Integrantes del Poder Judicial de la Federación se manifestaron ayer en las escalinatas de la sede de San Lázaro, en protesta por la reducción a sus salarios y lo que consideran una serie de atentados a su autonomía.

CIUDAD DE MÉXICO.- Legisladores federales de Morena y sus aliados realizan una estrategia jurídica contra las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en torno a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

Ante estas acciones, en una protesta inédita, jueces y magistrados del país salieron a reclamar por lo que llamaron una intromisión contra el Poder Judicial.

En la Cámara de Diputados, los morenistas advirtieron que harán valer el tercero transitorio de la reforma al artículo 127 constitucional, que entró en vigor el 25 de agosto de 2009, y establece que ningún servidor público podrá recibir mayor remuneración que el jefe del Ejecutivo federal.

Solamente los sueldos de los ministros Margarita Luna Ramos y José Fernando Franco González, quienes asumieron sus cargos en 2004 y 2006, estarán protegidos ante esa reforma que aplicará en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019.

Senadores de Morena impugnaron, ante la misma Corte, la decisión del ministro Alberto Pérez Dayán de suspender la aplicación de la ley de salarios máximos.

El recurso solicita “resolver con extrema urgencia (…) para evitar daños irreparables a la economía nacional, el orden público y el interés social, considerando que esta suspensión interfiere en el proceso presupuestario para el ejercicio fiscal 2019”.

Cerca de mil 410 jueces y magistrados de todo el país realizaron ayer una protesta inédita y acusaron intromisión contra el Poder Judicial.

La Corte también defendió, a través de redes sociales, la independencia judicial. Difundió que ningún funcionario del Poder Judicial gana “ni remotamente” 600 mil pesos mensuales, como lo declaró el presidente López Obrador.

“Constitución fija tope a salarios”

Ministros, jueces, magistrados y consejeros que asumieron después de la reforma de 2009 no pueden ganar más que el Presidente, aseguran diputados de Morena.

Los diputados de Morena Mario Delgado y Pablo Gómez anunciaron que ganarán menos que el Presidente de la República aquellos ministros de la Corte, magistrados del Tribunal Electoral, magistrados de Circuito, jueces de Distrito, consejeros de la Judicatura Federal, consejeros del INE, así como magistrados y jueces del Poder Judicial estatal que hayan asumido el cargo a partir del 25 de agosto de 2009.

Recalcaron que harán valer la reforma al artículo 127 constitucional que entró en vigor en esa fecha y que establece que ningún servidor público podrá recibir mayor remuneración que el primer mandatario.

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), los magistrados de Circuito, los jueces de Distrito, los consejeros de la Judicatura Federal, los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y los magistrados y jueces del poder judicial estatal que estaban en funciones al momento que entró en vigor la reforma son los únicos que tienen blindadas sus percepciones mientras dure su encargo.

Desde 2010 se les tuvo que respetar su remuneración, pese a ser superior a la del Presidente de la República, pues así lo establece el artículo tercero transitorio de la reforma al 127 constitucional.

Mario Delgado, coordinador de los diputados de Morena, aseguró que este precepto constitucional se aplicará por primera vez en nueve años y así se reflejará el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019.

Con esto, le harán frente a la decisión del ministro de la SCJN, Alberto Pérez Dayán, quien congeló la nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la primera que avaló Morena en esta legislatura con el objetivo de que nadie pueda percibir más de 108 mil pesos netos mensuales, los que ganará el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Delgado enfatizó que no hay necesidad de que Pérez Dayán le exija a los diputados que apliquen al pie de la letra la Constitución, pues así lo harán, así que los integrantes de la SCJN se deberán atener al artículo tercero transitorio.

Por su parte, Pablo Gómez leyó un comunicado a nombre de los diputados de Morena. Dijo que la suspensión de la Ley Federal de Remuneraciones carece de motivación y fundamento, pues no menciona el contenido de la ley que se suspende ni los posibles daños irreparables que pudiera tener en su aplicación.

