El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala ha invocado el artículo de la Constitución que impide aspirar a un escaño a “los parientes del presidente y del vicepresidente dentro del cuarto grado de consanguinidad” para rechazar, esta semana, la inscripción del hermano de Jimmy Morales, Samuel Morales, que pretendía competir por un escaño al Congreso. La misma receta se aplicó a Jafeth Cabrera, primogénito del vicemandatario homónimo. Uno y otro tienen, además, procesos judiciales abiertos en su contra por supuestos actos de corrupción. Fue una tarde de reveses para Morales: también se anuló la candidatura a la presidencia de Zury Ríos, hija del dictador José Efraín Ríos Montt, y aliada del todavía presidente.
Con su inmunidad garantizada durante al menos cuatro años más merced a su condición de diputado en el Parlamento Centroamericano, al que llegan el presidente y vicepresidente de los países miembros sin necesidad de votación, Morales necesita aliados entre los contendientes. El objetivo: proteger a su hijo, José Manuel, y a su hermano, Samuel, ambos con procesos abiertos por estafa al fisco guatemalteco. De entre los candidatos, la mejor situada para resguardar los intereses de la familia Morales es Sandra Torres, protegida por el Supremo, que se negó a que fuera investigada por un supuesto delito de falsificación de documentos para inscribir candidatos a diputado por su partido (Unidad Nacional de la Esperanza) y que tiene hilo directo con el mandatario. En los últimos sondeos de intención de voto, Torres logra el 10,7% de las preferencias, la cifra más alta de entre todos los contendientes. Sin embargo, su índice de rechazo —una cifra a la que los expertos en demoscopia dan tanta importancia o más que al índice de aprobación— es del 21,7% de los votantes, también la más alta de entre los aspirantes a la presidencia.
Tiempos borrascosos para un hombre que llegó hace cuatro años a la presidencia en olor de multitudes y que, según todos los indicios, se resiste a dejar el poder y busca aliados para garantizarse la impunidad tras las elecciones de junio —primera vuelta— y agosto —segundo turno—. Un presidente que, al término de su mandato siente pasos de animal grande y teme ser investigado por haberse plegado a los políticos más cuestionados, particularmente a militares veteranos de la guerra, con serios señalamientos por violaciones a derechos humanos. Llegó merced al desprestigio de la política tradicional y la corrupción como impronta gubernamental, que facilitaron el triunfo de un advenedizo sin ninguna experiencia en el manejo de la cosa pública. Su lema —“ni corrupto ni ladrón”—, hizo fortuna en una ciudadanía deseosa de un cambio de 180 grados en la conducción del país.
Cuatro años después, sin embargo, el desencanto es mayúsculo: lejos de responder a las expectativas, Morales se situó en las antípodas y pasará a la historia, según un número no menor de analistas guatemaltecos, como uno de los gobernantes más corruptos de la historia del país centroamericano.
Hace pocos días, uno de los hombres más influyentes de Guatemala, el empresario Dionisio Gutiérrez, hizo una síntesis de la gestión de Morales que comparten hasta sus más encarnizados adversarios: “Señor presidente, déjeme decirle que la devastación institucional que usted deja es una amenaza para la democracia, para el Estado de derecho y para la libertad de la nación”. “Su único plan de Gobierno”, continuó, “fue mantener la captura del Estado. Viola la Constitución cada vez que le da la gana. Lejos de liderar el esfuerzo de la lucha contra la corrupción, lo destruyó”. No dudó de calificar al mandatario como inmoral, deshonesto, incapaz, incompetente y cómplice del crimen organizado.
