La fiscalización de los programas de becas identificó pagos por 592.3 millones de pesos a 67 mil 142 beneficiarios cuyos datos obtuvieron un resultado negativo al confrontarse con el Registro Nacional de Población. El hallazgo forma parte de la revisión de programas de apoyos educativos y plantea dudas sobre los controles utilizados para integrar y verificar sus padrones.
La auditoría también encontró tarjetas reportadas como activas pese a no haber sido entregadas. Mil 78 cuentas asociadas con tarjetas en esa condición recibieron 8.6 millones de pesos. Además, se detectaron inconsistencias en registros escolares. Los resultados requieren aclaración: una identidad no validada no demuestra automáticamente que el beneficiario sea inexistente ni acredita, por sí sola, un delito.
El seguimiento deberá establecer quién recibió los recursos, qué errores fueron corregidos y si existen responsabilidades por pagos improcedentes. Las medidas de capacitación y actualización de sistemas deben acompañarse de resultados verificables. La protección de los programas sociales depende de asegurar que el dinero llegue a las personas elegibles y que las irregularidades se esclarezcan.