Añadió que la suspensión judicial no altera el proceso de discusión, aprobación y expedición del decreto de Presupuesto de Egresos para 2019.

Pese a este posicionamiento, Delgado Carrillo comentó que no hay disputa entre Morena y la SCJN, pero sí hay un enfrentamiento con el PRI, PAN, PRD y MC por haber controvertido la Ley Federal de Remuneraciones.

“Ellos están por la defensa de los excesos, de los privilegios, del despilfarro, de la alta burocracia, de los salarios millonarios”, declaró.

Luego de la protesta de magistrados y jueces a raíz de la Ley de Remuneraciones, Delgado Carrillo opinó que los altos salarios en el Poder Judicial no garantizan la imparcialidad.

“Yo creo que el sábado tuvimos una prueba de que los altísimos salarios no garantizan justicia. Nada más hay que ver el caso de Puebla, uno de los fraudes más grotescos que hemos visto en nuestro país… cuatro integrantes del Tribunal Electoral avalaron esas prácticas”, expresó.

Carta Magna

La Constitución señala que ningún servidor público puede ganar más que el Presidente, pero también protege los salarios de integrantes del Poder Judicial.

La fracción II del artículo 127 constitucional establece que ningún servidor público podrá recibir remuneración mayor a la establecida para el Presidente de la República.

El artículo tercero transitorio de la reforma de 2009 al 127 constitucional indica que a la entrada del decreto (2010), las percepciones de los ministros de la SCJN, magistrados del TEPJF, magistrados de Circuito, jueces de Distrito, consejeros de la Judicatura Federal, los integrantes del Consejo General del INE y los magistrados y jueces de los poderes judiciales estatales que estuvieran en funciones se mantendrían durante el tiempo que dure su encargo.

El artículo 94 dice que la remuneración que perciban estos por sus servicios no podrá ser disminuida durante su encargo.
JUZGADORES DE TODO EL PAÍS ACUSAN INTROMISIÓN DEL EJECUTIVO
Denuncian campaña de desprestigio en su contra; exigen respeto a la división de Poderes.

Jueces y magistrados federales, en un inédito acto de protesta, acusaron que se busca facilitar una intromisión indebida en contra del Poder Judicial, mediante una serie de iniciativas legislativas que se han emprendido en los últimos meses, lo que es injustificable a la luz del principio de división de poderes.

Al leer un pronunciamiento, el magistrado Luis Vega Ramírez expuso que los intentos por condicionar a los juzgadores han sido puestos ante la sociedad como ejercicios modernizadores que en el fondo esconden su verdadera intención que, dijo, es vulnerar el Estado de derecho y debilitar el sistema de pesos y contrapesos.

“Se ha querido posicionar un falso discurso de que somos privilegiados y que vivimos del abuso del erario señalando cantidades excesivas, como que percibimos más de 600 mil pesos, que no corresponden ni cercanamente a la realidad, para centralizar como foco de atención un mero asunto de salarios. Nada más falso”, sostuvo.

Tras destacar que no caben los jueces dóciles al servicio de nadie y que lo que se requiere no es el enfrentamiento, Vega Ramírez señaló que el riesgo de mantener campañas de desprestigio contra los juzgadores es el debilitamiento de la confianza ciudadana, no sólo en las instituciones de impartición de justicia.

Los juzgadores expusieron que “como nunca antes en la historia del país” se presentan públicamente para defender ante todo los compromisos adquiridos de proteger los derechos humanos garantizados en la Constitución.

La manifestación organizada por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y de Jueces de Distrito se realizó de forma simultánea, a las 8:45 horas, en cada edificio sede del Poder Judicial Federal de los estados del país y contó con la participación de mil 410 juzgadores.

En Oaxaca, se manifestaron afuera de la sede de los juzgados federales, en el municipio de San Bartolo Coyotepec, al sur de la capital.

En Pachuca, Hidalgo, personal sindicalizado del Vigésimo Noveno Tribunal Colegiado de Circuito se sumó a la protesta.

