Boris Johnson escucha este lunes al portavoz laborista, Ed Miliband, en la Cámara de los Comunes- / AFP
Boris Johnson pudo comprobar este lunes que es posible ganar una votación parlamentaria y, aun así, salir destrozado de la Cámara de los Comunes. El primer ministro británico está seguro de contar con mayoría suficiente para dar luz verde a la tramitación de la Ley del Mercado Interno del Reino Unido, que viola unilateralmente cláusulas fundamentales del Acuerdo de Retirada de la UE. Pero la revuelta interna entre los conservadores, muchos de ellos alarmados por el daño reputacional que supondrá la decisión, se iba inflando hora tras hora. El exprimer ministro, David Cameron, se sumaba a las críticas.
Johnson apostó de nuevo en su capacidad retórica y la proverbial confianza que tiene en sí mismo para intentar calmar las agitadas aguas de Westminster. Decidió abrir el debate parlamentario con el que se impulsaba el trámite en la Cámara de su polémica ley. Horas antes, hasta tres nuevas voces autorizadas de su partido le habían advertido de los daños que podía provocar su última estratagema. “Ningún primer ministro puede comprometerse solemnemente con las obligaciones de un tratado mientras cruza los dedos por detrás”, denunciaba el exabogado general del Estado (el asesor legal jefe del Gobierno), Geoffrey Cox. Firme defensor del Brexit, aliado y condena de Theresa May cuando vigiló a cara de perro la legalidad de cada uno de los pasos de la ex primera ministra, y respetado por sus compañeros de partido, el golpe de Cox dolió especialmente a Johnson. Casi tanto como el de otro ex primer ministro (ya son los cinco predecesores en el cargo los que se han sumado a la batalla), David Cameron: “Aprobar en el Parlamento un texto contrario a la legalidad internacional debería ser el último recurso que contempláramos”, lamentó Cameron. Igual que el exministro de Economía, Sajid Javid, quien también anunció que se sumaría a la fila de las abstenciones.
“No podemos llegar a una situación en la que las fronteras de nuestro propio país sean dictadas por un poder extranjero o por una organización internacional. Ningún primer ministro podría permitirlo”, proclamó Johnson en un discurso profundamente nacionalista con el que intentó culpar de mala fe a la Unión Europea. Downing Street asegura ahora que el Acuerdo de Retirada, presentado como un gran triunfo antes de las Elecciones Generales de diciembre de 2019 en las que el Partido Conservador arrasó, encierra una serie de importantes ambigüedades que resultaba necesario corregir con el nuevo texto legal.
El líder de la oposición laborista, Keir Starmer, se había visto obligado a recluirse en su casa poco antes del debate. Un miembro de su familia había desarrollado síntomas de la covid-19. En su lugar, intervino Ed Miliband. Quien fuera líder fracasado del Partido Laborista hasta su dimisión en 2015 dio la impresión de que llevaba todo este tiempo preparándose para una intervención en la que puso contra las cuerdas a Johnson. El primer ministro se cruzó de brazos, frunció el ceño y apenas pudo disimular su frustración mientras hundía en el escaño toda su humanidad. “Nunca pensé, cada vez que intervine antes desde esta tribuna, que la idea de que la legalidad internacional debe ser respetada sería objeto de división en este Parlamento”, denunció Miliband mientras demolía uno por uno los argumentos esgrimidos por el Gobierno para saltarse la legalidad. “Nos dicen ahora que el Acuerdo de Retirada de la UE era ambiguo, problemático… Me pregunto si llegó a leerlo. Usted no leyó ese acuerdo, no ha leído la ley que nos propone. Usted no tiene ni idea. Es el tratado que usted firmó y presentó como un triunfo. Estaría bien que, por primera vez en toda su trayectoria política, fuera capaz de asumir su responsabilidad”, le reprochaba a un primer ministro que miraba al techo con ojos desorbitados.
Johnson asegura que la nueva ley es simplemente un “colchón de seguridad”, y que su voluntad sigue siendo la de intentar alcanzar con la UE un acuerdo antes del próximo 31 de diciembre, cuando finalice el periodo de transición. De momento, su maniobra ha irritado a Bruselas, que le ha exigido una rectificación antes de que finalice septiembre. Pero sobre todo, en medio de la crisis descomunal que ha supuesto la pandemia del coronavirus, Johnson ha elegido volver a llevar a la Cámara de los Comunes a un laberinto de interminables discusiones y rencor como el que atravesó a lo largo de 2019.
EL PRIMER MINISTRO SUGIERE QUE LA UE IMPEDIRÁ EL PASO DE ALIMENTOS A IRLANDA DEL NORTE
A medida que han aumentado las críticas contra el proyecto de Ley del Mercado Interno del Reino Unido, el Gobierno de Johnson ha ido cambiando los argumentos con los que intentaba justificar la estratagema legal. Hasta el punto de utilizar amenazas que ni siquiera forman parte del documento en disputa. “Nos aseguran ahora que la Unión Europea no solo impondrá aranceles en los productos que viajen desde Gran Bretaña hasta Irlanda del Norte [El Reino Unido, en la terminología oficial, es la suma de estos dos territorios separados por el Mar de Irlanda]. Podrían incluso detener de hecho el tránsito de alimentos entre ambas partes”, aseguraba este domingo Johnson en las páginas de The Daily Telegraph, su aliado incondicional en la batalla del Brexit.
Era un mensaje destinado a soliviantar al electorado euroescéptico, que no tiene nada que ver con el nuevo proyecto de ley y que convierte un mecanismo normal de la legalidad internacional en un arma política con tintes demagógicos. Hasta el punto de que el portavoz laborista, Ed Milliband, cedió a Johnson su tiempo de intervención para que el primer ministro explicara a la Cámara en qué artículo de la ley debatida había alguna referencia al respecto. Johnson balbuceó un gesto de desprecio y renunció a tomar la palabra.
La realidad es mucho más técnica y menos maquiavélica. Bajo el Acuerdo de Retirada firmado entre Londres y Bruselas el pasado enero, Irlanda del Norte seguirá formando parte del Mercado Interior de la UE. Fue la solución acordada para no establecer nuevas fronteras entre este territorio británico y la República de Irlanda (miembro de la Unión Europea), y evitar así poner en peligro el acuerdo de paz que puso fin a décadas de terrorismo. Con estas premisas, cualquier producto agropecuario que el Reino Unido quisiera introducir en Irlanda del Norte, lo estaría enviando, a efectos prácticos, al mercado interno de la Unión Europea. Y las propias normas comunitarias establecen que, ante una situación así, debe concederse una “autorización a tercer país” con la que queda certificado que el Reino Unido cumple con el régimen fitosanitario exigido en la UE. Downing Street, que presume de tener unas normas de consumo iguales o hasta superiores a las comunitarias, ve mala fe detrás de la exigencia. Pero lo cierto es que hasta ahora han sido incapaces de presentar a la contraparte negociadora cuál será su normativa sanitaria para productos agrícolas y ganaderos en la era post Brexit. Un tecnicismo que, en circunstancias normales, sería subsanable, se ha convertido en un nuevo argumento envenenado para resucitar en la Cámara de los Comunes la batalla fratricida de los últimos tres años.
