Como muchos habitantes de Ciudad de México, el médico Ricardo Arizmendi tiene dos celulares. Uno de gama media que suele usar en su casa y otro más barato con el que sale a la calle y va al trabajo. Por si lo asaltan. Una estrategia que se vio refrendada hace pocos días, cuando unos ladrones entraron a su consultorio. “Les di dinero y el celular barato”, narra. “Lo reporté a Telcel y no denuncié porque ya lo he hecho antes y es una pérdida de tiempo hacerlo”. Es un episodio frecuente en una urbe donde se roban diariamente más de 1.700 móviles, un fenómeno en ascenso al que las autoridades locales ahora quieren poner freno con una batería de medidas.
El Gobierno municipal, encabezado por Claudia Sheinbaum (Morena), acaba de lanzar una ofensiva contra este delito, el más común intramuros. Las autoridades municipales han prohibido este martes la venta de aparatos en los tianguis, como se conocen los mercados informales, al tratarse en su mayoría de dispositivos robados. Además, se han endurecido las penas por este delito y puesto en marcha un mecanismo para simplificar el bloqueo de los dispositivos extraviados.
Las cifras dan fe del tamaño del desafío. En 2018 fueron sustraídos unos 620.000 móviles, según la Asociación Nacional de Telecomunicaciones de México (Anatel). Apenas un 3% de los casos fue denunciado de acuerdo con el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia-. Aun así, el número de carpetas de investigación abiertas por la Procuraduría de la ciudad, la mayoría por robo con violencia, creció más de un 50% en 2018 respecto al año anterior.
A menudo, el robo del móvil es una pieza más en una secuencia delictiva.“Es el primer eslabón”, dijo el lunes el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad, Salvador Guerrero, durante la presentación de la estrategia. “Los celulares son usados después para cometer extorsión, secuestros y fraudes”. La prohibición de la venta así como la consideración del robo como delito grave buscan ahogar un negocio millonario – las autoridades capitalinas estiman el costo en casi 10 millones de pesos diarios, unos 500.000 dólares-.
El P20 de Huawei es el rey de las ventas en el pequeño puesto ambulante de José Luis Sánchez, en una bulliciosa calle del centro de la capital. “Tiene dos cámaras y viene con huella dactilar”, explica este vendedor de 23 años. El precio del aparato está en 3.000 pesos, unos 150 dólares, después de haberlo comprado por apenas 1.800. ¿A quién? Sánchez se lava las manos. “No sé si es robado; yo solo lo vendo”, explica.
Las medidas aprobadas son contundentes pero suscitan dudas entre los expertos. Endurecer las penas no representa una solución, según Luis Fernando García, director de la ONG Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D). “Se trata de un populismo penal que tiene objetivos mediáticos pero no es eficaz para reducir conductas delictivas y criminaliza a las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad”, dice.
Carolina Hernández, una vendedora ambulante de 17 años, está preocupada por el impacto de la medida. Hace unos meses perdió 16.000 pesos de golpe cuando un operativo policial desmanteló su puesto, situado frente a una taquería en el centro de la capital. Por precaución, ahora guarda los celulares detrás de una lona roja. “Los policías se meten con los comerciantes, pero no con los rateros”, dice. “Te pueden robar delante de los policías y se hacen los pendejos”. A unos pasos de Hernández, una patrulla de municipales reconoce que “todo el mundo” vende aparatos robados en esa zona del centro, pero no parece enterada de las nuevas medidas: “No hemos recibido instrucciones”.
Además de los cambios legales, el Ayuntamiento quiere simplificar el bloqueo de los celulares extraviados, en alianza con operadores y fabricantes. Utilizar el código IMEI -el número que identifica cada móvil- impide al aparato conectarse a una red telefónica. “No es una medida nueva y tampoco ha funcionado de manera eficiente”, dice García. Las autoridades quieren animar a los ciudadanos a registrar su IMEI en una lista del Ayuntamiento para así facilitar el bloqueo y la identificación de móviles robados, una acción sobre la que García se muestra escéptico: “Incluso cuando esa información es evidencia del robo, es desestimada por la autoridad”.
A pocas horas de que entrara en vigor el decreto que cierra su negocio, José Luis Sánchez seguía cantando las maravillas de los móviles que vende. “Si me dijeran algo, recogería el puesto y volvería al día siguiente”, asegura. “La gente nunca me ha preguntado si es robado. Solo quiere saber si funciona”.
