El sistema de impartición de justicia laboral en México corre el riesgo de colapsar ante la llegada de demandas por despidos que se están dando durante la emergencia sanitaria por el COVID-19, advirtió este miércoles el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Tomás Bermúdez, representante de la institución en México, consideró que la reforma laboral es un paso hacia adelante en cuanto a mejorar la impartición de justicia. Sin embargo, preocupa que al no tomarse las medidas específicas de mitigación de pérdida de empleos por efecto de la pandemia, el nuevo sistema tenga problema para arrancar funciones.

“Lo que vamos a tener es un sistema que está arrancando y que ya estaba saturado, y que simplemente va a colapsar por la cantidad de demandas laborales que vamos a ver los próximos meses”, comentó.

El sistema está conformado por las juntas de conciliación y arbitraje y los nuevos tribunales que iniciarán operaciones en 10 estados en octubre próximo.

“Esa preocupación tengo, un sistema que ya venía con dificultades y problemas, y siento que cualquier cantidad de demandas laborales que van a haber en un sistema que apenas arranca en su nueva versión, me preocupa en la sobresaturación ya a niveles exponenciales en el sistema. Creo que va a generar mucha frustración en ese sentido”, alertó.

El representante del BID recordó, en un foro virtual organizado por la firma de capital humano Tallentia, que en la recesión global de 2008-2009, México tardó en recuperar los empleos perdidos, por ello la importancia de actuar con prontitud.

“Hay un consenso de preservar empleos y conservar ingresos, eso es lo que es importante porque lo que va a ser el motor de la recuperación, una vez que pase la tormenta, es que debemos quedarnos con nuestra capacidad productiva. Hay que enfocarnos en generar las condiciones correctas para tener la confianza de que México tendrá un buen destino”, expuso.

Por otra parte, Javier Treviño, director general de Políticas Públicas del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), afirmó que se requiere un acuerdo nacional para la reactivación económica y aclaró que los apoyos que se piden al Gobierno federal son diferentes a las analogías que se hacen sobre rescates tipo ‘Fobaproa’.

“No se trata de rescatar empresas, lo que queremos es proteger el ingreso de las familias y que el Gobierno siga teniendo dinero para sus programas sociales (…) Es un asunto de que la liquidez no se convierta en una crisis de solvencia, una solución es el diferimiento del pago de impuestos y de contribuciones ante la pausa en la actividad económica”, sostuvo.

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