“REDUCCIÓN ES UN TEMA COMPLICADO”
La secretaria Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reconoció que la disminución de los sueldos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un tema difícil, que amerita platicarlo con ellos.

Entrevistada en Palacio Nacional, antes de su participación en la ceremonia en la que el presidente Andrés Manuel López Obrador entregó el Premio Nacional de Derechos Humanos 2018 al doctor en derecho Héctor Fix-Zamudio, Sánchez Cordero recordó que existe una norma constitucional que protege los sueldos de los ministros y otros servidores públicos del Poder Judicial, por lo que el tema no puede ser decidido rápidamente.

La encargada de la política interior del país confió en que a través del diálogo se puedan construir acuerdos en ése y otros temas de la vida nacional.

DOS MINISTROS PODRÁN GANAR MÁS QUE EL JEFE DEL EJECUTIVO
Sólo dos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podrán ganar más que el Presidente de la República, si Morena en la Cámara de Diputados exige que se acate el tercer transitorio de la reforma al artículo 127 constitucional.

Los sueldos y salarios de los ministros Margarita Luna Ramos y José Fernando Franco González estarían blindados ante el criterio que Morena aplicará en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, así que podrían conservar su sueldo neto mensual de 269 mil 215 pesos.

Al menos a nivel federal ningún otro funcionario podría conservar una percepción superior a la del primer mandatario, tampoco ninguno de los seis consejeros de la Judicatura Federal, siete si se cuenta al presidente de la Suprema Corte, Luis María Aguilar.

En la misma circunstancia estarían los siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), pues todos asumieron el cargo después del 25 de agosto de 2009.

SCJN DEFIENDE EN REDES INDEPENDENCIA JUDICIAL
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) lanzó el fin de semana una campaña de videos en Twitter con el objetivo de defender la independencia judicial y su autonomía, tras las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y legisladores ante la suspensión de la aplicación de la Ley de Remuneraciones.

Se trata de una serie de grabaciones en las que se defiende al máximo tribunal del país en la voz de personajes como el académico José Woldenberg y Diego García-Sayán, relator especial de la ONU para la Independencia Judicial.

Los especialistas coinciden en que para evitar las concentraciones del poder que ponen en riesgo a la democracia, es imperativa la existencia de contrapesos firmes como lo es el Poder Judicial de la Federación.

Ayer, la SCJN también aclaró, a través de las redes sociales, que ningún funcionario del Poder Judicial de la Federación gana, “ni remotamente” 600 mil pesos mensuales.

En Twitter, la Corte difundió un mensaje al respecto y compartió una liga al portal del Diario Oficial de la Federación (DOF), donde se puede apreciar el tabulador de las remuneraciones de los servidores del Poder Judicial. El sueldo neto más elevado es el del ministro, con un monto máximo de 269 mil 215 pesos.

De acuerdo con el manual de remuneraciones del Poder Judicial de la Federación, los ministros de la SCJN perciben un sueldo neto máximo de 269 mil 215 pesos al mes.
Además, reciben 444 mil 380 pesos anuales de aguinaldo y prima vacacional y 554 mil 595 pesos al año de pago por riesgo.
Cuentan además con seguros de vida, institucional y de retiro, entre otros.
RESPETARÉ AMPAROS: PRESIDENTE
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que respetará los fallos de los jueces y magistrados sobre los amparos que han promovido servidores públicos e integrantes del Poder Judicial para evitar la reducción de sus salarios, pero aclaró que el Poder Legislativo es el que tendrá la última palabra.

Afirmó que su gobierno decidió promover la reducción de los sueldos de los altos funcionarios porque “son exagerados, ofensivos”, de manera particular, los sueldos que se ganan en el Poder Judicial, que llegan a los 300 mil y hasta 600 mil pesos mensuales.

La Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos ya fue aprobada por el Poder Legislativo; sin embargo, dijo el presidente López Obrador, los inconformes “están en su derecho” de recurrir a los amparos para evitar la reducción salarial, y él respetará la decisión de magistrados y jueces, porque cree y quiere que exista en el país un Estado de derecho.