Lo suyo fue casi un maratón. En un par de días de visita en Madrid, dos europarlamentarias recorrieron juzgados, visitaron el Congreso y el Senado, hicieron parada en el Ministerio de Justicia y hablaron con integrantes de distintas ONG para analizar al detalle el modelo español contra la violencia de género. La británica Mary Honeyball (Weymouth, 1952), del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, y Anna Maria Corazza (Roma, 1963), integrante sueco italiana del Partido Popular Europeo, recalaron en Madrid en marzo para conocerlo todo de primera mano.
Su gran preocupación son los partidos extremistas, tal como mostraron en un encuentro con EL PAÍS en la oficina en España del Parlamento Europeo, situada en el Paseo de la Castellana de Madrid, en medio de su apretada agenda. La irrupción del partido de extrema derecha Vox en España ha hecho zozobrar los consensos alcanzados en violencia machista. Es el único partido que pide derogar la ley contra la violencia de género, aprobada por unanimidad de 2004. También pone en duda las denuncias de las mujeres y el respaldo que reciben las víctimas. A Corazza y Honeyball les preocupa el avance de los grupos extremistas en Europa, como el ultraconservador Ley y Justicia de Polonia o la formación de Mateo Salvini en Italia. “Es difícil luchar contra estos grupos extremistas que son o pueden ser un peligro real en las próximas elecciones europeas [previstas a finales de mayo]“, considera la europarlamentaria británica.
“Populismo y sexismo van de la mano. Si el populismo avanza y llega al Gobierno, los derechos de las mujeres retroceden”, apuntala Corazza, que advierte: “Las mujeres tienen que entender que los extremismos son un ataque directo a los derechos de la mujer. Hay que contarlo y denunciarlo. No son derechos de la derecha o de la izquierda, son de todas. Tenemos que estar unidos frente a este extremismo”.
Las dos europarlamentarias aplauden el Pacto de Estado contra la violencia de género. “Es un acuerdo muy ambicioso y una manera de superar las diferencias ideológicas entre partidos y centrarse en la idea de que hay que combatir la violencia de género”, valora Corazza. Consideran ese acuerdo un ejemplo a exportar a otros países. Lo recomiendan por el consenso y por el desarrollo que hace del Convenio de Estambul, el gran pacto europeo que se aprobó en 2011 y fue ratificado por España en 2014, que prevé mejorar la cooperación internacional y amplía el concepto de violencia de género más allá de la sufrida dentro de la pareja o expareja.
Ambas coinciden en dos aspectos urgentes a mejorar en la política europea contra la violencia machista, en los que también trabaja España. “Tenemos que conseguir que las mujeres denuncien, que haya más implicación en ese sentido”, pide Honeyball. No hay un dato general de cómo denuncian las mujeres en Europa. En el caso español, tres de cada cuatro asesinadas por sus parejas o exparejas no dieron jamás la voz de alarma.
La británica propone “mejorar la formación de jueces y otros operadores jurídicos para que las mujeres no se sientan intimidadas cuando acudan a los tribunales, que conozcan sus derechos y puedan tener la capacidad de denunciar”. “La falta de perspectiva de género en el sistema judicial es un problema en toda Europa”, ahonda Honeyball. “Tenemos que mover la culpa de la mujer víctima a su perpetrador, que sean ellos los que se sientan culpables”, zanja Corazza.
