El próximo lunes 3 de diciembre, a las 10 de la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunirá familiares de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, en Palacio Nacional, como una de sus primeras acciones gobierno, adelantó Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
“Hemos sido ya citados a Palacio Nacional para la presentación de un decreto para el acceso a la verdad en el caso de Ayotzinapa, donde el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, empezará con la pauta en cumplimiento a los acuerdos que hizo con los padres y madres de los jóvenes de Ayotzinapa”, dijo.
En entrevista para #AristeguiEnvivo, el representante legal de los familiares de los jóvenes desaparecidos explicó que López Obrador firmará un decreto que acompañará los tres compromisos que hizo el pasado 26 de septiembre, en el marco del cuarto aniversario de la llamada “Noche de Iguala”.
Patrón recordó que el futuro presidente se comprometió a que su gobierno crearía una comisión de investigación, con facultades penales. “Esto es importante porque no es una Comisión de la Verdad en términos clásicos sino un mecanismo extraordinario de justicia, con dientes penales”.
Además, apuntó, se formará una comisión de carácter político, “en la que el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, encabezaría el esfuerzo para asegurar que toda administración pública coadyuve y coopere en la investigación”.
También “se comprometió a firmar los convenios de colaboración con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que regresen a supervisar la investigación del caso”, añadió.
Explicó que tanto el informe de la CIDH como el de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que fueron presentado el pasado miércoles, “advierten que es totalmente necesario crear este mecanismo extraordinario de justicia para ahora sí dar con la verdad“.
El director del Centro ProDH consideró que resolver el caso Ayotzinapa podría generar un efecto de reestructuración, de reformas institucionales, que permitan a otros miles de víctimas a acceder a la verdad y la justicia.
“Si casos como el de Ayotzinapa no se resuelven es un mensaje lapidario para otras historias de graves violaciones a derechos humanos que no tienen la representatividad que sí tiene el caso Ayotzinapa”, agregó.
Por otra parte, Patrón comentó que la CNDH debió presentar su reporte en otro momento “no tres días antes de que se extinga este gobierno”.
“Formalmente no hemos sido notificados de la recomendación por parte de la CNDH, no la conocemos a fondo, sólo conocemos la versión pública”, afirmó.
Sin embargo, destacó, “el hecho de que una institución de Estado como la CNDH reconozca que hay una captura del crimen organizado a distintas instituciones de los tres niveles de gobierno, me parece que refuerza la tesis que nos planteó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) desde hace más de dos años”.
Por su parte, la abogada Ángela Buitrago, quien fue integrante del GIEI, comentó que en el informe de 2 mil 166 páginas de la CNDH, no se afirma que los restos encontrados en el basurero de Cocula sean de los normalistas, pero “las denuncias que formulan sobre omisión, obstrucción, investigación y confirmación de la tortura de los detenidos en el caso Iguala es la confirmación aún más del tipo de procedimiento que se realizó en esa investigación”.
“El informe aporta certeza absoluta sobre elementos de impunidad, de obstrucción, de cooptación, de colusión, de autoridades de todos los niveles en el tema de los desaparecidos de Ayotzinapa”, abundó.
En este sentido, la abogada consideró que “debe haber una investigación imparcial, basada en pruebas técnicas basadas en fundamentos y conclusiones categóricas, porque seguir especulando va a llevar a la debacle a los padres de familia”.
“Categóricamente la CNDH no dice que ahí están los estudiantes. Al contrario, dice que tiene que realizar las investigaciones y que debe revisarse y tomar material de ADN”, añadió.
Asimismo Buitrago observó que el informe demuestra “cómo la misma CNDH fue objeto de presiones“, las cuales sería bueno que denunciara.