El día a día respalda el desencanto ciudadano. El índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional sitúa a Guatemala entre los cuatro peores de América Latina junto a Nicaragua, Venezuela y Haití. Los desplantes de Morales en foros internacionales, entre ellos en la Asamblea General de las Naciones Unidas, o su reacción ante una iniciativa de ley que senadores y congresistas demócratas en Estados Unidos que buscan medidas drásticas en contra de funcionarios y políticos guatemaltecos, le ha valido toda clase de adjetivos, muy pocos de ellos positivos. “A mí, que me registren”, dijo en un acto público, obviando muy convenientemente que sólo la inmunidad de su cargo y la complicidad del Congreso han impedido que se le investigue por una pléyade de supuestos delitos. “Tiene acumulados dos o tres procesos de antejuicio –como aquí se conoce el proceso para despojarlo de la inmunidad– y varias acusaciones más en las que ya trabaja la Fiscalía”, dice EL PAÍS el ex ministro de Exteriores guatemalteco Edgar Gutiérrez.
Consultado por si la actitud de Morales, que pretende imponer su voluntad al margen de la legalidad, podría marcar cierto paralelismo con mandatarios de vocación totalitaria, como el nicaragüense Daniel Ortega, Gutiérrez esboza una sonrisa y afirma: “En absoluto: Ortega es un político curtido. Morales es un novato, un hombre incapaz de autocontrolarse, sin la menor idea de lo que significa el poder, de conocimiento de los resortes que lo mueven. Alguien que no gobierna con el cerebro sino con las glándulas”, dice. Cayó, subraya, “bajo la influencia de los grupos tradicionales de poder, a quienes resulta muy útil: nunca los contradice y da la cara por ellos”. La única agenda de Morales, cierra, ha sido contener la lucha contra la corrupción y echar a la Cicig, la comisión contra la impunidad promovida por Naciones Unidas.
El excanciller se muestra especialmente preocupado por la conducción de la política exterior del actual Ejecutivo. “La imagen internacional de Guatemala está por los suelos. No ha habido actos tan graves como los ocurridos en los años ochenta (la quema de la Embajada de España y las masacres de la guerra), pero sí irrespeto de convenios internacionales, un desafío indebido del sistema de las Naciones Unidas (…) El Gobierno que suceda a Morales tendrá que invertir una buena cantidad de años recuperar la confianza de la comunidad internacional”.
En este contexto, las elecciones generales convocadas para el 16 de agosto –con casi 30 candidaturas, lo que convertirá las papeletas electorales en un gigantesco cartón de bingo– no parecen una alternativa de cambio real. “Las elecciones en Guatemala se han convertido en un ritual como asistir al fútbol o a las procesiones de Semana Santa. Un mero gesto que no comprende la mayor parte de una población, que no capta la posibilidad de cómo pueden influir en el futuro en la democracia y el Estado de derecho”, comenta el analista independiente Héctor Rosada, quien señala que una de las más conspicuas figuras del ritual es el propio Morales, “solo preocupado porque él y su familia no sean alcanzados por la justica al término de su mandato”.
EE UU SUSPENDE LA AYUDA MILITAR A GUATEMALA
Con el argumento del mal uso que el Ejecutivo de Jimmy Morales ha hecho de la ayuda estadounidense, el departamento de Defensa norteamericano ha anunciado este jueves que suspende la transferencia de capacitaciones de las ayuda militar a Guatemala. “El Gobierno ha repetido el uso incorrecto de los vehículos donados”, señala, en un comunicado, la Embajada de Estados Unidos en el país centroamericano en referencia a la utilización de los jeeps cedidos por Washington para el combate al narcotráfico, que fueron utilizados en una demostración de fuerza frente a la sede de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig, auspiciada por la ONU) y la propia legación diplomática del país norteamericano el 31 de agosto de 2017, día en que el mandatario, rodeado de militares, anunció que no renovaría el mandato de la Comisión. Como reacción, el Gobierno guatemalteco emitió un comunicado en el que, como si fuese ajeno a la cuestión, afirma que se mantiene en disposición de fortalecer los lazos bilaterales de cooperación.
Este mismo jueves, el Parlamento Europeo aprobó una resolución donde pide al gobierno de Guatemala que cesen los ataques contra la Cicig y muestra su preocupación por las reiteradas violaciones al Estado de derecho, la violencia creciente y el proyecto en el Congreso de aprobar una ley de amnistía para crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la guerra civil guatemalteca (1960-1996).
