“Cuando voy conduciendo el tractor me miran con recelo, se ríen de mí”. Isabel Sitges vive situaciones como estas a diario. Tiene 26 años y es agricultora. El problema nunca es por ser joven, sino por ser mujer en un ámbito masculinizado como el sector primario. Los hombres representan más del 80% de la mano de obra asalariada en el campo catalán, y hasta un 90% también son jefes de explotaciones.
Isabel forma parte de la minoría restante. Junto con su padre, regenta cinco fincas en Anglesola (Lleida), donde produce manzanas, peras, trigo y cereal que exporta a Europa. La figura de la mujer, explica, ha sido imprescindible para el desarrollo de las explotaciones agrarias, sobre todo pequeñas y familiares. La cría y la alimentación del ganado, la siembra de los campos o la recolección de hortalizas y verduras han sido trabajos bajo responsabilidad femenina. Pero la mayoría de mujeres rurales también asumen las tareas domésticas y el cuidado de la gente mayor o niños, lo que supone una doble carga.
Maria Dolors Català, presidenta de la Asociación de Mujeres del Mundo Rural de Cataluña, apunta que el trabajo del hombre es más visible porque es considerado la cabeza de la unidad familiar y de la empresa agraria. “El resto de la familia va a remolque del hombre de la casa y las tareas que no son productivas no son valoradas”, explica. La entidad trabaja para denunciar la carga que supone esta doble jornada laboral. Además, en el ámbito rural las condiciones de vida son más duras, puesto que la escasez de servicios obliga a desplazarse hacia las ciudades. “Las desigualdades que sufrimos las mujeres se incrementan en el mundo rural porque tenemos más dificultades para acceder al mercado laboral y a los servicios básicos”, argumenta Teresa López, presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur).
El Departamento de Agricultura de la Generalitat y el Institut Català de les Dones (ICD) impulsaron en 2012 un programa para hacer visible la labor de todas las mujeres rurales. Núria Balada, presidenta del ICD, lamenta que “la ocupación en el sector agrario continúe siendo minoritaria entre las mujeres, que representan solo el 20%”. Balada considera indispensable impulsar políticas que cuenten con las mujeres, y más en Cataluña, donde “el 90% del territorio es rural”.
Lo más difícil es llegar a los entes de toma de decisiones: a pesar de que el porcentaje de socias de las cooperativas agrarias supone el 21%, su participación en los consejos rectores es del 4,6%. De todos modos, la responsable de igualdad de género del Departamento de Agricultura, Loli Jiménez, valora positivamente la aplicación del programa. “El porcentaje de mujeres inscritas en los ciclos formativos de las escuelas agrarias ha pasado de un 15% en 2016 a un 19% en 2017”, expone. Isabel Sitjes es de las pocas chicas que ha estudiado en una escuela agraria. “De 53 alumnos, sólo dos éramos mujeres”, apunta.
Más paro
En el campo, el índice de paro es superior al urbano y se incrementa en el caso de las mujeres. Muchas se ven obligadas a mudarse a las ciudades, donde las opciones de estudios y trabajo son mejores. “Si las mujeres no consiguen ser independientes económicamente y se ven obligadas a los cuidados de la familia, es normal que las más jóvenes huyan a las zonas urbanas”, asegura Teresa López.
La presidenta de Fademur advierte que esta situación repercute en el envejecimiento de la población y el estancamiento del sector primario, ya que no se produce un relevo generacional. La solución pasa por el desarrollo de proyectos que visibilicen el trabajo femenino, promuevan mejoras laborales y de condiciones de las tierras, garanticen la igualdad de acceso a las ayudas e incentiven el acceso a cargos de responsabilidad. En definitiva, una legislación con perspectiva de género. “Como mujeres, por mucho que reivindiquemos el feminismo, si no nos alzamos y luchamos, no avanzaremos”, concluye Isabel.
En la mayoría de los casos, el hombre figura como dueño en los registros de propiedad de las explotaciones agrarias: más del 60% de los campos catalanes pertenece a hombres, mientras que un 28% de mujeres son titulares; el resto corresponde a entidades jurídicas. En 2011 se aprobó una ley estatal para fomentar la titularidad compartida de las tierras. Pero el impacto no ha sido el esperado: siete años después, en Cataluña únicamente cinco mujeres se han inscrito a ese registro de titularidad compartida. En todo el Estado, apenas 352 agricultoras.
