Ciudad de México.- Javier Duarte de Ochoa, ex Gobernador de Veracruz, y Karime Macías Tubilla, su esposa, se envalentonaron. Pelearán por su inocencia, dicen ambos.

Duarte anunció, durante una audiencia de amonestación, que va a combatir legalmente la sentencia que recibió en septiembre. No quiere los 9 años de prisión que le dieron después de que se declarara culpable de los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa.

El ex mandatario aseguró, desde el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, que presentará un amparo para que sea admitida su apelación contra la condena.

“El juez que dictaminó que queda firme mi sentencia (viola mis derechos), al no reconocer mi escrito del recurso de apelación; por ello, voy a recurrir al amparo para efectos de que me tenga por presentada dicha apelación”, indicó.

Hoy, la Procuraduría General de la República (PGR) solicitó de manera formal al Gobierno de Reino Unido, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la extradición inmediata de Karime Macías, quien actualmente reside en la ciudad de Londres, Inglaterra.

Alberto Elías Beltran, encargado del despacho de la PGR, indicó durante su comparecencia en la Cámara de Diputados que el Gobierno de México pidió a su contraparte británica librar una orden de detención provisional con fines de extradición contra Karime Macías, por el delito de fraude específico. Karime contestó ya. Bueno, su abogado lo hizo:

“Primero, en todo momento, la señora Karime Macías Tubilla ha manifestado su deseo de declarar sobre los hechos que la Fiscalía General del Estado de Veracruz investiga en su contra y jamás ha ocultado donde se localiza. Si bien se encuentra en Reino Unido, ello no es consecuencia de una sustracción de la justicia, pues salió de territorio mexicano de forma legal.

“Segundo, no hay dato de prueba alguno del que pudiera desprenderse que mi defendida participó en la comisión de un hecho delictivo.

“Tercero, quiero dejar claro que es materialmente imposible que la señora Karime Macías Tubilla cometiera el acto ilícito que se le imputa ya que nunca ocupo un cargo público, pues si bien fue Presidenta del Patronato del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, únicamente tenía una posición honoraria y jamás estuvo en posibilidad de dar instrucciones de realizar o no determinados hechos”.

Por lo anterior, señaló el represente legal de Karime, “se concluye que, si la orden de aprehensión es ilegal a todas luces, sus consecuencias —como lo es la solicitud de detención con fines de extradición— también lo son”.

Añadió: “Lo referido en los párrafos precedentes ha sido debidamente argumentado frente a un juez federal, quien confío, velará por el respeto irrestricto de los Derechos Humanos que le asisten a la señora Karime. Tengo la firme convicción de que no se prostituirá la justicia en aras de satisfacer una fiebre política”.