, el presidente Andrés Manuel López Obrador, no aprovechó. De ello hablaremos mañana.