El miércoles 14, por fin fue presentado el proyecto para enfrentar el flagelo de la inseguridad en los próximos seis años, después de varias décadas de vacíos en esta materia y de políticas erráticas que sólo fortalecieron a la delincuencia organizada y debilitaron a las instituciones.
El anuncio del llamado Plan Nacional de Paz y Seguridad estuvo a cargo de Alfonso Durazo, próximo secretario de Seguridad Pública. El político sonorense leyó el proyecto, cuyas partes medulares, según expuso, consisten en la creación de una Guardia Nacional que dependerá de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Este grupo de élite estará conformado por elementos de las policías naval, militar y Federal; en resumen, será una estructura militar que se ocupará de enfrentar a los grupos criminales, coadyuvará con el Ministerio Público –esto quiere decir que estará facultada para realizar investigaciones criminales –y operará en todo el país. Su integración y operación total quedará lista en 48 meses.
El anuncio sorprendió, sin duda, porque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador optó por una medida que, en otro momento, fue una de las más cuestionadas por él mismo: el uso de las Fuerzas Armadas para combatir la inseguridad pública.
El presidente electo fue uno de los más críticos del Ejército y de su continuidad en tareas de seguridad y en más de una ocasión, sobre todo durante su campaña política, se inclinó por el retorno de militares y marinos a sus cuarteles.
Sin embargo, López Obrador y su equipo terminaron dominados por el poder militar. Poco después de haber ganado las elecciones, el tabasqueño se reunió con los titulares de Marina y Sedena para dialogar sobre las condiciones del país. Después de aquel encuentro López Obrador salió convencido de que no hay más alternativa que mantener a las Fuerzas Armadas en las tareas de combate a la inseguridad.
Y es que quizá López Obrador ignoraba la verdadera situación del país en el plano de la seguridad. En realidad las policías, en su mayoría, están “cartelizadas”, es decir, al servicio de los grupos criminales.
El problema hizo crisis en los municipios del país, donde alcaldes, síndicos y regidores, por decir lo menos, están relacionados con células del crimen organizado y los cuerpos policiacos realizan operaciones de protección, secuestros, “halconeo” y en muchos casos actúan como sicarios.
La única policía numerosa y en mejores condiciones es la Federal, pero el número de sus elementos son insuficientes para enfrentar a los catorce cárteles afincados en el país, cuyas ramificaciones se han extendido en todo el territorio e incluso en buena parte del continente.
De ahí la necesidad de que las Fuerzas Armadas continúen en estas labores. Por ahora no hay otra alternativa.
