Urge México complete el Sistema Nacional Anticorrupción para combatir sobornos: OCDE

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico señaló que el país necesita acciones más contundentes contra el soborno a nivel internacional.

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En la necesidad de acciones más contundentes contra el soborno a nivel internacional, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) señaló que México debe completar los nombramientos del Sistema Nacional Anticorrupción y ponerlo en operación con urgencia como un camino para combatir el cohecho internacional.

“Es motivo de preocupación, en especial por la orientación de la economía mexicana hacia las exportaciones y porque éstas atañen a sectores considerablemente expuestos a la corrupción, como los de industrias extractivas, manufacturas y productos agrícolas”, señala el informe presentado en París, Francia.

México es el país con la percepción de corrupción más alta de todos los miembros de la OCDE, según Transparencia Internacional, lo que supone un gran riesgo al ser a la vez, una de las economías más abiertas comercialmente, ya que ocupa el lugar número ocho como exportador.

Al completar la Fase 4 de su examen de la aplicación por México de la Convención de la OCDE para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, el Grupo de Trabajo sobre Cohecho del organismo determinó la necesidad de dar prioridad a la lucha contra el soborno a nivel internacional, ya que 19 años después de haber ratificado esta Convención, aún no ha procesado un caso relacionado con el soborno de funcionarios extranjeros.

Si bien se hicieron reformas en México y se estableció el Sistema Nacional Anticorrupción, éstas podrían mejorar la aplicación de la Convención una vez que estén plenamente operando.

Sin embargo, aún faltan nombramientos para poderlas aplicar con urgencia como el del Fiscal Anticorrupción, la designación de magistrados para el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la selección del Fiscal General de conformidad con el nuevo mecanismo constitucional, así como la puesta en práctica del nuevo Protocolo Anticohecho.

La OCDE también recomienda asegurar de inmediato los recursos necesarios para investigar y enjuiciar casos de cohecho internacional, en particular los cuatro procedimientos abiertos a investigación en sectores “normalmente considerados de alto riesgo para la corrupción”, advierte el documento.

Destaca el papel del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), por su enfoque al financiamiento principalmente en sectores estratégicos como turismo, infraestructura industrial, energía, transporte y logística, electrónica, automotriz y minería y advierte que en los contratos de créditos a la exportación debe extender una declaración anti-corrupción explícita contra sobornos en el extranjero y capacitar a su equipo en temas relacionados con el cohecho internacional.

“Como Bancomext suscribe los riesgos comerciales y políticos de las inversiones en el extranjero en sectores de alto riesgo para la corrupción, a menudo donde las instituciones financieras tradicionales no aceptan los riesgos, está bien posicionada para detectar casos de soborno de funcionarios públicos extranjeros por parte de sus empresas solicitantes y clientes. No obstante, hasta la fecha, Bancomext no ha detectado ningún caso de soborno de funcionarios públicos extranjeros que haya progresado a la etapa de investigación”, advierte el reporte.

Una vez en operación la Fiscalía Especial en materia de Delitos Relacionados con la Corrupción, habrá que reforzar la persecución de este delito con medidas de detección del cohecho internacional, lo que incluye identificar el pago de sobornos encubiertos como gastos deducibles para efectos fiscales; identificar los fondos procedentes del pago de sobornos a través del sistema mexicano de lucha contra el blanqueo de capitales; mejorar el intercambio de información entre los organismos a cargo de la detección de casos de cohecho internacional y las autoridades competentes.

El organismo invitará a México a que presente en octubre de 2020 un informe por escrito sobre las medidas adoptadas para aplicar esas recomendaciones. Será entonces cuando el GTC decidirá si es oportuno planificar una nueva evaluación que aborde los progresos realizados en la aplicación de las reformas pendientes.

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