La Fiscalía General de la República imputó a Rosario Robles el delito de ejercicio indebido del servicio público por omisión al momento de evitar o denunciar actos ejecutados por terceros que podrían causar un daño a la hacienda pública por 5 mil 73 millones 369 mil 846 pesos.
Dicho quebranto, conocido públicamente como ‘La Estafa Maestra’, se ejecutó a través de al menos 27 convenios generales de colaboración y sus respectivos apéndices firmados entre 2013 y 2018 por las secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y Desarrollo Social (Sedesol) con diversas universidades de los estados de Morelos, Hidalgo, Quintana Roo Chiapas y algunas empresas de comunicación de Sonora, Quintana Roo e Hidalgo.
También se señaló que entre las irregularidades de los convenios está que muchos servicios no se realizaron e incluso son inexistentes, y jamás se verificó que las universidades tuvieran la capacidad técnica para realizar los servicios, lo que les llevó a contratar empresas a las que les pagaron el 49% del total recibido.
