Mujer muestra artesanía durante conferencia de propiedad intelectual indígena en Hidalgo.Fuente: Meli Vera.
En mayo, la casa francesa Christian Dior utilizó los diseños de macramé de la comunidad de San Juan Chamula, Chiapas, para elaborar bolsos y pulseras para su colección ‘Dior Book Tote’. Como este, en lo que va del año se han registrado 11 casos más de plagio a artesanías y bordados de pueblos originarios de distintas entidades de México.
De 2008 al 2017, la organización Impacto documentó 14 de estos casos, casi el mismo número de los ocurridos en los 10 meses que han transcurrido de este 2018.
La casa francesa es una de las siete marcas nacionales e internacionales que, según la ONG, este año han utilizado diseños de pueblos originarios bajo el argumento de “inspiración en el arte mexicano”. Las marcas son: la española Zara, la mexicana That’s It, la estadounidense Forever 21, la marca indonesa Batik Amarillis, además de las británicas Star Mela y Marks and Spencer. Ninguna de ellas ha dado crédito a las comunidades, ni han colaborado con o en ellas.
Aunque estos casos han sido una constante desde 2008 -cuando la francesa Hermes utilizó bordados de Tenango de Doria, Hidalgo, para realizar diseños impresos en mascadas de seda-, en lo que va de este año, el número de plagios ha sido mayor.
Adriana Aguerrebere, directora de la organización con sede en Chiapas, consideró que para las marcas es sencillo plagiar los diseños de los pueblos originarios porque no existe un mecanismo de protección al arte de las comunidades, ninguno de sus diseños está registrado bajo algún mecanismo de propiedad intelectual y tampoco existe una base de datos en la cual se indique qué diseños pertenecen a determinada etnia.
“El tema de patrimonio colectivo tiene muchísima dificultad porque no existe una figura vinculante”, dijo Aguerrebere.
Marta Turok, especialista en textiles mexicanos, coincidió: “La complejidad de proteger estos diseños, dice, yace en que son bienes y creación de propiedad colectiva y hasta ahora los organismos gubernamentales solo protegen las creaciones individuales”.
Como ejemplo de la complejidad, desde hace cerca de 17 años la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual tiene en espera la ‘iniciativa para la protección de los derechos de los titulares del conocimiento tradicionales, las poblaciones indígenas y las comunidades locales’.
“O los organismos internacionales encuentran un esquema que permita la protección de los derechos culturales, una figura nueva, o las figuras existentes encuentran cómo agregar los derechos colectivos a lo existente”, señaló Turok.
Además de las mencionadas, otras marcas han plagiado diseños mexicanos, según Impacto, tal es el caso de Nestlé, Pineda Covalin, Nike, Rapsodia y Mango. Esta última empresa es la única, que tras darse a conocer el plagio, retiró de sus estantes un suéter que contenía un dibujo de bordados de Tenango de Doria.
En 2015, y después de que la ahora senadora Susana Harp denunció a través de redes sociales el plagio de una blusa típica de Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca, la diseñadora Isabel Marant también reconoció que el diseño era originario de la mencionada comunidad.
Los bordados de Tenango de Doria, Hidalgo, son los más plagiados: han sido utilizados por Nestlé e incluso por la youtuber Yuya. Las comunidades de Oaxaca y Chiapas son las más afectadas.
Primeros pasos
Las comunidades y organizaciones no gubernamentales han comenzado a tomar acciones para defender su patrimonio.
Impacto, por ejemplo, instauró un mecanismo denominado Alerta Patrimonial, mediante el cual los artesanos pueden denunciar mediante un formulario online un plagio. De esta forma, la organización provee asesoría legal para que la comunidad interponga un amparo y envíe una carta al poder legislativo federal, con la finalidad de que este retome el tema y envíe un escrito a la empresa involucrada.
En septiembre pasado se llevó a cabo el Primer Encuentro de Artesanas en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en donde mujeres de comunidades nacionales y de países como Guatemala, Colombia, El Salvador, Chile, Argentina y Ecuador propusieron la creación de un registro de textiles vía una base de datos y plantearon la necesidad de una ley que proteja la propiedad intelectual colectiva.